Un escenario económico más complicado de lo que se veía a comienzos de año, con expectativas un tanto castigadas.
Un escenario político más resbaladizo e impredecible. Una ciudadanía muy sensibilizada con los temas de abuso y encubrimiento, algunos de los cuales han castigado con particular severidad a la jerarquía eclesiástica. Una discusión pública con frecuencia enardecida por descalificaciones y antiguas desconfianzas. Un mercado del trabajo que, por una parte, no reacciona con la rapidez que muchos quisieran a lo alentadoras que son algunas cifras macro y que, por la otra, pareciera estar todavía en fase de adaptarse a los rayados de cancha que estableció la última reforma laboral. Y, como coronando el pastel, el fin de la luna de miel que vivió el gobierno con la base social en sus primeros cuatro meses, a raíz del deterioro que ahora último, desde hace dos semanas al menos, muestran las encuestas en los niveles de rechazo a la gestión presidencial.
Estas son algunas de las variables que describen la actual coyuntura. En el gobierno, que hasta aquí al menos era el actor con mayor margen de maniobra para manejar la situación en su favor, se comienza a ver una suerte de ansiedad asociada a los nubarrones e interrogantes que ensombrecen el horizonte económico. La promesa de los tiempos mejores de Piñera fue, sobre todo, de orden económico. O al menos eso es lo que la mayoría entendió. Y el temor de mucha gente en el entorno de La Moneda es que si no hay cuentas alegres pronto por este lado -en reactivación del consumo, en aumento del empleo, en incremento de los niveles de actividad que sean perceptibles desde la calle-, la aspiración de la centroderecha de quedarse por largo tiempo en el poder podría quedarse solamente en eso, en aspiración.
Al final, la economía es más misteriosa de lo que dicen las cifras mensuales del Imacec. Sus lógicas combinan -vaya uno a saber en qué proporción- indicadores duros e indicadores blandos, sensaciones térmicas y experiencias, hechos objetivos y percepciones que hasta pueden ser sentimentales. No es broma. Sin ir más lejos, nunca vamos a saber cuánto contribuyó al bajón anímico el repentino cierre de la planta de Maersk en San Antonio. Pero no cabe duda que contribuyó, como también lo harán el cierre de la planta de Iansa en Linares o las huelgas que amenazan a la minería del cobre. No hay anestesia que insensibilice contra estos golpes. Podría estar llegando el momento en que el gobierno deberá salir al pizarrón a explicar qué tanto piensa hundir el acelerador para que la reactivación, en definitiva, logre afirmarse. Esto ya no es cuestión de pura prudencia política, de responsabilidad fiscal y de buena onda con la inversión. Es cuestión de medidas quizás más estructurales: impuestos, modernización del Estado, concesiones, regulaciones laborales más flexibles.
Curiosamente, ha sido en el plano político donde hasta aquí la cosecha del gobierno ha sido más generosa. Basta hacer un chequeo rápido. Le ha ido bien con su agenda de seguridad pública, tras el reordenamiento de Carabineros, sus énfasis en la coordinación policial, los roces con los jueces y el intenso trabajo que hizo la comisión transversal para el acuerdo nacional respecto de estas materias. Le fue incluso mejor con el manejo de la inmigración, tema que el gobierno anterior había preferido entregar a la ley de la selva. Salió jugando con realismo y aplomo en la agenda mujer y de equidad de género. Y le ha estado yendo sorprendentemente bien -en función de escepticismo que por años viene rodeando al tema- con el trabajo de aproximación y reposición de confianzas que el ministro Alfredo Moreno ha estado llevando a cabo en La Araucanía.
Si algún rasgo en común hay entre el escenario político y el económico es que existe poco margen de acción, muy poco, para perder tiempo o dar pasos en falso. Por supuesto que al gobierno lo ayudaría bastante tener en claro las peleas que tiene que dar y aquellas en las cuales es preferible abstenerse. Sería un error, por ejemplo, involucrarse en la crisis y en las pugnas de poder que se están dando en este momento al interior de la Iglesia.
Sería también un error tomar partido, a favor o en contra, del nuevo criterio que parece haber adoptado la Sala Penal de la Corte Suprema al dar luz verde al beneficio de la libertad condicional a reos que estaban condenados en Punta Peuco por delitos de lesa humanidad; es un asunto que, emplazando al Poder Judicial, ha indignado a las agrupaciones de derechos humanos y a un sector de la oposición. Pero también ha sorprendido a la opinión pública, porque sigue llamando la atención algo que ya es un hecho instalado: que las resoluciones judiciales en casos análogos pueden ser muy distintas, dependiendo no de las leyes, que son las mismas, sino de los ministros que integren las salas.
El gobierno ha dicho que tampoco se involucrará en la discusión sobre la despenalización del aborto, no obstante ser un debate que, en cierto modo, le conviene, porque pone en apuros a la DC y divide a la oposición. Y obviamente debería asistir simplemente como espectador al desarrollo de las tensiones que ya surgieron entre los partidos opositores y la fundación que acaba a echar a andar la expresidenta Bachelet, Horizonte Ciudadano, dado que esta iniciativa, más que facilitar la rearticulación opositora, con el tiempo podría terminar complicándola.
En estos planos aledaños el gobierno tiene poco que ganar y bastante más que perder. Por lo mismo, su eje no puede ser otro que el foco en lo suyo: la economía, la clase media, las regiones, la legitimidad política de las causas que lo mueven. Es ahí, en ese plano, en el de la legitimidad, donde se juega la gran mayoría de los dilemas actuales de la sociedad chilena.
