El fiscal que detonó la crisis del Ministerio Público: ¿Quién es Sergio Moya, el persecutor de Caval que tiene en vilo a la Fiscalía?

Eran las 6.00 AM del miércoles 8 cuando la Policía de Investigaciones (PDI) irrumpió en el domicilio de Sergio Moya (45). A esa hora, el fiscal jefe de Alta Complejidad de Rancagua se preparaba para salir rumbo a tribunales, a una audiencia en la investigación por malversación de caudales públicos contra el alcalde de esa ciudad, Eduardo Soto. "Tenemos una orden de entrada y registro emanada de la jueza de Temuco, Viviana García", le dijo el fiscal Ricardo Soto, quien encabezó el operativo.

Moya había vivido esa escena decenas de veces antes en sus 18 años como fiscal del Ministerio Público. Pero siempre del otro lado, dirigiendo el allanamiento y no siendo el imputado. Con la orden en la mano, los policías hicieron ingreso a su domicilio y comenzaron el registro y la incautación de dispositivos tecnológicos.

La jueza Viviana García había dado luz verde a la medida intrusiva luego de revisar la petición telefónica del fiscal regional de Aysén, Carlos Palma.

Palma investiga un presunto montaje de personal de Inteligencia de Carabineros en contra de mapuches en la denominada Operación Huracán. Horas antes, el investigador había recibido un antecedente, hasta entonces desconocido, y que por primera vez involucraba de forma directa a un fiscal del Ministerio Público en la fabricación de pruebas contra comuneros mapuches que fueron detenidos, en septiembre de 2017, acusados de terrorismo en La Araucanía.

El día anterior, en la primera jornada del maratónico interrogatorio al que fue sometido el ya suspendido fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, este extrajo de un bolso café un correo electrónico impreso que había llegado a sus manos -según aseguró- de forma anónima.

En la comunicación, el fiscal Sergio Moya daba instrucciones al capitán de Inteligencia de Carabineros Patricio Marín -hoy en prisión preventiva en el caso- acerca de cómo confeccionar los reportes de inteligencia que fueron el sustento para las maniobras de la Unidad Operativa de Inteligencia Especial (UOIE) de Carabineros y que se investiga fueron inventados para lograr las detenciones de los comuneros.

La revelación de Arias constituyó la primera pieza del contraataque a su, hasta hace unas semanas, amigo y fiscal de confianza Sergio Moya. Los lazos entre ambos se habían roto de forma irreparable el 19 de abril, cuando el jefe de Alta Complejidad de Rancagua denunció a Arias por tráfico de influencias y revelación de secreto de causas penales. Pero la lectura del e-mail bastó para que la jueza García autorizara una diligencia inédita en el sistema procesal penal: el allanamiento a la vivienda de un fiscal del Ministerio Público.

Al interior de la casa de Moya, relatan fuentes policiales, había 12 celulares, varios discos duros, evidencias de procesos penales en curso y los dos computadores de los ministros de la Corte de Apelaciones de O'Higgins, Emilio Elgueta y Marcelo Vásquez, quienes están en la mira de la fiscalía por delitos de corrupción.

A sus cercanos, Moya les habría explicado -tras la pesquisa- que decidió llevarse esas pruebas a su casa temiendo que su exjefe, el fiscal Arias, se deshiciera de la evidencia que era vital -según él- para probar los delitos que indaga respecto de los altos miembros del Poder Judicial. Los teléfonos, algunos, eran de abogados que están relacionados con la arista cohecho que se indaga en el tribunal de alzada rancagüino.

La pregunta que ronda en el Ministerio Público es si esas evidencias incautadas en la casa de Moya estaban con la cadena de custodia respectiva. Si la respuesta -aún no dilucidada hasta ahora- es negativa, es probable que se hayan perdido, a causa de la pugna Arias-Moya, pruebas clave para avanzar con la presunta red de corrupción en la Región de O'Higgins.

El allanamiento a su casa y posteriormente a su oficina supuso un cambio drástico en la carrera de Moya en el Ministerio Público: su calidad había cambiado a imputado y, con ello, sus casi 20 años como fiscal habían acabado.

Sergio Moya pudo haber sido fiscal regional. La vez que estuvo más cerca de alcanzar este alto cargo fue en 2005. Mientras era fiscal en la IX Región estalló el escándalo de su jefa, Esmirna Vidal, a quien la Corte Suprema expulsó el 20 de junio de ese año por "negligencia manifiesta" en el caso por abusos sexuales contra menores de edad que, en ese entonces, el Ministerio Público seguía en contra del senador DC Jorge Lavandero.

Durante el periodo en que Vidal estuvo suspendida y se tramitaba su expulsión, Moya ejerció como jefe regional (S). Ya por esa fecha era tachado como "fiscal verde", como se les sindica a los investigadores que prefieren trabajar con la policía uniformada, Carabineros, y no la civil, la PDI.

Moya participó del concurso para llenar el cupo dejado por Vidal, pero el destino no quiso que sucediera a su exjefa. En una reñida votación, quedó fuera -por sorteo- de la terna en que salió electo el fiscal regional Francisco Ljubetic. Pese a ese revés, Moya estuvo una década en esa zona y durante los ocho años que Ljubetic estuvo en La Araucanía fue su subrogante. "Moya partió de abajo y por eso respeta tanto a los fiscales de trayectoria y no a los que han llegado de otros lados o nunca han investigado", dice uno de los amigos que le quedan en La Araucanía.

El 13 de noviembre de 2000 fue el día en que, con 27 años, Moya ingresó a trabajar como asistente en la Fiscalía de Traiguén. Un año después ya era fiscal y el 2003 lograba su primera jefatura en la región, para luego en 2005 arribar a Temuco. En esa ciudad encabezó polémicas investigaciones por atentados terroristas, como el caso Turbus, Peaje Quino y Fundo San Leandro, en que mantuvo a comuneros presos más de un año y que luego fueron liberados cuando la justicia dictó absoluciones.

Todos estos juicios se hicieron a posterior a su partida de La Araucanía, en agosto de 2010. Un día, Moya tomó sus cosas y se fue. Nunca nadie supo bien por qué tomó la decisión de irse a Rancagua, algunos comentan que fue por su vinculación al fracaso en causas del denominado conflicto mapuche. Karina Riquelme, defensora del Centro de Defensa del Sur, da luces de eso: "Moya es conocido acá en La Araucanía por muchos juicios por ley que califica conductas Terroristas en la Araucania y en todos ellos los imputados fueron absueltos de manera contundente. Trabajó con el capitán Patricio Marin Lazo quien a su vez trabajó junto a Raúl Castro Antipán, un sujeto que fue infiltrado en la policía y que es el único, hasta hoy, condenado por terrorismo en la zona".

Hijo de profesores, el investigador se tituló en 1999 como abogado de la Universidad de Concepción. En el Ministerio Público es conocido entre sus pares por tener un "carácter reservado, trabajólico y de bajo perfil". También resalta por "compartimentar" constantemente la información de sus causas. Esta técnica, aseguran en su entorno, fue un aprendizaje adquirido de los cursos de inteligencia que realizó con el FBI, en Estados Unidos, y de la estrecha amistad que por años cultivó con policías del área de inteligencia. Entre ellos, el general director (R) de Carabineros Bruno Villalobos.

Cuando el Ministerio Público anunció un vuelco en la Operación Huracán, en enero de 2018, y se denunció a personal de Inteligencia de Carabineros de haber fabricado pruebas para incriminar a mapuches, los entonces integrantes del Cuerpo de Generales de Carabineros se aferraron a Moya y Arias. "La aplicación se probó en Rancagua, los fiscales de La Araucanía están mintiendo", decían desde el Alto Mando de Carabineros cuando aún no pocos se aferraban a que "Antorcha", el invento del "profesor" Álex Smith, sí pudiera interceptar comunicaciones de WhatsApp y Telegram.

Moya tuvo que hacer un informe dando cuenta de si era él o no el garante de la hasta esa entonces dudosa aplicación. Con ello se ganó la enemistad de sus excompañeros en el sur que vieron cómo Moya se enfilaba tras Carabineros y ayudaba a la estrategia de defensa de Marisa Navarrete, la pareja de su entonces jefe, Emiliano Arias, y quien había asumido la representación de los oficiales de Inteligencia.

La molestia al interior del Ministerio Público se acrecentó contra su persona cuando los propios carabineros investigados en el caso dieron cuenta de reuniones con Moya en su casa, antes y después de que la fiscalía denunciara al personal de Inteligencia de Temuco.

Hoy por hoy, su calidad de imputado en el caso detonó una nueva crisis. El fiscal nacional, Jorge Abbott, se encontraba en Colombia en una Cumbre Anticorrupción cuando una llamada de emergencia hizo cambiar sus planes. Al otro lado del teléfono, el fiscal Palma le informaba que ya tenía una orden para allanar al fiscal de Rancagua. El jefe del Ministerio Público adelantó su regreso y dio un golpe en la mesa reasignando todas las causas y dejando a Moya y a Arias alejados de la primera línea y solo ocupados de su defensa.

Ese mismo día, durante su interrogatorio, Arias -además- declaraba ante el fiscal Campos una presunta irregularidad cometida durante la elaboración del interrogatorio a la entonces Presidenta Michelle Bachelet, en el marco del caso Caval: que Moya solía señalar que tenía en su poder correos electrónicos que intercambió con la Fiscalía Nacional, donde -según él- asesores del Ministerio Público le limitaron el cuestionario a la Mandataria.

Una cadena de correos entre Moya y la directora de la Unidad Especializada Anticorrupción, Marta Herrera, fue revelada por La Tercera el viernes 10. En ellos, Herrera revisa las preguntas y sugiere nuevas interrogantes.