Entre toma y toma

Es curioso que la renuncia del decano de Derecho de la Universidad de Chile haya puesto en entredicho la legitimidad de las tomas como arma de presión de los estudiantes y, en general, de los movimientos sociales. Y lo es porque el tema, al margen de responsabilidades personales en ese caso concreto, viene arrastrándose por años y años, en medio de un cierto déficit atencional que es muy propio de nuestra vida pública y en un contexto de hipocresías y complicidades ampliamente extendidas. En algún momento alguien tendrá que historiar estas prácticas en su conjunto, como lo hizo con especial agudeza -respecto de la toma de la Escuela de Derecho del 2009- Alfredo Jocelyn Holt en su libro La escuela tomada. Será ese quizás el momento en que habrá que identificar en toda su crudeza la lógica política y los poderosos incentivos profesionales envueltos en las tomas y que las han venido replicando de liceo en liceo, de escuela en escuela y de universidad en universidad. También habría que intentar una suerte de balance, para establecer con serenidad lo poco o mucho que ha salido de allí. Porque de las tomas -es cierto- han salido conquistas sociales importantes, como fueron la derogación de la Loce o el establecimiento de la gratuidad, entre otras. Salieron también dirigencias políticas notorias e instantáneas, que de otro modo, sin las tomas, habrían tenido de hacer el camino largo de la militancia en los partidos para ascender y ubicarse en posiciones destacadas del escenario político. Salió -y esto sigue siendo un misterio para entender el fenómeno- la radiografía nebulosa de una mayoría de estudiantes, de profesores, de padres y apoderados en el caso de los liceos, que simplemente no se mete, no se involucra, no participa y se resta de las asambleas y votaciones, pero que igual se deja arrastrar, rezongando un poco algunas veces, pero plegándose en los hechos, a la minoría que impuso la toma o el día sin clases.

Más importante quizás que lo anterior, de las tomas salió y sigue saliendo una épica y una estética de tufo revolucionario que ha embriagado a varias generaciones por igual, tal vez con la idea de que el "Che" no murió en vano.

Otro aspecto que no es menor: salieron daños objetivos para la educación pública: algunos muy cuantiosos en el plano material, por el vandalismo asociado a las ocupaciones violentas, y otros muy sustantivos en el plano de su prestigio, porque, claro, todas las paralizaciones tienen un costo.

Se diría que también salió de ahí una noción entre debilitada y acomodaticia del estado de derecho.

Y, no en último lugar, del fenómeno salió una pléyade de dirigentes timoratos, acomodaticios, condescendientes, por decir lo menos -desde ministros y alcaldes a directores de liceos, desde decanos a rectores-, que cuando no se suben derechamente al carro de la movilización, bueno, prefieren hacer la vista gorda con la ilegalidad de las prácticas, en parte para no arriesgarse a la funa de las redes sociales, en parte para seguirles las burras al pensamiento políticamente correcto y, en parte, en fin, muchas veces para mantener el respaldo político que los colocó precisamente en esos cargos. Hay que decir las cosas como son: no tiene mucho sentido rasgar vestiduras a este respecto. Al imposible nadie está obligado, la vocación de mártir no es exigible por contrato y, al final, cada cual hace lo que puede. Hay que reconocer que no están los tiempos para que un alcalde o un rector puntilloso arriesgue no solo su prestigio, sino también su cabeza, llamando a la fuerza pública a desalojar un colegio, un recinto universitario, en operativos que -nadie lo sabe- pueden dar lugar a confrontaciones muy violentas. ¿Quién podría estar dispuesto a responder por esas consecuencias? ¿Por qué exigirles a los alcaldes, a los decanos o a los rectores, solo a ellos, ahora, cuando las velas apenas arden, que asuman riesgos de ese tamaño, en circunstancias que el fenómeno ya es parte del folclor y repertorio clásico en liceos y universidades?

Tendrá que pasar mucho tiempo antes de que la sociedad reaccione como es debido ante el matonaje envuelto en las tomas, si es que en algún momento llega a reaccionar. Las encuestas indican que la gente, suscribiendo o aprobando casi siempre la causa de las movilizaciones, tiende a rechazar las tomas porque las ve como lo que son: medidas de fuerza que vulneran derechos, que rompen la convivencia civilizada y que impiden a muchos o pocos estudiantes -da lo mismo, porque la transgresión es igual- ejercer su derecho a estudiar.

En todo caso, la impopularidad en ese caso está lejos de ser un disuasivo. Las tomas siguen siendo un buen caldo de cultivo para la conducta anarca y violentista, una escuela exprés de liderazgo político, un atractivo espectáculo para los noticiarios de la televisión, una prueba de fuego -y no es una metáfora- para Carabineros y, según se ha visto ahora último, también una buena instancia para ordenar la cabeza y definir durante unas cuantas semanas qué diablos es lo que queremos con la toma que estamos protagonizando. El mundo al revés: primero la toma y después el motivo.

¿Hay desgaste del instrumento? Sí, podría haberlo. Al margen de ser una práctica cada vez más frecuente, ahora las tomas son más largas. La de la Casa Central de la Universidad Católica de Valparaíso, con la cual partió el proceso de reforma del año 67, se prolongó por unas siete semanas. La de la Casa Central de la UC, hito definitivo de la insurgencia y que prácticamente dividió en dos la Historia de Chile, duró apenas ocho o nueve días. La de la Universidad de Chile, que vino después de la renuncia del rector Eugenio González, tres semanas. Hoy por hoy, una toma que se respete no se despliega en menos de 50 días. Para empezar a conversar. Sí, literalmente.

No, no es solo un consuelo de tontos. También es un hecho: las tomas no son privativas de Chile. Son parte fundamental del paisaje y el subdesarrollo latinoamericano.