El peor escenario para el gobierno, a partir de mañana, es que la Comisión de Trabajo de la Cámara termine aprobando el proyecto de reducción de la jornada laboral a 40 horas, que después la sala, el mismo cuerpo legislativo acoja y acuerde elevar al Senado la acusación constitucional contra la ministra de Educación y que, durante las próximas semanas, persista el veto opositor que impide a subsecretarios y asesores ministeriales asistir a las comisiones de trabajo legislativo. Derrota total en un contexto de guerra total.
Huelga decir que en este escenario de desencuentro, nuevamente mezclado con una pésima calidad de la política, el gran perdedor -otra vez- volverá a ser Chile. Esta guerra no le conviene a nadie. Ni al gobierno, que suma otra frustración más a sus intentos modernizadores, ni a la oposición, que sigue sin un proyecto político convincente y que no encuentra nada mejor que reaccionar a un comentario ofensivo de la vocera de gobierno con una maniobra de extorsión más propia del hampa que del juego político. Porque si tan grave fue el comportamiento de la ministra -y es posible que lo haya sido-, en un escenario de mínima racionalidad lo que procedería sería acusarla constitucionalmente a ella y no andar tomando como rehén prácticas institucionales que sería mejor no emporcar, porque eso, obviamente, daña más a la democracia y al país de lo que puede dañar a un gobierno. Los gobiernos pasan y son las instituciones las que quedan degradadas.
Gobierno y oposición no deberían pensarlo dos veces llegado el momento de hacer todo cuando puedan -sí, todo- para superar esta miserable pelea de barrio. Si es necesario que la ministra se contradiga, pues que lo haga, y luego. Si es necesario que reconozca que todo fue una broma y que, al revés, es un ejemplo para la patria la forma en que el PS manejó el tema de la contaminación de algunos de sus militantes con el narcotráfico, vamos, ¿qué tanto le cuesta? Y si es necesario desagraviar a San Ramón, démosle. ¿Algo más? ¿Habrá alguna manera en que esta clase política rencorosa y ombliguista pueda dar vuelta esta página, que siempre, de comienzo a fin, de arriba a abajo, fue impresentable por lado y lado?
La falta de visión política para deslindar dónde terminan las ventajas políticas circunstanciales y dónde empiezan los intereses permanentes del país es lo que ha ido reduciendo, poco a poco, día a día, persistentemente, nuestro horizonte de futuro en términos de convivencia civilizada, de crecimiento potencial de la economía, de brechas entre la clase política y el país real y de malas políticas públicas. Algunas, en realidad, muy malas. Hay demasiados ejemplos. Véanse nomás la reforma tributaria del ministro Arenas, las distorsiones que están apareciendo en la educación media y los desastres a que está dando lugar la gratuidad de la educación superior, en planos tan diversos como la calidad de la formación o la estabilidad financiera de las universidades. El problema es que en estos ámbitos no hay vuelta atrás.
No tenemos de qué extrañarnos. Esto no es de ahora. Con la misma frivolidad rampante con que la Cámara está tramitando la reducción de la jornada de trabajo a 40 horas e incluso menos, se supone que haciendo un gallito con el Ejecutivo, en un momento especialmente duro del ciclo económico y cuando el horno no está para estos bollos, en otro momento, a comienzos de 2015, el Parlamento creyó rendir tributo a la regionalización agregando al bestiario de nuestra institucionalidad la figura de unos gobernadores regionales cuyo perfil era un enigma, cuyas competencias habría que inventar y cuyos recursos de alguna parte tendrían que salir. En nombre de una causa atendible, el potencial de las regiones, se estableció un pésimo precedente en la legislatura anterior. Todos los sectores aprobaron la iniciativa, rindiéndose al apetito por cargos, por más burocracia y a la retórica de los cálculos electorales. Hubo gran entusiasmo y poca responsabilidad cívica. La elección de los gobernadores regionales viene sí o sí. Tendremos gobiernos paralelos que, colisionando con el poder central, agregarán más combustión a la hoguera de los conflictos. Y si hay algo que se puede anticipar desde ya es que este injerto populachero dejará la estructura unitaria del Estado más descapitalizada de lo que ya está.
En la política, a veces peor es la frivolidad que la mala fe.
