Desde la dictadura en los 80, varias generaciones crecieron bajo la idea de que la educación pública no solo era mala, sino vergonzante, algo que marcaba, una cicatriz en el cuerpo que señalaba un futuro. Tener en el currículum una escuela con número era ir por la vida con un pasaporte marcado. La excepción era un puñado de liceos de Santiago, que como las últimas joyas de una familia venida a menos, lograban figuración en la vitrina oficial de las listas de puntajes de una prueba que constata año a año que a mayor ingreso económico, mejor desempeño. Esos liceos se transformaron en símbolo, y los símbolos importan. ¿Cuál era el mecanismo que esos establecimientos usaban para brillar? Seleccionar, hacerse cargo solo de los alumnos que podían exhibir un desempeño académico destacado, deshacerse de los problemas, jibarizar los desafíos. Los postulantes que no clasificaban dentro de las expectativas, mejor que se buscaran un lugar en el pozo oscuro de los liceos sin renombre.
Los llamados "liceos emblemáticos" lograron a través de la selección mantener una especie de fantasía de movilidad social, parecida a la rareza estadística, y encarnar ese fenómeno tan sobajeado como fantasmal llamado "meritocracia". Era la meta para los apoderados que no contaban con los medios para pagar un colegio privado y que no hacían otra cosa que responder de manera coherente a la lógica instalada durante décadas, ¿por qué exigirles, justamente a ellos, que en un parpadeo cambiaran su manera de ordenar el mundo? Sobre todo si quienes exigen este cambio de mentalidad son líderes progresistas que seguramente nunca matricularían en una escuela pública a alguno de sus hijos.
"Inclusión" es una palabra demasiado abstracta e inasible como para seguirla sin pensarlo dos veces, sobre todo cuando se habla del futuro de un hijo. Justamente en esa grieta entre el ideal y la lógica diaria aprendida durante años, el gobierno de Sebastián Piñera decidió instalar su propia retroexcavadora y comenzar la labor de desmantelamiento de la Ley de Inclusión promulgada por el gobierno anterior. El primer paso fue hacer una caricatura, bautizar como "tómbola" el algoritmo diseñado por expertos y científicos, que logra asignarles una escuela o liceo de su propia preferencia a más del 80% de los postulantes, sin pasar por una selección.
Con un par de declaraciones frivolizaron un proceso defendido por especialistas de prestigio inoculando la palabra "azar". Nadie quiere a sus hijos arrojados al "azar".
El segundo paso lo dio la ministra de Educación, Marcela Cubillos, que anunció esta semana un proyecto para reformar la Ley de Inclusión y permitir que los liceos y escuelas vuelvan a seleccionar a los alumnos. Lo hizo en enero, cuando las comunidades escolares están de vacaciones y no existe la posibilidad de discutirlo o criticarlo. El objetivo es eliminar lo que ellos llaman "tómbola". La ministra aseguró que acabar con la inclusión es lo justo, porque hay que premiar el esfuerzo. Anunció, además, que el corte de selección se permitiría a partir de séptimo básico, es decir, alrededor de los 11 años. Según su proyecto, ese es el momento apropiado para separar la paja del trigo. La autoridad implícitamente sugirió que todos aquellos niños que a los 11 años no logran determinada nota, son flojos; ni ellos ni sus padres conocen el valor del mérito. A la rueda de prensa en que la ministra anunció el proyecto asistió un escolar que se lamentaba que un compañero que solo tenía promedio 5 hubiera logrado matrícula en un liceo de prestigio, mientras que él, que tenía más de un 6, aún buscaba escuela. Alguien debería haber ido a buscar al chico de promedio 5 y devolverlo al lugar que le correspondía: el sótano de la educación corriente, el lugar de los fracasados.
El algoritmo era injusto, subrayó la ministra.
Cabría agregar que tampoco es justo medir con la misma vara a jóvenes que fueron criados en casas minúsculas, hacinados, con padres sin tiempo ni formación para guiarlos, escolares en barrios tomados por el narco, con alumnos cuyo principal contratiempo es esperar el auto del apoderado para trasladarlo a su casa en un vecindario en perpetua placidez. No es justo simular que todos los casos arrancan desde un mismo punto, sin embargo, es lo que se hace año a año con una prueba de selección universitaria sobre la que se publican rankings de calidad de la enseñanza que luego se citan como ejemplos a seguir.
La ministra llamó "libertad" al poder de los colegios de seleccionar a los alumnos. Escoger a los mejores y dejar fuera al resto. Modestamente, sospecho que la libertad es otra cosa y que no consiste en anunciarle a un niño de 11 años que su futuro ya está escrito de antemano, porque no puso todo de sí para avanzar; eso debería llamarse condena, una palabra propia del ámbito carcelario, no del universo de la educación.
