Detrás de los fallos: Quién es quién en la Corte Suprema

En medio de aplausos, el 26 de junio, el entonces ministro Milton Juica abandonó el Palacio de Tribunales tras cumplir la edad legal para mantenerse en el cargo. Y en las últimas semanas la ausencia de Juica -considerado un emblemático en causas de derechos humanos- ha sido considerada un factor clave en los recientes fallos que otorgaron libertades condicionales a reos de Punta Peuco, condenados por violaciones a los DD.HH. durante el régimen militar y que tienen a la Corte Suprema ad portas de una crisis inédita: la presentación de una acusación constitucional para sacar a tres ministros titulares de la Sala Penal (ver página 8).

Varios entendidos en el tema sostienen que en el mundo las Cortes Supremas definen su identidad respecto de los criterios que fijan en materias relevantes para los ciudadanos. Es así como, por ejemplo, el máximo tribunal de Estados Unidos ha definido su identidad por temas como el aborto o la autonomía personal. En Chile, en cambio, el ADN de la Corte Suprema está arraigado en los derechos humanos.

Es esto último lo que explicaría la arremetida de la oposición que acusa una "operación para la impunidad" en delitos de lesa humanidad justo en momentos en que se avizora la más grande renovación de la corte más importante del país desde el retorno a la democracia. El miércoles 8, la abogada Ángela Vivanco juró como miembro del máximo tribunal y, de esta forma, se concretó la primera nominación, de ocho, que tendrá en sus manos el Presidente Sebastián Piñera durante su segundo gobierno.

Antes de la reforma constitucional de 1997, era el Presidente quien nominaba directamente a los integrantes de la Suprema. Durante los primeros años de la década de los 90, el máximo tribunal del país estuvo marcado por jueces nombrados por Augusto Pinochet y poco a poco los gobiernos de la Concertación pudieron ir renovando la corte.

Pero fue una modificación introducida por el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle que incluyó, en la nominación a la Suprema, la aprobación que debe tener el candidato del Ejecutivo de dos tercios de integrantes del Senado lo que dio inicio a lo que se suele llamar la "etapa binominal" en que se negocia y se turnan, entre la derecha y la centroizquierda, la elección de los jueces que integrarán el máximo tribunal con el propósito de mantener equilibrios.

Reportajes realizó una radiografía a las cuatro salas especializadas del máximo tribunal, hoy presidido por Haroldo Brito, sus integrantes y quiénes son los líderes de estos grupos de jueces que fijan los lineamientos jurídicos de cómo se organiza la convivencia de la sociedad chilena.

De todas, es quizás la sala de más bajo perfil público, aunque los casos que revisa no lo sean. Aquí es donde se ven recursos en materia civil, comercial, laboral y previsional. Fue esta sala la que en mayo aprobó el acuerdo conciliatorio que obligó a CMPC a cancelar una indemnización de $ 7.000 a cada consumidor afectado por la colusión del papel tissue. También fue la que ratificó el fallo que obligó al exsíndico de quiebras Herman Chadwick a devolver $ 160 millones en la arista civil del caso Caval y que este año condenó a los padres de un adolescente que divulgó en redes sociales fotos íntimas de su expolola: deberán pagarle una indemnización de $ 3 millones a ella y a sus papás.

Ven, además, otros casos más cotidianos: pensiones alimenticias, cobranzas judiciales y otros. Por ejemplo: ¿Puede una persona demandar de su cónyuge la reparación de perjuicios sufridos a propósito de la infracción de los deberes del matrimonio? Según un fallo que los ministros que la integran emitieron en 2014, sí puede, y no es suficiente la declaración de divorcio para que la parte que cometió la infracción responda civilmente por esos daños.

Quienes integran esta sala son cinco jueces especialistas. De hecho, dos de sus integrantes de carrera se formaron como juezas civiles. Una es la ministra Rosa Egnem, que está en la Suprema desde 2009. Ella primero estuvo en la Tercera Sala, pero pidió cambiarse a esta, que le acomodaba más. La otra es Rosa Maggi, que entre las mujeres que integran el máximo tribunal es considerada una de las líderes, llegando incluso en un momento a ser postulada como una posible carta a presidir la corte. Las dos, dicen abogados, son las que encabezan el trabajo de esta sala.

También forma parte de este grupo el ministro Juan Eduardo Fuentes, un juez de letras de carrera que estuvo en Arica y San Miguel, pero su presencia se ha caracterizado más bien por un perfil bajo. El cuarto integrante es Guillermo Silva, que al igual que Egnem desarrolló la mayor parte de su trayectoria en la Región del Biobío.

La quinta plaza la ocupa el ministro Héctor Carreño, uno de los que más tiempo llevan en la Suprema, y que al igual que Egnem migró desde la Tercera Sala. Llegó poco después de que la Cámara de Diputados discutiera y finalmente rechazara una posible acusación constitucional en su contra, por el supuesto encubrimiento del informe que en 2013 elaboraron el Poder Judicial y Unicef y que reveló graves irregularidades, vulneraciones y delitos en centros del Sename. Quienes lo conocen dicen que pidió el traslado por ser "una sala más tranquila". Solo un año le queda antes del retiro.

Es la sala que está ahora en el ojo del huracán por sus últimas resoluciones en cuanto a libertades condicionales en casos de derechos humanos. Había un liderazgo nato en ella del ministro Milton Juica, quien en junio cumplió los 75 años, lo que hizo que tuviera que abandonar el Poder Judicial por llegar a la edad límite para ese cargo.

Tras la partida de Juica regresó un exintegrante histórico de esa sala, el expresidente de la Suprema Hugo Dolmestch, quien formalmente solicitó al pleno poder volver a integrarse a esta instancia. Miembros del máximo tribunal sostienen que el juez no tiene el mismo liderazgo que se reconocía en Juica, pues es de tono más afable, muy "campechano". No obstante, algunos abogados destacan que haya sido profesor normalista, juez y -junto a Brito- los únicos masones que quedan en la Suprema.

Dolmestch es resistido en las agrupaciones de familiares de víctimas del régimen militar debido a su doctrina de media prescripción, impulsada hace algunos años, en las que reconoce la atenuante del tiempo a los autores de crímenes de lesa humanidad, y aunque su doctrina en la actualidad está extinta en estas materias, la eventual acusación constitucional ha removido estos cuestionamientos.

Lo sigue en antigüedad en sala el ministro Carlos Kunsemüller. Considerado uno de los más relevantes penalistas de su época, su arribo a la Corte Suprema fue festejado en igual medida que lo fue el del fallecido jurista Enrique Cury. Ambos accedieron a esta instancia a partir de una modificación de 1997 que permitió por primera vez que abogados externos a la Corte Suprema pudieran integrarla. La medida tenía como espíritu que el máximo tribunal del país pudiera prestigiarse de contar en sus filas con grandes académicos, que no habían elegido la carrera de juez.

Kunsemüller ha sostenido la hipótesis de imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad en la acción penal y también la de las demandas contra el Estado de familiares de víctimas. Aunque más jóvenes, vota en esa misma línea el resto de la sala titular, que está compuesta por Lamberto Cisternas, Manuel Antonio Valderrama y Jorge Dahm.

Especialistas en el tema sostienen que la Sala Penal está compuesta por expertos en la materia y ha consolidado una doctrina, más allá de los casos de DD.HH., muy estricta con el respeto de las garantías de los ciudadanos. Sus últimos fallos en ese sentido, unánimes, han anulado condenas a imputados debido a procedimientos de las policías que han vulnerado sus derechos, lo que le ha valido polémicas con el gobierno.

En La Moneda, incluso, consideran a la sala como "muy garantista", debido a la postura que han manifestado en diversos fallos en materia de seguridad ciudadana.

A esta sala también llegan los recursos de amparo de inmigrantes expulsados. En el último año la mayoría de estos recursos se han fallado a favor de extranjeros, fijando lineamientos en contra de la autoridad gubernamental, impidiendo que migrantes con familia en Chile -aunque hayan sido condenados- sean expulsados del país. De este modo, los ministros han fijado una doctrina garantista, impidiéndole también a la PDI que al momento del ingreso solicite más exigencias que las debidas en la ley a quienes ingresan como inmigrantes. Por eso se señala que es una sala progresista en materia de derechos. Si pudiera simplificarse en un concepto, dice un reputado abogado consultado, "es una sala que es un verdadero dolor de cabeza para un gobierno de derecha".

Es la sala que decide los temas más importantes en materia de libertades públicas, medio ambiente y libre competencia. Aquí llegan en última instancia los recursos de protección en que los ciudadanos recurren a la justicia ante actos u omisiones arbitrarias que amenacen sus derechos y garantías constitucionales. Decide las cosas más relevantes de la vida cotidiana, no penales, del país.

Es liderada por el juez Sergio Muñoz, uno de los ministros más jóvenes en llegar a la Corte Suprema, quien investigó el caso Spiniak y Riggs. Muñoz tiene 61 años, lleva 13 en el máximo tribunal del país, le quedan otros 14 años más. Fue presidente del máximo tribunal en 2014 y lo más probable es que lo vuelva a ser en los próximos años, debido a la antigüedad respecto de sus pares y también por la ascendencia natural que tiene en el pleno.

De personalidad fuerte, fue criticado en 2012 por Libertad y Desarrollo, instituto ligado a la UDI, tras liderar la posición que permitió paralizar la construcción de la Central Castilla. Sus interpretaciones de la ley posicionando a la corte como un regulador, experto técnico y con el poder de evaluar directamente los proyectos, lo hizo emblema de lo que se llamó el "gobierno de los jueces", llegando algunos a tildarlo, incluso, de activista judicial.

Tras asumir la presidencia de la Suprema en 2014, se refirió a estas críticas en una entrevista con revista Qué Pasa, en que comparó su ejercicio como juez con el arte. "Esto es igual que la pintura. Antes era rupestre, luego en doble plano. Después se fue creando la perspectiva. Posteriormente nacieron otras formas, como el realismo, el cubismo. Después pasa que usted es la concepción de la figura y no necesariamente de una forma. Esto es igual. Es una interpretación. Porque interpretar el derecho es un arte, no es una ciencia", sentenció.

Su última intervención, más recordada en la sala, fue el histórico fallo en la industria de las telecomunicaciones. La Suprema dio la razón a la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), acogiendo una demanda contra Claro, Entel y Movistar, quienes fueron acusados de acaparamiento del espectro de la banda 700Mhz, dando un vuelco a lo sentenciado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el desechó que las compañías estuvieran en una posición dominante. El fallo fue dividido. Los otros dos titulares de la sala votaron en contra: María Eugenia Sandoval y Arturo Prado Puga, por rechazar el recurso de los defensores de consumidores. Pero Muñoz alineó a dos "jueces extranjeros" provenientes de la Sala Penal, Jorge Dahm, y de la Laboral, Carlos Cerda, y logró dar un batatazo a esta industria que aún no se repone.

Quienes lo conocen, o han trabajado con él, dicen que Muñoz es como el futbolista que pide siempre patear el penal. Busca ser el redactor de los emblemáticos casos, porque, en definitiva, es quien más ha estudiado las materias que revisa. "Podrá ser considerado un activista, pero es uno de los más preparados y estudiosos jueces de la Suprema", sostuvo una fuente de tribunales.

En general, la Tercera Sala, pese a la diversa conformación, es una instancia que protege a quienes están en una posición asimétrica con el Estado. Lo ha demostrado en fallos por patentes de alcoholes, cuando pequeños comerciantes han recurrido contra municipios, quienes les han quitado su permiso en pos de temas de seguridad. La corte tiene una doctrina de acoger esos recursos, lo mismo ha pasado con los fallos por indemnizaciones de muertes tras el maremoto del 27/F. Se ha transformado en un "dolor de cabeza" para el CDE, pues ha acogido las indemnizaciones contra el Estado de estas víctimas, incluso en casos como Isla Mocha, donde las víctimas estaban aisladas, la Tercera Sala sostuvo una responsabilidad estatal de carabineros en que debieron advertirles de la catástrofe a estos temporeros que fallecieron por falta de alerta.

Otro ministro importante en esta sala es Carlos Aránguiz. Es uno de los únicos que no hicieron la "carrera corta", como califican a relatores de la Suprema que tras pasar por la Corte de Apelaciones de Santiago son nominados en el máximo tribunal. Es un ministro de carrera judicial larga, su paso por Rancagua y la investigación del caso coimas le dio un reconocido prestigio. Últimamente ha estado delicado de salud y con licencia.

En esta sala hay una vacante, y el resto de los ministros titulares son la abogada experta tributarista María Eugenia Sandoval, una jueza externa, moderada y que antes de llegar a la Suprema se desarrolló en la consultora Pricewaterhouse Coopers. Recordado es su voto en el caso de Luis Fernando Mackenna, cuyos herederos fueron condenados a pagar una multa de $ 24.261 millones en el caso chispas. La balanza la inclinó, justamente, esta ministra para lograr la mayoría y acoger la casación en el fondo presentada por el CDE.

Al igual que Sandoval, en un cupo negociado por la derecha, llegó el abogado Arturo Prado Puga (también externo al Poder Judicial, no es juez de carrera) y que trabajó durante muchos años como fiscal del Bci. Es considerado, hasta el momento, el más conservador de esa sala y el más identificado con la derecha. Tuvo un breve paso por la Sala Laboral, pero ya está asentado en la Tercera Sala. Por primera vez en la historia de la Corte Suprema, desde que recibe abogados externos a la carrera judicial clásica, una sala estará integrada por la mayoría de ministros externos. Esto con la llegada de la profesora de Derecho Constitucional Ángela Vivanco, cuyo arribo, además, podría amenazar la ascendencia de Muñoz, quien podría -entonces- pasar a ser parte ahora de la minoría.

Si hay un espacio en la Suprema donde más se han visto marcados los cambios de criterios jurídicos y el peso de sus integrantes en la jurisprudencia de sus fallos esa es la Cuarta Sala. Una instancia clave, donde se ven principalmente recursos laborales, aunque también previsionales, de familia y en temas mineros. Lo que ha pasado ahí en los últimos años ha sido, incluso, caso de estudio.

Una investigación encabezada por el doctor en Derecho y profesor de la Universidad Católica de Temuco Iván Díaz dio cuenta de que en materia laboral, entre 2008 y 2013, la balanza estuvo notoriamente inclinada a favor de los empleadores. Era el dominio de lo que muchos llamaban la "doctrina Valdés".

Era sabido entre los abogados laboralistas que cuando estaba presente el exministro Patricio Valdés, quien presidió la Cuarta Sala entre 2008 y comienzos de 2014, los sindicatos y trabajadores prácticamente no tenían chance alguna de ganar. Su postura pro-empresas era evidente y la convirtió en el sello de su período: de cada 10 sentencias falladas durante esos años por recursos de unificación de jurisprudencia, nueve beneficiaron a los empleadores.

La tendencia, en todo caso, no solo se cortó con su salida y la de otros tres ministros de la sala, sino que se revirtió por completo. Se acabó entonces la era empresarial y comenzó una nueva, la "pro-operario".

Los cambios partieron de a poco y antes de que Valdés se fuera, con la llegada de Gloria Ana Chevesich a la Suprema a mediados de 2013.

Nominada por Piñera y con la resistencia de una oposición que la identificaba como cercana a la derecha por su investigación del caso MOP-Gate, Chevesich desembarcó en la Cuarta Sala a ocupar una de dos vacantes, justo cuando acababa de terminar un magíster en Derecho Laboral en la Universidad Adolfo Ibáñez. Su voto empezó de inmediato a ir a contracorriente de lo que dictaba la doctrina imperante. Al poco tiempo ya era una disidente.

Chevesich era minoría, pero no estaba sola. Ese mismo año se integró a la sala el ministro Ricardo Blanco -quien hoy la preside-, con quien coincidió en varios fallos en favor de los trabajadores. Después, en 2014, con el arribo de los ministros Aránguiz -reconocido como alguien más moderado-, Cerda y Andrea Muñoz, su postura se volvió predominante y el giro en la Sala Laboral ya era total.

En abril de 2014 emitieron un fallo unánime que contravenía toda la lógica previa. Era el caso de un funcionario a contrata de la Cenabast que alegaba haber sido despedido por razones sindicales. Bajo la era Valdés, se habría rechazado por la supuesta incompatibilidad de los procedimientos de tutela laboral para el personal de organismos públicos. Pero ya esa etapa había acabado y, en cambio, los jueces reconocieron por primera vez la competencia de los juzgados laborales para tramitar causas de ese tipo.

Esa es la línea que han seguido desde entonces. Cuando han revisado casos en que trabajadores en plena huelga han sido sustituidos por empleados de la misma empresa, sus fallos han señalado que ese reemplazo interno es ilegal. También han reconocido el derecho de ir a huelga fuera de una negociación colectiva, la inclusión de las horas extras en las indemnizaciones por despido, la validez de grabaciones ocultas como medio de prueba en un juicio laboral y la competencia de los juzgados laborales en reclamaciones ante la Dirección del Trabajo por servicios mínimos, entre otras cosas.

Pero no solo en temas laborales han marcado una distancia del período previo a 2014. En materias provenientes de los Tribunales de Familia, al menos dos fallos inéditos han marcado el período de Blanco como presidente de la sala, aunque aquí la alineación entre sus miembros ya no es tan homogénea.

En agosto del año pasado, por primera vez concedieron la tuición legal de un par de mellizos a su padre homosexual, que convivía con su pareja del mismo sexo. Andrea Muñoz y Carlos Cerda lograron la mayoría con el apoyo de un abogado integrante. Blanco y Chevesich, en cambio, se opusieron.

En mayo pasado decretaron el cambio de nombre y sexo registral de una mujer transgénero sin que tuviera que someterse a una cirugía. Nunca había ocurrido algo así. Esta vez votaron a favor el presidente de la corte, Haroldo Brito, y la ministra Muñoz. Blanco estuvo en contra.