El 13 de abril de 2017, el ministro del Interior de la época convocó a una conferencia de prensa en La Moneda. El gobierno de la Presidenta Bachelet pretendía dar una señal de control sobre el fraude descubierto en Carabineros, que semanas antes había sido presentado como un asunto acotado, pero que a esas alturas ya era un escándalo que no paraba de crecer. Luego de las palabras sobrias e inocuas del ministro -que hasta ese minuto apenas había comparecido frente a los medios- habló Bruno Villalobos, el general director de Carabineros de ese entonces. Villalobos tomó la palabra fuera de protocolo y visiblemente alterado, con el semblante propio del ofendido que busca restablecer su honra, les exigió a los periodistas que no hicieran "un festín con la situación que está viviendo Carabineros". Para el general, el robo millonario, descubierto casi por azar y que con el correr de las semanas se incrementaba exponencialmente en su monto, no era una situación que directa o indirectamente involucrara a todos los chilenos, sino algo que "estaba viviendo Carabineros". Para él, investigarlo era un "festín" que debía ser clausurado, porque perturbaba un luto familiar.

Algunos meses más tarde, cuando comenzó a derrumbarse la esperpéntica maquinaria de la llamada Operación Huracán, el general Gonzalo Blu, a cargo de la oficina de Inteligencia de la institución, citó a una rueda de prensa en donde defendió con voz firme la legitimidad del software espía, de los hallazgos del profesor Smith y sembró dudas sobre el trabajo del Ministerio Público. Defendió con amenazante aplomo a un charlatán de marca mayor. Mientras Blu hablaba, un puñado de vehículos de Carabineros impedía el allanamiento ordenado por la fiscalía a las oficinas de la policía militarizada en Temuco. El poder civil mantuvo silencio.

En sus declaraciones sucesivas, los generales Villalobos y Blu le aseguraban a la opinión pública que sus palabras eran el reflejo de los hechos, que ellos hablaban con la verdad. Ambos fueron respaldados por las autoridades civiles. Ha pasado poco más de un año desde esos dos momentos y cada una de las afirmaciones que hicieron ambos generales se ha degradado hasta un límite vergonzoso. El fraude en Carabineros se acerca a los 30 mil millones de pesos, los escándalos "menores" por dinero malversado dentro de la institución policial a través de variados mecanismos han cundido; el exgeneral Villalobos fue formalizado en calidad de cómplice de la muerte del estudiante Patricio Manzano, ocurrida en plena dictadura, y el general Blu enfrenta la justicia por falsificación de pruebas.

Cuando Sebastián Piñera lanzó su candidatura a la Presidencia en 2017 prometió pocas cosas. Además de la prosperidad económica que auguraban tiempos mejores, uno de sus compromisos fue restablecer "el principio de autoridad", que juzgaba debilitado, y fortalecer a la policía uniformada, sobre todo en su rol en la crisis de La Araucanía. Una vez que asumió el gobierno, Piñera se fotografió en pose marcial junto a un enjambre de blindados que llevaría el orden a La Araucanía. También concedió un par de entrevistas en las que puso como ejemplo del caos imperante en la zona, el incendio de "iglesias con mujeres y niños dentro". Eso nunca ocurrió: las iglesias quemadas estaban vacías. Lo que efectivamente sí sucedió fue el asesinato del matrimonio de ancianos Luchsinger McKay, un crimen espantoso perpetrado durante el primer mandato de Piñera y por el que hay un hombre condenado por la justicia. Por último, en un gesto que lo diferenciaba de su antecesora, el Presidente Piñera destituyó al general Villalobos y nombró a Hermes Soto como general director. Soto comentaría tras asumir que de haber enfrentado un problema como el que le tocó al anterior jefe de Carabineros, él habría renunciado antes. Sin embargo, cuando Camilo Catrillanca fue asesinado por un comando de un balazo en la nuca, frente al revuelo nacional, el general no marcó gran diferencia con los modos del general Villalobos. Hermes Soto respaldó una catarata de versiones absurdas sobre lo realmente acontecido la tarde del crimen. Esas versiones aparentemente las recogía de sus subordinados y no eran más que un cuadro lleno de vacíos, conexiones flojas y explicaciones chapuceras. El relato acabó coronado por un video en donde el policía sospechoso del disparo sostenía desde prisión que a él lo obligaron a mentir, sin especificar quién lo había presionado. En su inesperada declaración, el policía tampoco tuvo tiempo para lamentar la tragedia de la familia Catrillanca. Se quejaba, eso sí, del mal momento que estaban pasando sus compañeros de armas. Ese video grabado sin autorización y difundido por las redes sociales encarnaba la respuesta que le había dado el Estado de Chile a la crisis de La Araucanía: un policía vestido con una polera de superhéroe.

Durante las semanas que siguieron a la muerte del comunero mapuche, autoridades civiles y uniformadas dijeron muchas cosas, las dijeron por la televisión, la radio y los diarios. Dijeron que había sido un robo, que hubo una persecución y fuego cruzado. Dijeron que el muerto era sospechoso, que tenía antecedentes penales. Dijeron que hubo cámaras, pero no imágenes; dijeron que el muchacho que acompañaba a Camilo Catrillanca era cómplice de algo. A ese adolescente lo detuvieron, lo maltrataron e incluso intentaron incriminarlo por su propia tragedia. Ahora sabemos -gracias a videos filtrados- que el chico solo miraba con ojos de espanto la muerte de su amigo y que si no fuese por él, porque ninguna de la decena de balas disparadas lo alcanzó, seguramente no sabríamos la verdad y estaríamos escuchando en una conferencia de prensa a alguien hablando del honor de quienes forman una institución y que día a día se sacrifican por todos nosotros. Más que un trabajo, un apostolado que no se merece críticas ni exigencias.

El asesinato de Camilo Catrillanca es el punto de fuga de un desfile de mentiras -recientes, pasadas, históricas- que aún no terminan de revelarse; también es el síntoma de que la crisis en Carabineros es profunda y supura como un tejido infectado del que las autoridades políticas no quieren hacerse cargo, como tampoco lo hacen con la situación en La Araucanía, porque los planes complejos a largo plazo no rentan. Lo importante es el aquí y ahora de los votos; moverse en la frivolidad que acompaña a la desidia, aunque tenga como consecuencia otro fracaso más de una democracia fatigada por la desilusión, la desconfianza y la rabia.