Hizo una pausa y volvió a preguntar durante la reunión: "¿Están realmente seguros de que los cálculos de las auditorías de déficit municipal tienen errores?". Eran pasadas las 10.00 am del jueves 28 de febrero cuando la voz del contralor Jorge Bermúdez, según uno de los presentes en la cita, retumbó en las paredes de la Sala 216 de la División de Análisis Contable (DAC) en la que -según la agenda de la autoridad- se desarrolló una reunión de trabajo.

Tan seguros estaban los profesionales presentes en la cita que, además, le mostraron a Bermúdez un informe con los detalles de sus cálculos.

El jefe de la DAC, el ingeniero Patricio Barra, se apuró entonces en explicar a Bermúdez lo que había sucedido. Una analista contable de la Región Metropolitana -Carmen Luengo- había hecho una consulta a su división respecto de cuál era la fórmula correcta del cálculo contable a las municipalidades.

Fue así como se encargó a la Unidad de Análisis Financiero de la DAC, dirigida por el ingeniero civil industrial Ignacio Tapia -también presente en la reunión con el contralor- para revisar la información.

La conclusión, según se dijo, fue que tras un comparativo de las auditorías que se habían hecho en los últimos meses se detectó que los funcionarios de las contralorías regionales que auditaban a los municipios no usaban una única fórmula para el análisis contable, sino más bien varias. ¿El resultado? Los déficits establecidos por la Contraloría podían resultar distintos según la fórmula aplicada.

Para la DAC era necesario, entonces, uniformar los criterios. Por esta razón solicitaron a los expertos en ejecución presupuestaria de la División Jurídica hacer una propuesta para estandarizar el trabajo de los departamentos de auditoría de cada Contraloría regional. Ese fue el planteamiento que llevaron a Bermúdez el 28 de febrero.

Pero había un punto aún más delicado: algunos cálculos realizados a los municipios y ya oficializados no estaban apegados a la Ley Orgánica de Municipalidades, ni a las instrucciones sobre contabilidad general de la nación o los dictámenes que la propia Contraloría había emitido.

De inmediato rondó en la sala la fiscalización más reciente y que tiene al borde de la destitución a la alcaldesa Virginia Reginato (UDI): el lapidario informe sobre la gestión contable del municipio de Viña del Mar, en que la Contraloría le atribuyó un déficit fiscal de más de $ 17.500 millones.

"¿Era posible que en ese caso también existiera un error?", fue la duda que surgió entre algunos de los presentes.

De esta cita hay varios testigos, según sostienen fuentes del organismo fiscalizador. Junto al contralor, estaba su asesora de gabinete, Claudia Sepúlveda, quien tomaba nota de la situación detectada por la DAC, además de Pablo Soto, del área de fiscalización contable, y Leonardo Lemes, de la Unidad de Coordinación Regional Central.

Quienes conocen de la cita aseveraron que Bermúdez solicitó que el señalado informe quedara a la espera de que se revisara la situación a fondo.

En un segundo encuentro ese mismo día -del que también quedó registro en la agenda de la autoridad, a las 14.30 horas-, el contralor habría bajado el tono e incorporando en esta cita al jefe de la División de Auditorías, Eduardo Díaz, y una abogada de Asesoría Jurídica para volver a analizar el caso, y se concluyó que dicho informe elaborado por la DAC tuviera calidad de "borrador" y no de un informe final.

Consultados por la reunión en la Contraloría señalaron que "una de las labores que tiene la División de Análisis Contable (DAC) es siempre estudiar las distintas metodologías que existen dentro de la administración de Estado para medir el déficit y realizar propuestas para mejorar las auditorías".

Planificación de auditorías

Las auditorías a los municipios por parte de Contraloría son aleatorias. Los presupuestos de alto volumen y la existencia de 345 municipios hacen imposible que los funcionarios del organismo puedan realizar fiscalizaciones periódicas.

Al interior del organismo se señala que todos los años se eligen aquellas que tengan más riesgo, es decir, las que presenten la mayor cantidad de denuncias recibidas, montos que maneja la entidad y resultados de auditorías previas.

En el informe de la DAC , según un conocedor de esa reunión del 28 de febrero, había varios ejemplos de municipios en que se aplicaron fórmulas contables en que solo se consideraron "ingresos" y "egresos", pero no incluían el "Saldo Inicial de Caja" (SIC) disponible en sus cuentas corrientes.

Otro de los problemas detectados fue que algunos auditores no consideraban los "ingresos devengados", es decir, aquellos derivados de la existencia de un contrato que asegura que próximamente esos recursos serán recibidos, sino que solo se hizo el cálculo del déficit con los "ingresos percibidos" hasta la fecha en que se realizó la fiscalización.

Esto fue -de acuerdo a las mismas fuentes- lo que ocurrió en el caso de Viña del Mar, pero no sería el único municipio afectado por la discrecionalidad de la fórmula empleada para el cálculo de los déficits comunales. Las Municipalidad de Melipilla, liderada por Iván Campos Aravena (RN); San Fernando, a cargo de Luis Berwart (independiente); Coquimbo, encabezada por Marcelo Pereira (independiente pro DC); Calama, liderada por Daniel Augusto Pérez (RN); Illapel, de Denis Cortés (independiente) y La Florida, dirigida por Rodolfo Carter (ex UDI), entre otras, también estarían en esa situación.

Según se establece en la Ley Orgánica de Municipalidades y la propia jurisprudencia de la Contraloría, la fórmula correcta de cálculo contable del déficit a las municipalidades, según es: ingresos presupuestarios (incluye los ingresos devengados) + (más) saldo inicial de caja (SIC) - (menos) gastos presupuestarios (incluye los gastos devengados) = (lo que da como resultado) déficit o superávit.

En el caso de las municipalidades -explican fuentes que conocen el tema- se debe considerar la existencia de presupuestos aprobados por los respectivos concejos municipales el año anterior. Por eso, en estos casos los "ingresos y gastos devengados" deben ser considerados para el análisis del déficit, porque son dineros que llegarán o se irán -según el caso-, pero deben ser contabilizados.

El descalabro en Viña del Mar

En pleno Festival de Viña uno de los humoristas que se presentó en el show de la Ciudad Jardín, el comediante Jorge Alís, lanzó una broma que aludía al "robo" que hacían los políticos y sostuvo: "Por acá también roban". Sentada en el palco la alcaldesa de esa comuna, Virginia Reginato (UDI) cambiaba el semblante. Unos días antes, el 29 de enero, Contraloría había emitido el duro informe que le atribuía una deplorable gestión municipal al establecer un déficit de $ 17.585.250.174. El texto fue un golpe casi mortal a la alcaldesa (ver nota secundaria).

Según el informe 577/2018, el cálculo del déficit se hizo ocupando los ingresos percibidos que ascendían a $ 84.139.802.468, a los que se les restó las obligaciones (gastos) devengadas $ 90.028.194.544 y se agregó $ 11.696.858.098, correspondientes a montos que no fueron oportunamente registrados. Esa fórmula dio $ 17.585.250.174.

Consultados sobre el señalado cálculo, desde Contraloría se señaló que "en la auditoría se utilizó el "ingreso percibido", porque se advirtió una diferencia significativa entre lo considerado como ingresos que se recaudarían ($ 94.317.481.875) y lo que efectivamente fue recaudado ($ 84.139.802.468).

Asimismo, se utilizó el "gasto devengado", porque eran las obligaciones de pagos registradas y reconocidas por la entidad ($ 90.028.194.544). Además, fue necesario adicionar todas las obligaciones que fueron detectadas en la auditoría y que no había registrado el municipio ($ 11.696.858.098)".

Sin embargo, de acuerdo a varias fuentes consultadas, la auditoría realizada al municipio de Viña del Mar habría incurrido en errores que terminaron por agrandar el déficit.

El dictamen N° 57602 de 2010 establece que la normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación aprobada por la Contraloría establece el principio de "devengado" para el reconocimiento de los hechos económicos, en virtud del cual deben contabilizarse todos los recursos y obligaciones en la oportunidad en que se generen u ocurran, independientemente de que estos hayan sido o no percibidos o pagados. Por ende, los recursos y las obligaciones devengadas siempre deben considerarse para estas operaciones. Dicha jurisprudencia agrega que tanto la deuda exigible al término del ejercicio anterior, así como las obligaciones no devengadas que no sean "cubiertas con el saldo inicial de caja", deberán solventarse con los fondos consultados en el presupuesto vigente.

En consecuencia, el "saldo inicial de caja" que corresponde a las disponibilidades netas en cuenta corriente bancaria y en efectivo de los organismos públicos, también debe considerarse para calcular el déficit del municipio.

Si el auditor de la Región de Valparaíso hubiera aplicado al municipio de Reginato la fórmula incluyendo también los ingresos devengados -como se sostiene en las normativas-, que en el caso del análisis contable de Viña del Mar eran de $ 94.317.481.875, el resultado del déficit sería de $ 7.407.570.767, muy lejos de los $ 17.500 millones atribuidos. Pero si además se suma el Saldo Inicial de Caja, que en el caso de la Ciudad Jardín es de $ 5.314.070.050, la suma incluso podría rebajarse aún más, quedando en $ 2.093.500.717.

Quienes conocen el tema sostienen que un ejemplo de la discrecionalidad con la que se elaboró el informe de auditoría en Viña del Mar es Coquimbo, municipio dirigido por el DC Marcelo Pereira, en cuyo informe final, 751-2017, en el que auditó la gestión municipal y de salud, la cual detectó un déficit de $ 1.500 millones, y si bien en ese caso -contrario a Viña del Mar- sí consideraron el Saldo Inicial de Caja, no se consideraron los ingresos devengados.

Un documento de la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Viña del Mar al que accedió Reportajes , en tanto, establece que el déficit municipal al 31 de diciembre de 2018 es de $ 4.165.616.000

Al ser contrastadas estas versiones, en Contraloría defendieron el informe de auditoría realizado en esa municipalidad, aunque admitieron su "principio conservador". "El devengado es el principio contable básico de registro. Y es como se debe contabilizar. La determinación aplicada en la auditoría es utilizado en base contable, adicionando o restando partidas que no sean razonables, por eso, por ejemplo, se debió considerar las obligaciones no registradas que se determinaron en la auditoría, aplicando un criterio conservador", señalaron desde el órgano fiscalizador.

Quienes conocen el tema, no obstante, aseguran que ese principio señalado no se ha aplicado anteriormente ni está autorizado por la Contraloría en sus documentos oficiales. Las mismas fuentes destacan que si no se confíó en las cifras entregadas por una municipalidad (ingresos devengados) debieron dejarlo expresamente anotado en la auditoría entregada el 29 de enero. Y eso no está establecido allí.

El momento más difícil de la alcaldesa Virginia Reginato

El viernes 22 de marzo, apenas unas horas después de que el Tribunal Electoral de Valparaíso acogiera a tramitación el recurso presentado por cuatro concejales de oposición, solicitando la destitución de la alcaldesa UDI de Viña del Mar por notable abandono de deberes, Virginia Reginato ingresó al Palacio de La Moneda para reunirse a solas con la ministra vocero de gobierno, Cecilia Pérez.

La edil no ocultaba su preocupación. Tras 14 años al mando del municipio de la Ciudad Jardín, Reginato enfrenta uno de los momentos más complejos de su carrera política. El procedimiento que lleva en su contra el Tribunal Electoral podría extenderse a lo menos seis meses y sus resultados no se conocerán sino hasta después de que los partidos políticos y las coaliciones hayan tomado definiciones respecto de las candidaturas para las próximas elecciones municipales de 2020. Y aunque hasta ahora Reginato se mantiene como la principal carta de la centroderecha para retener Viña del Mar en manos del oficialismo, los cuestionamientos a su gestión al mando del municipio dados a conocer por la Contraloría en su informe de auditoría de enero pasado -donde se menciona un déficit de más de $ 17 mil millones en las arcas viñamarinas, entre otras observaciones- fueron un duro golpe para la edil, que si bien ha sido reelecta en las últimas tres elecciones, ha visto reducirse significativamente su caudal de votos desde el 78,7% alcanzado en 2008 a un 53,9% en 2016.

En la cita en La Moneda con la ministra Pérez, aseguran tanto fuentes de gobierno como del entorno de la alcaldesa, Reginato pidió consejos comunicacionales para enfrentar esta crisis. También, afirman sus cercanos, aprovechó la ocasión para quejarse por el poco apoyo que, a su juicio, le había dado hasta entonces la directiva gremialista, que encabeza la senadora Jacqueline van Rysselberghe, y algunos sectores de Chile Vamos.

Recién este viernes 29, la timonel gremialista rompió su silencio frente al caso que afecta a Reginato. "(La acusación) en un acto desesperado de la oposición para intentar dañar la imagen de la alcaldesa, con un claro intento de obtener réditos a poco más de un año de la elección municipal", afirmó Van Rysselberghe.

Para los cercanos a Reginato, la distancia que había mantenido hasta ahora la presidenta de la UDI de la alcaldesa de Viña del Mar era una vuelta de mano por el apoyo que la edil le dio al diputado Javier Macaya en la pasada elección interna del partido. Fue precisamente en Viña del Mar donde el diputado por el distrito 15 y contendor de Van Rysselberghe sacó una de sus más altas votaciones.

Junto a las diputada María José Hoffmann y el senador RN Francisco Chahuán, Macaya ha seguido apoyando a Reginato en medio de esta crisis. La alcaldesa confía, eso sí, en que ahora podrá alinear en su defensa a algunos concejales de su sector, especialmente a la también UDI Macarena Urenda, quien ha criticado públicamente la gestión administrativa de su correligionaria y no ha ocultado su interés por convertirse en la carta gremialista para competir por la alcaldía de Viña del Mar el 2020 o al menos disputar una primaria.

Por eso, a Reginato le urge resolver cuanto antes las acusaciones que le formularon los concejales de oposición ante el Tribunal Electoral a raíz del informe de Contraloría.

Su defensa, a cargo del abogado Raúl Tavolari, presentará a más tardar el viernes 5 los descargos al requerimiento.

El borrador del documento de la defensa ya está avanzado -solo falta afinar algunos detalles- para lo cual Tavolari se trasladará al edificio del municipio de Viña del Mar el lunes y martes para tener acceso directo a los técnicos y profesionales de las áreas de control y finanzas que puedan aclarar uno a uno los puntos que fueron objetados por Contraloría y sirvieron de base para la solicitud de destitución de la alcaldesa.

Uno de los objetivos de la defensa es demostrar que el déficit actual del municipio es de cerca de $ 4 mil millones, una cifra muy inferior a los $ 17 mil millones que estableció la auditoría de la Contraloría regional. La enorme brecha entre las cifras, afirman en el entorno de Reginato, se explicaría por errores metodológicos en la auditoría del ente contralor.

La defensa repara en el hecho de que, en el caso de las finanzas de Viña del Mar, la Contraloría haya comparado los ingresos percibidos con los gastos devengados, una fórmula que incrementó en varios miles de millones el monto del déficit del municipio. Ese es precisamente el punto que han objetado internamente expertos de Contraloría (ver nota central).

Mientras no se aclare este episodio, Reginato seguirá manteniendo un bajo perfil, aun a sabiendas de que eso la ha debilitado políticamente.

En febrero pasado, en pleno Festival de la Canción de la Ciudad Jardín, uno de los eventos más importantes del verano, por primera vez desde que está al mando de la alcaldía, Reginato debió mantenerse prácticamente al margen. No desfiló por la alfombra roja, sino que recibió en un discreto lugar a los invitados, y debió negociar con los canales para que durante las noches del Festival no se transmitiera su imagen en las pantallas gigantes de la Quinta Vergara, por temor a que se desataran las pifias.

Quien fuera por más de una década "la reina" de Viña, quedaba fuera de escena.