Fraude en el Ejército: El turno de los comandantes en Jefe

El 9 de marzo de 2014 el, hasta ese día, comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba Poblete entregó a su sucesor, Humberto Oviedo Arriagada, el sable de José Miguel Carrera, símbolo de autoridad en la institución castrense. Un abrazo y un fuerte palmoteo en la espalda dieron por finalizado el cambio de mando.

Cinco años después de la ceremonia en la Escuela Militar, los dos exaltos oficiales del Ejército volvieron a cruzar su destino. Pero no en las actividades que en su calidad de comandantes en jefe retirados suelen compartir, sino en una causa penal que tiene en suspenso a las más altas autoridades de esa institución y en la que ambos podrían ser procesados.

El 28 de diciembre de 2018, tanto Oviedo como Fuente-Alba enfrentaron a la justicia. Este último lo hizo en un cuartel de la PDI, en Independencia, hasta donde llegó a declarar en calidad de testigo en una investigación que tramita la Fiscalía Centro Norte por supuestos sobreprecios en la adquisición de dos helicópteros por parte de la rama castrense. Ese mismo día y a esa misma hora, pero a 1,7 kilómetros de distancia, cerca del Palacio de Tribunales, Oviedo estaba sentado en el despacho de la ministra Romy Rutherford -quien indaga 21 aristas de fraude al Fisco en el Ejército- declarando como inculpado.

La situación de Oviedo -hasta ese punto- era bastante más complicada que la de su antecesor. Quienes conocen el sistema penal antiguo, en que se tramita la causa de Rutherford, entienden que cuando un juez interroga a un involucrado en calidad de inculpado constituye la antesala de su procesamiento.

Al general (R) se le investiga por presuntas irregularidades en el uso de platas públicas por parte de oficiales que siendo destinados a comisiones de servicio habrían abultado el precio de pasajes aéreos, además de usar los excedentes para viajar a otros destinos, en algunos casos con esposas e hijos.

Rutherford alistaba la imputación de cargos a Oviedo cuando durante los primeros días de enero la defensa del general (R), representado por el abogado Gonzalo Rodríguez, presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC).

En el documento se alega que el secreto de sumario en el que se tramita la causa en contra de Oviedo vulnera los principios del debido proceso y el derecho a conocer los antecedentes por los que es investigado. El efecto de la presentación fue la suspensión de la arista que involucra al excomandante en jefe del Ejército, tal y como lo dictaminó la Primera Sala del organismo en votación dividida.

A la magistrada solo le quedan 13 meses para tramitar el caso, ya que en marzo de 2020 expiran los dos años en los que debe permanecer como ministra en visita de la Corte Marcial. En esa fecha se debe realizar un sorteo para que sea otro juez el que siga adelante con la causa.

Respecto de Fuente-Alba, solo faltarían un par de diligencias para que la jueza curse su citación. El general (R), en todo caso, ya declaró en calidad de inculpado con el antecesor de Rutherford, el entonces ministro en visita Omar Astudillo.

La magistrada tiene en sus manos un informe de la Brigada de Delitos Funcionarios (Bridef) sobre el incremento patrimonial de Fuente-Alba que mandó a realizar el fiscal Centro Norte, José Morales. Este indaga algunas aristas sobre eventuales maniobras de lavado provenientes del supuesto uso irregular de gastos reservados durante la Comandancia en Jefe del general (R).

En caso de condenas a ambos exlíderes castrenses, Rutherford sentaría una decisión sin precedentes en el mundo militar al sancionar a dos de las más altas exautoridades del Ejército, ya no por temas de violaciones a los derechos humanos -como ocurrió en primera instancia con el general Juan Emilio Cheyre-, sino que esta vez por delitos de corrupción.

A la fecha, Rutherford cuenta con más de 30 procesados e investiga más de 1.500 viajes de corta y larga duración realizados por altos oficiales. En una de estas arista, denominada "empresas de turismo", fue procesado hace tres meses por fraude al Fisco el entonces segundo hombre del Ejército, general John Griffiths, quien debió renunciar a la institución.

El martes 15 llegó hasta la Comandancia en Jefe el oficio 10-2019 firmado por la jueza. "Que se remita dentro del quinto día, bajo apercibimiento de proceder a su incautación, el detalle de viajes de corta y larga duración realizados, desde el año 2010 a la fecha, respecto de las personas que abajo se indican", se leía en el encabezado del documento.

El requerimiento de información -que incluye- al actual comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez Menanteau, solicita que se pormenoricen las comisiones de servicio y viajes de 46 generales, 25 miembros del actual Alto Mando y 21 generales de división y brigada llamados a retiro en noviembre de 2018, tras la crisis suscitada por este caso, además de Juan Biskupovic, general (R), quien en 2006 -bajo el mando de Óscar Izurieta- fue comandante de Infraestructura del Ejército.

La diligencia implica un duro golpe a los miembros del Alto Mando, quienes deberán documentar una década de comisiones de servicio y justificar cada uno de los periplos que realizaron.

Rutherford dio inicialmente un plazo de cinco días para la entrega de antecedentes, pero el tiempo fue prorrogado por el alto volumen de información que debe recopilarse. Como varios de los generales a quienes afecta este requerimiento fueron coroneles en la época de Oviedo, algunos plantean que con esta diligencia la magistrada estaría vulnerando la suspensión que ordenó el TC respecto del proceso contra el general (R).

Sin embargo, quienes conocen las órdenes dictadas por Rutherford aseguran que la magistrada no ha realizado nuevas pesquisas, sino que el oficio 10-2019 reitera una solicitud realizada al Ministerio de Defensa hace tres meses, antes de la orden del TC.

En total son 21 las aristas que actualmente indaga la ministra Rutherford y que involucran diversos periodos y a numerosos oficiales del Ejército. Desde facturas falsas por servicios no prestados -en la que dictó sentencias de 10 años que fueron ratificadas por la Corte Marcial; delitos de fraude a la Ley Reservada del Cobre; revisión del uso de pasajes aéreos, abultamiento de sus precios y las tratativas con empresas de turismo donde han surgido declaraciones que apuntan a la Comandancia en Jefe del Ejército (2010-2018), repartición que cuenta con un presupuesto anual de US$ 2,5 millones.

Quienes conocen la indagatoria aseguran que la jueza tiene antecedentes de que tanto Oviedo como Fuente-Alba habrían pagado viajes de sus respectivas esposas con cargo a los gastos reservados del Ejército. Hay indicios de que estos pasajes fueron pagados en efectivo, tal y como se suministran al Ejército estos dineros, y a destinos que no eran laborales o no correspondían a sus funciones como altos oficiales.

Los abogados de ambos militares han negado que sus clientes hayan cometido alguna irregularidad. Tras declarar por cerca de ocho horas ante Rutherford, la defensa de Oviedo aseguró: "El general Oviedo siempre ha actuado apegado a los reglamentos del Ejército y la probidad administrativa. No cabe duda que el resultado de esta investigación será favorable a él".

Misma postura ha sido la de los defensores de Fuente-Alba, quien es investigado tanto en el Ministerio Público como por la jueza de la Corte Marcial y que rechazan que el militar haya hecho mal uso de los dineros fiscales. "Mi patrimonio es fruto de 44 años de servicios", dijo el propio Fuente-Alba en mayo de 2016, cuando por primera vez su nombre apareció vinculado a un presunto mal uso de dineros del Ejército.