El éxito de un gobierno no radica solo en hacer las cosas bien. Radica en tener objetivos claros y coincidentes con las demandas del país. Radica también en saber con sensatez cuáles son las peleas que vale la pena dar y cuáles las que no tiene ningún sentido comprarse.
El Presidente Piñera debe estar evaluando el curso de los acontecimientos luego de una semana negra para su administración. La Moneda fue desbancada del control de la agenda pública tanto por la imprudencia del viaje a Boston del ministro de Hacienda, invitado a una reunión de exalumnos de Harvard y financiado con recursos públicos, como por el rechazo al protocolo que el Ministerio de Salud había elaborado para hacer efectiva la objeción de conciencia en los casos de aborto por tres causales.
No hay, es cierto, punto de comparación entre un traspié y otro. El viaje es casi anecdótico, el monto de dinero involucrado es casi ridículo y a lo mejor todo el episodio es de una pequeñez que pide a gritos elevar el nivel del debate. Sin embargo, sus efectos, particularmente corrosivos en términos de prestigio personal y credibilidad política, también perforan el discurso de la austeridad en que el ministro se había posicionado.
El rechazo del protocolo es, por supuesto, un asunto mucho más serio. También más grave, porque, aparte de desacreditar el trabajo que hizo el Ministerio de Salud, plantea un problema de política pública que no es menor.
En lo básico, el dictamen de Contraloría cuestiona la legalidad del protocolo por tres grandes razones. La primera, la más formal, es que incluye, a juicio del ente fiscalizador, materias que debieran ser objeto de un reglamento, y los reglamentos, que están sometidos a control preventivo, exigen la firma no solo del ministro del ramo, sino también del Presidente de la República. El protocolo presentado por el anterior gobierno incurría en este vicio formal mismo y es raro que se haya reincidido en lo mismo. Si esta vez el Presidente, como se ha dicho, nada supo de esto, el no involucrarlo fue algo más que una descortesía. Fue, derechamente, una ilegalidad y un error político de proporciones.
La segunda observación es que la Contraloría interpreta, sustentada en normas explícitas, que las instituciones de salud privada que hayan suscrito convenios con el Estado para la ejecución de acciones de salud que eventualmente las sitúen en el deber de interrumpir un embarazo por alguna de las tres causales simplemente no pueden acogerse a la objeción de conciencia institucional. ¿Por qué? Porque tales instituciones, no obstante su carácter privado, sustituyen y son parte de las redes asistenciales del Estado y, por lo mismo, deben dar cumplimiento a la función pública en materia de salud a la que voluntariamente se comprometieron y que es la razón por la cual perciben recursos públicos. En otras palabras, no podrían invocar la objeción, porque reemplazan al Estado y existe una ley que no solo permite la interrupción del embarazo, sino que obliga a los servicios de salud del Estado a realizarla.
La tercera razón es más de fondo y atiende a la excepcionalidad de la objeción de conciencia. Para la Contraloría, la norma general es la obligación legal de proveer a quienes lo soliciten las prestaciones de salud conducentes al aborto en presencia de las tres causales contempladas. La objeción de conciencia es una excepción de determinadas instituciones o personas para dejar de cumplir tal obligación legal.
¿Esto significa que la objeción no es gratis? Exactamente: no da lo mismo si usted cumple la regla general o si usted invoca la excepción. En el primer caso, usted está ayudando al Estado a cumplir con sus obligaciones. En el segundo, está dejando de acompañar al Estado y, por lo tanto, no puede tener acceso a fondos públicos.
¿Es poco liberal esta interpretación? Sin duda, muy poco liberal. Tanto, que incluso algún ruido genera sobre el concepto de igualdad ante la ley. Por ahí el asunto podría judicializarse. Pero, de momento, a juicio de la Contraloría, tener convicciones distintas a las del Estado tiene un costo: no tener acceso a fondos públicos y, además, dejar al margen de la red asistencial a sectores más o menos amplios de la población respecto de prestaciones de salud que no tienen nada que ver con el aborto. Así las cosas, el Estado tendrá que adaptarse al nuevo esquema y apelar a sus propios servicios, o a otros prestatarios, para proveer las atenciones de salud que las instituciones marginadas de la red asistencial dejarán de entregar.
Para un gobierno de centroderecha como el actual, que respeta en principio, por sobre todo, la autonomía de las personas y las tradiciones de un sistema de salud que es mixto, tragarse este castigo a la conciencia institucional o individual es, por cierto, tragarse un camello. Pero así están las cosas. Es difícil que la administración cuente en el Congreso, en las actuales circunstancias, con una mayoría suficiente para impulsar una ley que equipare los efectos de la norma general con los de la excepción. El panorama, por lo mismo, es sombrío para el Ministerio de Salud. No solo por su derrota ante Contraloría, sino también porque tendrá que rearmar la red asistencial que, mal o bien, estaba funcionando y que ahora quedará inhabilitada respecto de un sector considerable de la población y respecto también de áreas geográficas importantes.
Dos meses cumplió el gobierno esta semana desde su instalación. Aunque con muchos aciertos y buen rating ciudadano, estas semanas no han sido precisamente un jardín de rosas. Pero, obviamente, en los últimos días el escenario se complicó y el gobierno tendrá que incorporar las nuevas variables a su agenda, sin perder el norte, que son las promesas por las cuales fue elegido. Tendrá que tener más cuidado, que es lo que faltó tanto en el viaje del ministro como en el cambio del protocolo. La calle está dura y no deja cuenta por cobrar: ay del que pise la raya. Alguien debería contárselo al Presidente y a los ministros que todavía no lo tienen claro. Todo se sabe, todo se pesa y hay varias lupas sobre cada una de las actuaciones de los altos funcionarios. El soplo reemplaza al reparo, la infidencia tiene más credibilidad que la versión oficial, el dato oculto vale oro y en cosa de minutos lo que se dice a puertas cerradas termina en el dominio público. Bienvenidos a la nueva legalidad.
