Constitucionalista José Luis Cea: “El régimen político en Chile nunca ha logrado consolidarse”

José Luis Cea Egaña no se desplaza con rapidez, pero lo hace por sí mismo, para instalarse en la biblioteca de su casa en la comuna de Santo Domingo donde recibe a La Tercera. Toda una gracia para quien, en sus palabras, estuvo entre la vida y la muerte a causa del Covid-19.

Profesor emérito de derecho constitucional en la UC y uno de los tres sobrevivientes de la Comisión Rettig, el expresidente del Tribunal Constitucional cayó enfermo a fines de junio pasado, el mes en que cumplió 80 años, y siguió hospitalizado en julio, agosto y septiembre, pasando no poco tiempo conectado a ventilación mecánica. “Pero gracias a Dios”, comenta ahora, haciendo inesquivables el crucifijo y la Oración simple de San Francisco de Asís que asoman detrás suyo, tuvo “una recuperación que según los médicos ha sido milagrosa: a fines de este mes o a principios del próximo tendría que estar caminando normalmente”.

Acomodado en un escritorio junto a dos rumas de libros que ha estado leyendo en los últimos meses (entre ellos Chile indócil, de Max Colodro; Bencina & pasto seco, de Joaquín García-Huidobro, y Nos fuimos quedando en silencio, de Daniel Mansuy), cuenta que la salud le impidió siquiera considerar la posibilidad de participar del proceso constituyente, no obstante “muchas personas e instituciones me preguntaron, y les extrañaba que no estuviera haciendo campaña” para convencional.

“Estuve enfermo y todavía no me siento con la fuerza suficiente”, explica. “En segundo lugar, prefiero interiorizarme a fondo de lo que está sucediendo con la Convención constitucional, y en tercer lugar, no estoy convencido de que el proceso se esté desarrollando en términos que garanticen éxito. Percibo mucha división entre los chilenos; además, no hay líderes, y un país sin líderes es como una nave al garete. Por último, no estoy seguro todavía de qué significaron el 18 de octubre y el 15 de noviembre de 2019. En realidad, nadie está seguro en el centro, por lo menos, de qué significó eso”.

En el centro político, dice usted…

En el centro político. Hay algunos que dicen que el millón 250 mil personas que se congregaron en la Plaza Baquedano fueron 1.250.000 individuos solitarios, cada cual con su interés personal, su reivindicación socioeconómica, su reproche, su odio, su rencor, pero nadie enarboló la bandera de la unidad. ¿Cuándo vino la bandera de la unidad? El 15 de noviembre, a raíz de los desmanes. Ahí la izquierda dice, “tuvimos un gran triunfo porque dejamos al Gobierno prácticamente en el suelo”; y el gobierno dice, “era lo único que podía entregar: la Constitución”. ¿Es ese el origen del proceso que estamos viviendo? ¿Y vamos a llegar a un buen desenlace? ¿A una Constitución que sea, como dice mi querido exalumno Patricio Zapata, la casa de todos y de todas? Lo creo extremadamente difícil.

Más adelante en la conversación, sin embargo, Cea dirá que, dentro de todo, alberga “un cierto optimismo”.

Vistas las cosas en retrospectiva bicentenaria, llegar a entendimientos en Chile ha sido algo más bien excepcional, considera el abogado, que nunca militó en la DC pero que se dice afín a lo que la Falange “representaba hasta hace 15 o 20 años”. Generalmente, añade, “no hemos sido un país de entendimientos: hemos terminado en los campos de batalla, o a cañonazos”.

Uno de esos espacios de entendimiento se dio en el mandato de Patricio Aylwin, quien llevó adelante “un proceso admirado y admirable”. Sin embargo, “aparecen ya en esa época los llamados ‘autoflagelantes’, que dicen que ha habido una rendición, que se ha entregado prácticamente todo sin recibir nada a cambio, que se nos entrega una Constitución que prácticamente es la continuación del gobierno militar, y no tienen el cuidado de pensar que esa Constitución puede ser modificada”.

Y llegado 2011, remata, “se dice que lo sucedido en Chile, que se reconocen como años de mayor bienestar, de consumo, etc., que todo es falso, que hay que ir a un cambio estructural, que hay que reemplazar el modelo, y no en la medida de lo posible, sino con una retroexcavadora. Esa gente se impone en el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet, y luego Piñera se enfrenta a una situación explosiva que se viene a manifestar cruentamente el 18 de octubre del 2019. El Presidente, en aras de llegar a un entendimiento con la izquierda, y especialmente con la extrema izquierda, entrega la Constitución, que ya había sido objeto de 54 reformas. Escúcheme: ¡54 reformas! No hay Constitución que tenga hoy 54 reformas en el mundo.

José Miguel Insulza declaró en 2015 que se debió plebiscitar el cambio constitucional de 2005, y no pocos han planteado que no estaríamos en las que estamos si Piñera II hubiese tenido alguna consideración por el proyecto constitucional de Bachelet II. ¿Cómo lo ve?

La idea de Insulza fue muy acertada, pero desestimada en su momento. Y después no se valoró la proposición presentada por Michele Bachelet, cinco días antes de terminar su período. Se desaprovecharon esos momentos. Las oportunidades duran poco, y un buen político las descubre de inmediato. Y si pasa el momento sin actuar, se hace mucho más difícil después, porque se tensiona el ambiente. En Chile hemos tenido, en ese sentido, poco éxito con los líderes políticos, que han sido desacertados.

¿Ve el proyecto constitucional de Bachelet como un insumo para la discusión que viene?

Por supuesto. El proyecto de la Presidenta Bachelet es susceptible de muchas críticas -mal redactado en varias partes, carente de profundidad en otras, con omisiones ostensibles o con prejuicios ideológicos marcados-, pero tiene muchos elementos de juicios valiosos, muchas innovaciones interesantes, importantes. Espero que sea cuidadosamente considerado.

Sin abandonar el tono calmo ni el rictus profesoral, Cea discurre luego sobre las áreas que debe considerar la Convención Constitucional. Primero, la de “los derechos y los deberes correlativos”. No solamente derechos, entonces, cuestión que subraya, dado que “el individualismo rampante en Chile hace que nos preocupemos solamente de los derechos, pero una sociedad no puede existir solamente con derechohabientes: todos tenemos que contribuir a la realización del bien común, y eso se llama solidaridad”. Los derechos sociales, en tanto, “tienen que ser satisfechos, pero no únicamente por el Estado, porque no tiene recursos, no tiene medios”.

El segundo punto, plantea, pasa por una constatación poco feliz: “Nunca en Chile hemos tenido un régimen político estable; siempre han sido, de alguna manera, originados en la fuerza. O bien se han mantenido por 35, 40 años, desgastándose. La idea de cambio gradual que propuso Aylwin en 1988-89 y que hizo posible la Transición, fue siendo desestimada, y se llega a un régimen político que no tiene consistencia. Vea usted la debilidad del gobierno actual (…) Tengo la impresión de que el régimen político en Chile nunca ha logrado consolidarse definitivamente. Se habla de un régimen semipresidencial y muchas personas con conocimiento dicen, “eso es un invento de Charles de Gaulle para De Gaulle”, y que Chile no tendría éxito.

¿Y qué se le ocurre a usted como régimen político?

El cambio de régimen político es uno de los problemas más graves para la Convención constitucional. La historia de Chile está jalonada por dificultades en este punto; vea usted lo que pasó con Allende en la Unidad Popular. Estamos hoy en una situación en que la pregunta es qué régimen político podríamos tener para que alguna vez en Chile logremos mantenernos, generación tras generación, dentro de la democracia y sin interrupciones violentas.

¿Apunta esto a la idea de legitimidad?

Sin duda. Ahora, creo que no podemos seguir con el hiperpresidencialismo: hay que morigerarlo, suavizarlo, reconocerle al pueblo, a la ciudadanía, mayor facultad de iniciativa, por ejemplo, en materia legislativa y constitucional; de crítica, de orientación, de dirección, a nivel territorial, por ejemplo, en regiones y provincia; una efectiva regionalización del país, no como la que tenemos. En segundo lugar, hay que reconocer en el régimen político un sistema electoral que sea adecuado a la realidad chilena, pero que no signifique que pequeñas figuras populistas con ínfimo porcentaje de la votación (el 0,5% o el 1%) sean electos diputados, incluso senadores, y después se convierten en personajes que son una vergüenza para el Congreso Nacional.

Usted ha lamentado “tanta confianza” y “tanta esperanza” en lo que una Constitución puede lograr. ¿Qué expectativas cabría tener?

Las constituciones son adecuadas o no en función de la tradición constitucional de un país. La experiencia es muy importante. Chile ha tenido diez constituciones, tenemos una trayectoria honrosa y destacada, siempre asociada a la democracia, al Estado de Derecho y a la legitimidad que da una democracia en que el pueblo se vaya manifestando cada día de manera más real y efectiva. Las constituciones tienen que ser límites al ejercicio de los poderes del Estado, desde luego, y límites al ejercicio de los derechos de los gobernados en términos de los deberes a los cuales ya aludí. Tienen que limitar las potestades públicas para que no se conviertan en dictaduras por parte de los gobernantes. Eso es una constitución que tiene que ser refrendada o sostenida sobre la base de un inmenso consenso nacional, como es, por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos de América, que no deja de tener detractores.

¿De qué tipo de Constitución es partidario?

La Constitución debe ser, en lo posible, breve. Debe ser clara, o sea, tiene que contener definiciones esenciales o medulares, sobre lo político, lo social y lo económico. (…) Una Constitución que le garantice a los ancianos una pensión digna y no lo que existe en Chile, que es una vejez menesterosa. La Constitución tiene que ser firme en esos puntos del bien común: breve, clara, definida, muy terminante en definiciones sustanciales; que garantice la vigencia del Estado de derecho, que la sociedad civil tenga autonomía para manifestarse. Sobre esos puntos la Convención Constitucional tendría que oír, si es que no tiene consensos, a los especialistas, o a sectores de la sociedad civil chilena que son sectores bien maduros y ya con muchos años de experiencia en los colegios profesionales. Y es posible que muchas disposiciones estén ya en la Constitución actual. No creo en la hoja en blanco.

“Muchos creen que la hoja en blanco es borrón y cuenta nueva y no es eso, para bien y para mal...”, ha dicho el constitucionalista Jaime Bassa.

La hoja en blanco fue una metáfora equivocada. La introdujo el ex Presidente Lagos y fue desafortunada, porque llama a pensar en un cuaderno en blanco, en algo que se puede escribir de nuevo, y eso es imposible: 210 años de experiencia no pasan en vano. Y sería imposible según el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, dado que allí existen cuatro grandes límites que obligan a mantener aspectos que ya existen, o lo que existe en los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes, no sólo en materia de derechos humanos.

Como expresidente del TC, ¿qué futuro le ve al tribunal, de cara a la discusión constituyente?

El Tribunal Constitucional debe existir: es una conquista de la civilización que no puede ser eliminada. El abuso del Parlamento o del poder ejecutivo, sobre todo en países con experiencias trágicas en la materia, demuestra que es una institución indispensable. Un poder sin límites, por definición, conduce al totalitarismo. El TC tiene que velar por que la Constitución sea respetada, y si es una constitución que se acerca, sin llegar plenamente, a erigirse en una casa de todos, es el que tiene que defenderla en última instancia. ¿Es perfecto? De ninguna manera, y hay puntos en que la crítica es razonable. Por ejemplo, que sea tan amplia su capacidad de control preventivo, de los proyectos de ley o de los decretos y reglamentos del Presidente de la República. Examinémoslo, discutámoslo, pero sobre la base de hechos y no a priori, por gente que quiere que desaparezca el Tribunal Constitucional para que el Congreso quede sin límites.

El TC debe ser revisado en sus atribuciones y en su composición. Siendo su Presidente [2005-2007] y 17 años ministro o abogado integrante, nunca participé del ejercicio del voto dirimente: siempre busqué el entendimiento para formar una mayoría, y lo logré. El voto de carácter dirimente tiene que ser eliminado, ya sea sobre la base de aumentar a once o disminuir a nueve el número de sus integrantes, pero sin voto calificado. Lo que no debe existir es el juicio político al Tribunal Constitucional, porque entonces se termina su independencia.

Otra institución que ha de seguir en pie, afirma el constitucionalista, es Carabineros, en cuya Academia de Ciencias Policiales hizo clases durante 43 años. Eso sí, sometida a “grandes cambios” y a un respeto a los derechos humanos que evite lo “intolerable”, como las muertes de Camilo Catrillanca y Francisco Martínez.

Y lo último en estas páginas, aunque para Cea esté al principio de la lista, es “modernizar el Estado chileno: es un Estado viejo, es un Estado caro, es un Estado fofo, poco ágil, dispensador de toda clase de privilegios. Hay 354 subsidios en Chile de los cuales 7 son bien usados. Todo lo demás son granjerías, son arreglos de grupos de interés o de presión para mejorar su situación, al margen de lo que corresponde”.