Finalmente, el gobierno presentó su anunciado programa de clase media protegida. Era un compromiso de campaña que se fue postergando por distintas interferencias en la agenda pública y que a estas alturas -en vísperas del mensaje presidencial del próximo 1 de junio- no admitía más dilaciones. Más allá de los beneficios y resguardos que el programa contempla, que la oposición de inmediato se ha encargado de salir a ningunear, el anuncio para el gobierno, ante una caja fiscal exhausta, es relevante como expresión del compromiso político con un amplio sector de la sociedad que se sintió abandonado por el gobierno anterior en muchas de sus aspiraciones.
Nunca terminarán de entenderse bien las razones que llevaron al segundo gobierno de la Presidenta Bachelet a distanciarse de sectores de esa clase media que en gran parte fue hija de los gobierno de la Concertación. Se dice que todo partió por un error de diagnóstico que vio en los grupos emergentes de este segmento a las víctimas más emblemáticas de la modernización capitalista de que habla Carlos Peña, en circunstancias que ellos se veían a sí mismos no como víctimas, sino como titulares de derechos trabajosamente conquistados a través de su propio esfuerzo, del ejercicio de la ciudadanía y del consumo. La Nueva Mayoría apostó a que querían menos capitalismo. Y resultó que en realidad, en muchos sentidos, querían más.
Por eso, esa clase media se sintió mejor interpretada por Piñera que por Guillier. Las prioridades que el actual Presidente colocó en el crecimiento económico y en la seguridad pública correspondieron precisamente a lo que el país quería oír después de cuatro años de estancamiento y discurso igualitarista. Piñera, junto con ganar con márgenes holgados, generó muchas expectativas de cambio, y la experiencia diaria en La Moneda le está mostrando al Mandatario que si su administración no se enfoca mejor en estas prioridades, bueno, podría terminar defraudándolas. De partida, el caballo de la economía se puso chúcaro a raíz de las condiciones externas en general, de lo difícil que está siendo remover los cerrojos a la inversión que instaló el gobierno anterior en su reforma tributaria y de la decisión del propio gobierno de no bajar impuestos. El desempleo sigue siendo alto, y tal como no hay muchos nuevos puestos de trabajo, tampoco hay muchas grandes inversiones.
Por otro lado, si bien los indicadores de victimización se han aliviado un poco en los márgenes, la demanda por seguridad pública sigue siendo muy transversal, sobre todo en los estratos más pobres. Corona este cuadro un clima político muy enrarecido por la violencia verbal y la descalificación. Incluso, las recientes victorias que el gobierno tuvo en el Congreso, cuando consiguió remover los vetos de la oposición a la idea de legislar en la reforma tributaria y de pensiones, se ven ahora relativizadas por la amenaza de desnaturalizar ambos proyectos provenientes de los propios parlamentarios que les abrieron la puerta. Sí, pueden ser bravatas, pero también pueden ser anticipos de lo que viene. Así las cosas, el gobierno -al menos desde la perspectiva legislativa- aparece muy arrinconado y resulta sorprendente su decisión de seguir poniendo fichas en el Parlamento con una batería adicional de iniciativas legales, ahora para hacer reformas institucionales. Posiblemente es lo que el país necesita, dado el lamentable espectáculo que han dado los fiscales, los jueces de Rancagua, el INE, la Contraloría y varias otras reparticiones. Pero ante una oposición sin proyecto, aunque con el control de ambas Cámaras, y que solo se unifica para decirle no a todo lo que el gobierno proponga, ¿habrá agua en la piscina para legislar sobre estos temas con un mínimo sentido de país?
Precisamente porque los escenarios le están siendo adversos, ahora más que nunca el gobierno necesita enfocarse en lo suyo, en lo que prometió, en lo que puede hacer por sí solo. La agenda económica es mucho más amplia que la reforma tributaria, y el desafío es sacar adelante -en concesiones, en proyectos mineros, en programas de renovación urbana- una nutrida carpeta de proyectos de inversión que están frenados, atascados o perdidos en engranajes burocráticos que están triturando el espíritu emprendedor del país. Y también hay margen de acción en seguridad pública, toda vez que Carabineros se vaya también recomponiendo tras la severa crisis de eficiencia, de confianza, de honestidad, incluso, que vivió la institución.
Por muy meritorias que sean como ideas, este gobierno no va a ser juzgado por la ley de pago a 30 días ni por los compromisos asumidos en el programa Estado Verde. Es cierto que la clase media que eligió a Piñera necesita algún paraguas protector. Pero sus demandas fundamentales son buenos empleos y tranquilidad, tanto en las calles como en sus casas.
