La preocupación que asedia al contralor Bermúdez

Hizo una pausa y volvió a preguntar durante la reunión: "¿Están realmente seguros de que los cálculos de las auditorías de déficit municipal tienen errores?". Eran pasadas las 10.00 am del jueves 28 de febrero cuando la voz del contralor Jorge Bermúdez, según uno de los presentes en la cita, retumbó en las paredes de la Sala 216 de la División de Análisis Contable (DAC) en la que -según la agenda de la autoridad- se desarrolló una reunión de trabajo.

Tan seguros estaban los profesionales presentes en la cita que, además, le mostraron a Bermúdez un informe con los detalles de sus cálculos.

El jefe de la DAC, el ingeniero Patricio Barra, se apuró entonces en explicar a Bermúdez lo que había sucedido. Una analista contable de la Región Metropolitana -Carmen Luengo- había hecho una consulta a su división respecto de cuál era la fórmula correcta del cálculo contable a las municipalidades.

Fue así como se encargó a la Unidad de Análisis Financiero de la DAC, dirigida por el ingeniero civil industrial Ignacio Tapia -también presente en la reunión con el contralor- para revisar la información.

La conclusión, según se dijo, fue que tras un comparativo de las auditorías que se habían hecho en los últimos meses se detectó que los funcionarios de las contralorías regionales que auditaban a los municipios no usaban una única fórmula para el análisis contable, sino más bien varias. ¿El resultado? Los déficits establecidos por la Contraloría podían resultar distintos según la fórmula aplicada.

Para la DAC era necesario, entonces, uniformar los criterios. Por esta razón solicitaron a los expertos en ejecución presupuestaria de la División Jurídica hacer una propuesta para estandarizar el trabajo de los departamentos de auditoría de cada Contraloría regional. Ese fue el planteamiento que llevaron a Bermúdez el 28 de febrero.

Pero había un punto aún más delicado: algunos cálculos realizados a los municipios y ya oficializados no estaban apegados a la Ley Orgánica de Municipalidades, ni a las instrucciones sobre contabilidad general de la nación o los dictámenes que la propia Contraloría había emitido.

De inmediato rondó en la sala la fiscalización más reciente y que tiene al borde de la destitución a la alcaldesa Virginia Reginato (UDI): el lapidario informe sobre la gestión contable del municipio de Viña del Mar, en que la Contraloría le atribuyó un déficit fiscal de más de $ 17.500 millones.

"¿Era posible que en ese caso también existiera un error?", fue la duda que surgió entre algunos de los presentes.

De esta cita hay varios testigos, según sostienen fuentes del organismo fiscalizador. Junto al contralor, estaba su asesora de gabinete, Claudia Sepúlveda, quien tomaba nota de la situación detectada por la DAC, además de Pablo Soto, del área de fiscalización contable, y Leonardo Lemes, de la Unidad de Coordinación Regional Central.

Quienes conocen de la cita aseveraron que Bermúdez solicitó que el señalado informe quedara a la espera de que se revisara la situación a fondo.

En un segundo encuentro ese mismo día -del que también quedó registro en la agenda de la autoridad, a las 14.30 horas-, el contralor habría bajado el tono e incorporando en esta cita al jefe de la División de Auditorías, Eduardo Díaz, y una abogada de Asesoría Jurídica para volver a analizar el caso, y se concluyó que dicho informe elaborado por la DAC tuviera calidad de "borrador" y no de un informe final.

Consultados por la reunión en la Contraloría señalaron que "una de las labores que tiene la División de Análisis Contable (DAC) es siempre estudiar las distintas metodologías que existen dentro de la administración de Estado para medir el déficit y realizar propuestas para mejorar las auditorías".

Las auditorías a los municipios por parte de Contraloría son aleatorias. Los presupuestos de alto volumen y la existencia de 345 municipios hacen imposible que los funcionarios del organismo puedan realizar fiscalizaciones periódicas.

Al interior del organismo se señala que todos los años se eligen aquellas que tengan más riesgo, es decir, las que presenten la mayor cantidad de denuncias recibidas, montos que maneja la entidad y resultados de auditorías previas.

En el informe de la DAC , según un conocedor de esa reunión del 28 de febrero, había varios ejemplos de municipios en que se aplicaron fórmulas contables en que solo se consideraron "ingresos" y "egresos", pero no incluían el "Saldo Inicial de Caja" (SIC) disponible en sus cuentas corrientes.

Otro de los problemas detectados fue que algunos auditores no consideraban los "ingresos devengados", es decir, aquellos derivados de la existencia de un contrato que asegura que próximamente esos recursos serán recibidos, sino que solo se hizo el cálculo del déficit con los "ingresos percibidos" hasta la fecha en que se realizó la fiscalización.

Esto fue -de acuerdo a las mismas fuentes- lo que ocurrió en el caso de Viña del Mar, pero no sería el único municipio afectado por la discrecionalidad de la fórmula empleada para el cálculo de los déficits comunales. Las Municipalidad de Melipilla, liderada por Iván Campos Aravena (RN); San Fernando, a cargo de Luis Berwart (independiente); Coquimbo, encabezada por Marcelo Pereira (independiente pro DC); Calama, liderada por Daniel Augusto Pérez (RN); Illapel, de Denis Cortés (independiente) y La Florida, dirigida por Rodolfo Carter (ex UDI), entre otras, también estarían en esa situación.

Según se establece en la Ley Orgánica de Municipalidades y la propia jurisprudencia de la Contraloría, la fórmula correcta de cálculo contable del déficit a las municipalidades, según es: ingresos presupuestarios (incluye los ingresos devengados) + (más) saldo inicial de caja (SIC) - (menos) gastos presupuestarios (incluye los gastos devengados) = (lo que da como resultado) déficit o superávit.

En el caso de las municipalidades -explican fuentes que conocen el tema- se debe considerar la existencia de presupuestos aprobados por los respectivos concejos municipales el año anterior. Por eso, en estos casos los "ingresos y gastos devengados" deben ser considerados para el análisis del déficit, porque son dineros que llegarán o se irán -según el caso-, pero deben ser contabilizados.

En pleno Festival de Viña uno de los humoristas que se presentó en el show de la Ciudad Jardín, el comediante Jorge Alís, lanzó una broma que aludía al "robo" que hacían los políticos y sostuvo: "Por acá también roban". Sentada en el palco la alcaldesa de esa comuna, Virginia Reginato (UDI) cambiaba el semblante. Unos días antes, el 29 de enero, Contraloría había emitido el duro informe que le atribuía una deplorable gestión municipal al establecer un déficit de $ 17.585.250.174. El texto fue un golpe casi mortal a la alcaldesa (ver nota secundaria).

Según el informe 577/2018, el cálculo del déficit se hizo ocupando los ingresos percibidos que ascendían a $ 84.139.802.468, a los que se les restó las obligaciones (gastos) devengadas $ 90.028.194.544 y se agregó $ 11.696.858.098, correspondientes a montos que no fueron oportunamente registrados. Esa fórmula dio $ 17.585.250.174.

Consultados sobre el señalado cálculo, desde Contraloría se señaló que "en la auditoría se utilizó el "ingreso percibido", porque se advirtió una diferencia significativa entre lo considerado como ingresos que se recaudarían ($ 94.317.481.875) y lo que efectivamente fue recaudado ($ 84.139.802.468).

Asimismo, se utilizó el "gasto devengado", porque eran las obligaciones de pagos registradas y reconocidas por la entidad ($ 90.028.194.544). Además, fue necesario adicionar todas las obligaciones que fueron detectadas en la auditoría y que no había registrado el municipio ($ 11.696.858.098)".

Sin embargo, de acuerdo a varias fuentes consultadas, la auditoría realizada al municipio de Viña del Mar habría incurrido en errores que terminaron por agrandar el déficit.

El dictamen N° 57602 de 2010 establece que la normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación aprobada por la Contraloría establece el principio de "devengado" para el reconocimiento de los hechos económicos, en virtud del cual deben contabilizarse todos los recursos y obligaciones en la oportunidad en que se generen u ocurran, independientemente de que estos hayan sido o no percibidos o pagados. Por ende, los recursos y las obligaciones devengadas siempre deben considerarse para estas operaciones. Dicha jurisprudencia agrega que tanto la deuda exigible al término del ejercicio anterior, así como las obligaciones no devengadas que no sean "cubiertas con el saldo inicial de caja", deberán solventarse con los fondos consultados en el presupuesto vigente.

En consecuencia, el "saldo inicial de caja" que corresponde a las disponibilidades netas en cuenta corriente bancaria y en efectivo de los organismos públicos, también debe considerarse para calcular el déficit del municipio.

Si el auditor de la Región de Valparaíso hubiera aplicado al municipio de Reginato la fórmula incluyendo también los ingresos devengados -como se sostiene en las normativas-, que en el caso del análisis contable de Viña del Mar eran de $ 94.317.481.875, el resultado del déficit sería de $ 7.407.570.767, muy lejos de los $ 17.500 millones atribuidos. Pero si además se suma el Saldo Inicial de Caja, que en el caso de la Ciudad Jardín es de $ 5.314.070.050, la suma incluso podría rebajarse aún más, quedando en $ 2.093.500.717.

Quienes conocen el tema sostienen que un ejemplo de la discrecionalidad con la que se elaboró el informe de auditoría en Viña del Mar es Coquimbo, municipio dirigido por el DC Marcelo Pereira, en cuyo informe final, 751-2017, en el que auditó la gestión municipal y de salud, la cual detectó un déficit de $ 1.500 millones, y si bien en ese caso -contrario a Viña del Mar- sí consideraron el Saldo Inicial de Caja, no se consideraron los ingresos devengados.

Un documento de la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Viña del Mar al que accedió Reportajes , en tanto, establece que el déficit municipal al 31 de diciembre de 2018 es de $ 4.165.616.000

Al ser contrastadas estas versiones, en Contraloría defendieron el informe de auditoría realizado en esa municipalidad, aunque admitieron su "principio conservador". "El devengado es el principio contable básico de registro. Y es como se debe contabilizar. La determinación aplicada en la auditoría es utilizado en base contable, adicionando o restando partidas que no sean razonables, por eso, por ejemplo, se debió considerar las obligaciones no registradas que se determinaron en la auditoría, aplicando un criterio conservador", señalaron desde el órgano fiscalizador.

Quienes conocen el tema, no obstante, aseguran que ese principio señalado no se ha aplicado anteriormente ni está autorizado por la Contraloría en sus documentos oficiales. Las mismas fuentes destacan que si no se confíó en las cifras entregadas por una municipalidad (ingresos devengados) debieron dejarlo expresamente anotado en la auditoría entregada el 29 de enero. Y eso no está establecido allí.