Recién el jueves 11 se activaron las alarmas. Ese día, el general de división Miguel Alfonso Bellet, jefe del Comando de Educación y Doctrina del Ejército, se enteró de lo que había ocurrido cinco días antes, el sábado 6, en el complejo deportivo de la Escuela Militar, una de las unidades bajo su mando.

La forma en que lo supo también dice algo. Ese jueves, en su despacho en el cuartel general del Cedoc, en La Reina, Alfonso, un general de tres estrellas y octavo en la línea de mando, recibió un informe elaborado por el Departamento de Contrainteligencia de la Escuela Militar. El documento relataba las declaraciones que había hecho el entonces coronel Miguel Krassnoff Bassa, director de la Escuela de Idiomas del Cedoc y, por ende, subordinado directo suyo, durante el acto de clausura de la primera olimpíada intergeneraciones que se había realizado en las canchas del centro de formación de los oficiales del Ejército. Allí se había hecho un reconocimiento al padre del oficial, coronel (R) Miguel Krassnoff Martchenko, preso en Punta Peuco y condenado a más de 600 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos.

"Quiero agradecerles profundamente el cariño, la lealtad y la hombría que han tenido el director, el subdirector de la escuela con su gente, y con la aprobación de todos ustedes, de poder acordarse de los soldados de los que no todos se acuerdan. Para nosotros es tremendamente importante que nuestros padres que dieron la cara y dieron la vida por Chile y sus familias, estén siempre en la mente y el corazón de todos ustedes, así como están en el de nosotros. Por eso es tremendamente importante que se hayan acordado de ellos (...) son gotas de vida (...) A esos mismos soldados que les tocó combatir y dieron el aire que respiramos hoy día a nuestra querida patria, ustedes no los han olvidado, así que eternamente agradecido y comprometido con cada uno de ustedes, con este gesto de valentía y de hombría que hoy día tanto falta en nuestro país", dijo Krassnoff Bassa, sacando aplausos de la mayoría, no todos, los oficiales y exoficiales de las promociones de los años 1990 a 1993 que habían participado en las actividades deportivas.

Junto a la transcripción del discurso de agradecimiento que había pronunciado Krassnoff Bassa, el Departamento de Contrainteligencia había incluido en su informe el hecho de que la actividad había sido autorizada por el director de la Escuela Militar, el hasta entonces coronel Germán Villarroel Opazo, quien se encontraba presente en el acto y quien, incluso, se tomó una fotografía junto a Krassnoff con la camiseta que los organizadores de las olimpíadas habían mandado a hacer, con el nombre del TLC Miguel Krassnoff Martchenko, para enviársela de regalo a la cárcel por el hecho de haber sido subdirector de la escuela el año 89 y, por ende, instructor de algunos de los que estaban allí presentes.

El general Alfonso no daba crédito a lo que veía. Conocía a los dos coroneles, ambos habían estado bajo su mando en años anteriores, en otras destinaciones, y nunca, señalan cercanos al oficial, habían involucrado sus carreras con la situación de los militares condenados por delitos de lesa humanidad. Tampoco podía aceptar que se hubiera hecho un gesto de esa naturaleza en el centro de formación donde se inculcan los valores a las nuevas generaciones de oficiales del Ejército. El que hubiera ocurrido al interior de la Escuela Militar le daba una connotación y una carga simbólica mucho mayor.

De inmediato, el jefe del Cedoc llamó al comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Martínez, para ponerlo al tanto. Después, conformó un comité de crisis para iniciar una investigación y evaluar las implicancias de este hecho.

No era la primera vez en su carrera que estaba al mando de un comité de crisis. En 2005, siendo coronel y especialista en instrucción militar de alta montaña, a Alfonso le había tocado hacerse cargo del comité de crisis por la tragedia de Antuco, en la que murieron 45 conscriptos debido una mala decisión del mando.

Esta vez, hasta el cuartel general del Cedoc, en La Reina, llegaron el auditor general del Ejército, Felipe Cunich, y personal de la Dirección de Inteligencia, los que se sumaron al equipo de asesores del general Alfonso, en el que figuraban dos abogados castrenses.

El comité de crisis trabajaría todo el jueves 11 y el viernes 12. Entre las prioridades estaba despejar si se había tratado de una confabulación, de un acto previamente concertado para dañar al Alto Mando del Ejército y para presionar en favor de los exmilitares detenidos en Punta de Peuco. O si era otra cosa.

Preocupación en La Moneda

El viernes en la tarde, el Ejército le informó por primera vez al ministro de Defensa, Alberto Espina, que "hay una situación con la Escuela Militar". El mensaje fue difuso, genérico. Pero se comprometen a mantenerlo informado.

Así ocurre. El sábado 13, en la mañana, Espina recibe en su casa un sobre. Se trata de un informe de inteligencia militar que incluye el programa de las olimpíadas, la invitación cursada varias semanas antes por el organizador del evento, el coronel en retiro Roberto Vache Gutiérrez, a Krassnoff Martchenko, una copia de la carta de agradecimiento que envió desde la cárcel el exoficial miembro de la Dina, y la transcripción del breve discurso que dio el coronel Krassnoff Bassa a nombre de su padre.

Hasta entonces muy pocos sabían lo que había ocurrido. Aún no se filtraba el video a las redes sociales. Así que la decisión fue seguir indagando y monitoreando el tema en reserva.

Fuera del ámbito de la Defensa, el primero en saberlo fue el ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien es alertado por Espina la noche del sábado 13.

Para el gobierno se trata de un tema grave y delicado. Les preocupa que no se trate de un hecho aislado, sino que sea parte de la pugna que aún existe al interior del Ejército, entre generales en retiro y sectores vinculados a los militares presos en Punta Peuco, contra los altos mandos institucionales, a los que critican por no levantar la voz en favor de los exuniformados condenados por delitos contra los derechos humanos.

Hace poco más de un mes, el 16 de septiembre, el actual comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Martínez, había anunciado que durante su mandato promovería una "profunda reflexión" sobre el actuar de la institución castrense en todos loa ámbitos, incluida la democracia y los derechos humanos.

"La gente que perteneció al Ejército, oficiales y suboficiales, que están presos en Punta Peuco o Colina Uno, están ahí producto de una sentencia judicial que debe ser respetada por todos y obviamente por el Ejército", afirmó el general Martínez al explicar los esfuerzos que estaba realizando por hacer del Ejército una institución transversal, que sea sentida como de todos los chilenos.

Tres días después de sus declaraciones, el comandante en jefe del Ejército recibió una extensa carta de 13 páginas firmada por el coronel Krassnoff Martchenko desde el penal de Punta Peuco. En la misiva, con copia a cada uno de los miembros del Alto Mando, el exagente de la Dina alega un trato injusto por parte de los Tribunales de Justicia y critica al Ejército por abandonar a los soldados a quienes "les tocó combatir" y que hoy están condenados por violaciones a los derechos humanos.

"Es hora de que usted y su Alto Mando procedan, a través de los canales constitucionales, legales y administrativos que correspondan, hacer presente a las autoridades pertinentes vuestra sincera y firme preocupación por esta absolutamente irregular situación que hoy enfrentan tanto soldados de nuestro Ejército y expongan la necesidad de su urgente solución", expuso Krassnoff Martchenko en su carta.

Las mismas ideas expresarían más tarde otros reclusos de Punta Peuco, como Raúl Iturriaga Neumann, en sendas misivas enviadas al comandante en jefe. "¿Cuándo se reparará la arbitraria e injusta situación que viven exuniformados que están privados de libertad?", se pregunta el exuniformado.

Por eso, aunque los informes preliminares que envía el Ejército al Ministerio de Defensa sobre lo ocurrido en la Escuela Militar descartaban que se haya tratado de un acto de sedición, para el gobierno era difícil creer que no hubiese sido premeditado.

El domingo 14, luego de que se filtrara en redes sociales un video con las palabras del hijo de Krassnoff en la clausura de las olimpíadas en la Escuela Militar, Espina vuelve a hablar con el comandante en jefe del Ejército. Solo entonces el ministro de Defensa llamó al Presidente Sebastián Piñera. En el oficialismo aseguran que el Mandatario reaccionó molesto con lo ocurrido, por lo que ordena seguir adelante con la investigación y dictar sanciones drásticas.

Responsabilidad del mando

Germán Villarroel Opazo había asumido la dirección de la Escuela Militar recién en diciembre pasado. En el Ejército, aseguran que se trataba de una distinción por su trayectoria. Tenía experiencia en el campo de la formación, incluso fue profesor dos años en West Point, la academia militar de Estados Unidos, y en el mando de unidades castrenses, ya que fue comandante del Regimiento 12 Sangra, de Puerto Varas.

Hijo del general Rafael Villarroel Carmona, quien llegó a ser vicecomandante en jefe del Ejército en tiempos de Pinochet, había ascendido hace un par de años al grado de coronel, manteniéndose lejos de las polémicas, incluso cuando su hermano mayor, Rafael, también militar, fue procesado en Magallanes en 2013 por la venta como chatarra de tanques viejos y que eran usados para las prácticas de tiro de los nuevos blindados.

Germán Villarroel debía entregar el mando de la Escuela Militar en diciembre. Pero hasta entonces su trabajo al interior del Ejército estaba bien evaluado, tanto así que, de no haber mediado el acto del sábado 6, la mayoría de sus compañeros de generación le auguraban que lo mantendrían en la dirección de la escuela o, incluso, un eventual salto al Alto Mando.

Eso era lo que se esperaba de él hasta el jueves 11, cuando el general Alfonso recibió el informe de contrainteligencia.

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General Miguel Alfonso[/caption]

De inmediato relevó a Villarroel del mando en la Escuela Militar mientras se llevaba adelante la investigación. Además, le ordenó entregar de manera verbal y por escrito un informe detallado sobre lo ocurrido en la Escuela Militar en las olimpíadas intergeneraciones.

Al menos tres veces, en esa semana, el entonces coronel Villarroel se presentó en la oficina del general Alfonso para hablar con los miembros del comité de crisis.

Según fuentes del Ejército, Villarroel asumió desde el primer momento la responsabilidad del mando por lo sucedido. Nunca, afirman las fuentes, solicitó siquiera la posibilidad de que se reconsideraran las sanciones, aun cuando sabía que su carrera militar se había ido al despeñadero.

Ante sus superiores, Villarroel asumió que había autorizado la actividad, que había revisado el programa de las olimpíadas y que había cometido un "grave error de criterio" al no entender el contexto en que se realizaba el acto, ni las implicancias de que se efectuara ese acto en un lugar tan simbólico para el Ejército como la Escuela Militar.

El general Alfonso le reprochó que no hubiera intervenido tras las declaraciones de Krassnoff para manifestar su molestia y dejar en claro que esas declaraciones no representaban el sentir de la institución.

"No se me ocurrió", fue la respuesta de Villarroel. "Asumo mi error y sus consecuencias. Que se haga lo que disponga el comandante en jefe", habría señalado el oficial cuando le indicaron que había faltado a tres artículos del Reglamento de Disciplina del Ejército (el 9-10 y 12), por lo que la sanción sería drástica, más aún cuando se tenían que considerar como agravantes el hecho de que él fuera un coronel y que se hubiera mancillado a la Escuela Militar.

La última conversación entre el general Alfonso y los coroneles Krassnoff Basa y Villarroel Opazo fue el lunes 15, a las 15 horas. "¿Tienen algo más que añadir a sus informes? Si es así, háganlo ahora, porque en dos horas más se darán a conocer sus sanciones y son drásticas", les indicó.

Ninguno de los dos dijo algo más. Para entonces, ambos sabían que era el fin de su carrera militar. En el caso de Krassnoff, se aceleraría el pase a retiro que el oficial había presentado meses antes. En el caso de Villarroel, no solo se le quitó de inmediato el mando de la Escuela Militar, sino que se solicitó su renuncia. Al día siguiente, cerca de las 17 horas, Villarroel vestiría por última vez el uniforme del Ejército.

Pero había un paso más que dar. El jueves 18, a las 15 horas, el general Miguel Alfonso se presentó ante todo el personal de la Escuela Militar para informarles las medidas que se habían tomado -que incluyen revisar varios protocolos- y las razones por las que se expulsó a los dos oficiales. Era el cierre definitivo al comité de crisis.