La silenciosa crisis que tuvo al filo a la U. de Aconcagua

Aunque nadie lo decía explícitamente, hasta marzo las señales parecían inequívocas al interior de la Universidad de Aconcagua (UAC). "Todo hacía pensar que íbamos directo a la quiebra. Incluso trabajamos con algunos abogados para prepararnos", cuenta Marcos Venegas, tesorero del sindicato de la casa de estudios.

Era cosa de ver los síntomas que se arrastraban desde hacía un tiempo para revivir algunos fantasmas que han terminado por derribar a otras universidades privadas en los últimos años. Un crecimiento explosivo seguido de una disminución progresiva de las matrículas. Carreras que comenzaron a cerrar el ingreso a nuevos alumnos y la factorización de sus pagarés para tener liquidez. Meses de arriendos de inmuebles sin pagar y multas que se acumulaban. Atrasos en los pagos de las remuneraciones e imposiciones de funcionarios y docentes. Y una deuda creciente, donde los principales acreedores, según sus propios estados financieros, son empresas relacionadas a quien controla la corporación desde 2008, el empresario y dueño del Grupo Graneles, Gonzalo Vial Concha.

Todo ha pasado sin hacer mucho ruido. Las pocas apariciones que ha tenido la UAC en el último tiempo se han relacionado al escándalo en la Corte de Apelaciones de Rancagua, ya que el ministro Emilio Elgueta -actualmente formalizado por prevaricación y enriquecimiento ilícito- era docente de Derecho Procesal en esa universidad.

De las 22 sedes que llegó a tener, hoy solo mantiene nueve, y si en 2013 llegó a tener más de 11.300 alumnos, actualmente son menos de la mitad. Desde la universidad explican que esa reducción responde a "un plan estratégico y un ordenamiento cuyo objetivo final es enfrentar de mejor manera el proceso de acreditación". Una meta difícil de alcanzar si se considera el camino que han seguido los últimos años, pero al que hoy apuestan con una carta de último minuto para tapar en parte el hoyo financiero: un financiamiento cercano a los $ 2.000 millones cuyo origen no han querido transparentar.

La sesión del directorio de la UAC partió el 20 de marzo de 2018 con una sentencia categórica de José Venegas, su entonces vicepresidente ejecutivo: "La UAC se encuentra en un momento de inflexión. O damos el salto para convertirnos en una universidad capaz de acreditarse, o nos mantenemos en la parte baja del ranking con un mal pronóstico para el futuro".

Nunca en sus 30 años de existencia la UAC ha estado acreditada y el salto se veía lejano.

Mes y medio antes, el Ministerio de Educación (Mineduc) había emitido un informe que daba cuenta de varias falencias estructurales en una universidad que entonces tenía 7.500 alumnos matriculados en sus nueve sedes. Hoy bordean los 5.500, en su mayoría trabajadores con familia y en planes de continuidad de estudios.

El documento decía que carecía de un modelo definido y claro de gestión y organización, que su plan estratégico no estaba claramente delineado, que debía solucionar el alto endeudamiento con empresas relacionadas a su controlador (que en 2016 llegó a más de $ 7.023 millones), y que la falta de infraestructura propia era un problema crítico que hacía imposible pensar en un buen pronóstico si el objetivo era acreditarse, como exige la nueva Ley de Educación Superior (LES) a las universidades que quieran seguir funcionando.

Y aunque Venegas no lo dijo, había más. Un mes antes, Pablo Latife, socio de la inmobiliaria que le arrendaba a la UAC su sede en Rancagua, en calle Germán Riesco N° 44, decidió sacarlos. "Eran poco serios y poco cumplidores", dice hoy. No le habían pagado el arriendo por 10 meses, desde mayo de 2017. Los llevó a juicio y el fallo a fines de ese año determinó que la universidad había incumplido el contrato y que debía devolver el inmueble "bajo apercibimiento de ser lanzado con el auxilio de la fuerza pública".

También arrastraba deudas con la Diócesis de Villarrica por el no pago de arriendo de la sede que tenía en Valdivia. Y en La Serena ocurría lo mismo: no había pagado enero, febrero ni marzo. Debía desde 2013 todas las cuotas por patente comercial a la Municipalidad de Santiago. Se había atrasado, además, en los pagos de las remuneraciones de sus trabajadores y en las cuotas de docencia por hasta dos meses, y tampoco estaba cancelando a tiempo las prestaciones de salud y previsión de su personal.

En una demanda laboral contra la UAC, su excontador Felipe Burgos acusó: "En los períodos entre 2016-2018, en muchas oportunidades los trabajadores debimos utilizar cuentas corrientes personales y tarjetas de crédito para el pago de proveedores, docentes y remuneraciones".

Lo mismo dicen varias personas que debían mover platas en la universidad. En la sede de Calama, por ejemplo, Pedro Cortés, encargado de las Finanzas hasta fines de 2018, acusó que muchas veces no se le enviaban fondos para hacer funcionar el establecimiento y que debía cubrir las deudas con su propio dinero.

Para intentar pagar a tiempo, algunos directivos pidieron créditos personales de $ 20 millones cada uno. Así lo hicieron el rector, Roberto Castro; el vicerrector de Finanzas, Francisco González, y el contralor, Sergio Búrquez. Hoy ninguno sigue en la universidad.

A Castro lo desvincularon durante esa misma sesión de directorio de marzo de 2018. Duró apenas un año en el cargo y en su reemplazo asumió la exvicerrectora académica Katherine López, convirtiéndose en la quinta persona en ocupar ese puesto desde 2010.

Asumió una nueva administración con la misión de efectuar una auditoría forense (aún en curso) y lograr un equilibrio al término de 2018, pero no se logró. Venegas también fue destituido poco después. Se suponía que el proceso de autoevaluación que llevaban en curso desde 2017 para postular a la acreditación culminaría a comienzos de 2019 con la entrega de un informe a la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), pero todo se detuvo antes. En octubre, la universidad volvió a caer en impagos en los arriendos, en honorarios de los docentes y en las cotizaciones de sus funcionarios. Algunos profesores incluso dejaron sus clases, como ocurrió en la sede Machalí. La situación se tornó crítica.

Hay al menos cuatro sedes que hoy están en juicio por no pago de arriendos hasta marzo de este año. A esos procesos se suman varias demandas civiles y laborales de distintos proveedores y extrabajadores.

"Nos daban excusas sin argumento. Que lo iban a arreglar, pero no decían más. Les hemos pedido que transparenten si la UAC está al borde de la quiebra, pero nunca lo van a decir", señala una funcionaria de la universidad.

Cuando en agosto asumió Jorge Avilés como el primer superintendente de Educación Superior, dijo que cuando la entidad empiece a operar en 2020, su principal misión será "anticiparse a las crisis". Por eso, en el sindicato algunos creían que debían adelantarse y denunciar la situación de la UAC. Pero ganó la opción de esperar, pues el riesgo de repetir la suerte de universidades como la Arcis, la del Pacífico o la Iberoamericana, todas hoy en proceso de cierre, podía ser muy alto.

En diciembre se reunieron con Juan Pablo Correa, presidente del directorio y hombre de confianza de Gonzalo Vial. No habría explicado los motivos de los sucesivos atrasos en los pagos ni por qué algunos se habrían hecho de forma fraccionada, pero acordaron constituir una agenda conjunta para evitar caer nuevamente en incumplimientos, lo que sería supervisado y acompañado por autoridades de la Seremi del Trabajo de Valparaíso. Además, les adelantó que como ya no habría más préstamos por parte del controlador, estaban en busca de un financista externo que permitiera sanear los pasivos. Y que se quedaran tranquilos, pues podían contar con que para abril se pondrían al día.

"Y al menos en lo laboral, cumplieron, hay que decirlo", dice Marcos Venegas.

En abril se saldaron las deudas previsionales pendientes y se normalizó mayoritariamente el pago al día de los sueldos. El dirigente de los trabajadores dijo a Reportajes desconocer el origen de ese dinero.

Comenzaron así los rumores de que detrás de esa inyección de capital podría haber una "venta encubierta" de la casa de estudios. Algo que ya sucedió hace 11 años, cuando Vial compró la UAC y la fusionó con la hoy extinta Universidad de Rancagua.

"Ya una vez viví una venta de esta universidad, y el período previo fue muy similar, con los mismos síntomas. Factorizar todo, dejar de pagar... Al final, igual llega un punto en que estás al borde del precipicio, solo que te demoras un poco más", cuenta una antigua empleada administrativa de la UAC.

En 2017 cambió la estructura de control de la UAC, pero fue algo solo de forma. Previo a los cambios de la LES, las sociedades comerciales con las que Vial controlaba la corporación (Inversiones La Estampa Ltda. e Inversiones Graneles del Sur S.A.) traspasaron el control a tres fundaciones creadas especialmente para ello: Buena Tierra, Nueva Tierra y Prodes.

En la UAC descartan que se trate de una venta, y solo reconocen que como la banca casi no está entregando créditos a universidades privadas, los recursos obtenidos -cerca de $ 2.000 millones- provienen de un fondo de inversión privado cuyo nombre no han querido revelar y que les permitiría cubrir la totalidad de sus deudas vigentes.

Respecto de los juicios en curso, señalan que el 50% no han sido notificados, porque habrían pagado con anterioridad o habrían terminado con avenimiento, aunque son muy pocos los que dan cuenta de ello en los registros del Poder Judicial.

Entre los trabajadores y algunos directivos aún hay incertidumbre. Si bien reconocen la puesta al día, no hay claridad sobre cómo se mantendrá la sostenibilidad financiera y se evitará una nueva desestabilización de la UAC.

Aunque no han tomado medidas porque no hay aún denuncias formales, en el Mineduc ya están al tanto y en marzo pidieron a la UAC informar sobre su situación financiera y los planes para enfrentar la crisis. También le preguntaron si irían o no por la acreditación institucional, pues el plazo para presentarse bajo la normativa vigente vence este mes.

Desde la universidad respondieron que no, que esperarán a que la CNA defina los nuevos criterios y sea esa institución la que, a partir de junio, defina cuándo deban presentarse. Al final, lo que ahí suceda definirá cuál será su futuro.