El trabajo está en una etapa muy avanzada, aseguran en el piso 13 del edificio Las Américas, en calle Miraflores 222, el "cuartel general" de la defensa de Chile frente a la demanda por obligación de negociar una salida soberana al mar presentada por Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia. Minutas con análisis de escenarios posibles -desde los más catastrofistas a los más positivos, pasando por una amplia gama de alternativas intermedias, y borradores con la bajada comunicacional del gobierno y de las demás autoridades de Estado frente a la sentencia del tribunal- en cada uno de los escenarios, se acumulan en el escritorio del jefe del equipo, el abogado Claudio Grossman. Y cada días se suman más.
Las oficinas se asemejan más a un estudio privado de abogados, como los muchos que hay en el mismo edificio, que a una dependencia del gobierno. Nada, salvo la presencia permanente de un carabinero en la antesala y medidas de seguridad extremas, como puertas blindadas con sistemas de ingreso con clave digital y sensores de huella dactilar, hacen pensar que lo que allí ocurre tiene que ver con la defensa de la soberanía e integridad territorial.
Al interior de "la agencia de Miraflores" el trabajo se ha intensificado en los últimos días. Si las estimaciones son correctas, el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en el litigio sobre obligación de negociar una salida soberana al mar presentado por Bolivia, podría darse a conocer a fines de septiembre o principios de octubre. Y aunque esto es solo una especulación, a partir de los tiempos que habitualmente se toman los jueces en sus deliberaciones, las cancillerías de Chile y Bolivia ya pusieron en marcha la cuenta regresiva para la sentencia.
Saben que el secretario de la corte, el belga Philippe Couvreur, advertirá a las partes con apenas dos o tres semanas de anticipación el día en que se dará lectura al fallo y permitir así a Chile y Bolivia preparar el estado de ánimo de su población para recibir la sentencia de los jueces.
No es mucho tiempo. Por eso, mañana el canciller Roberto Ampuero se reunirá con los miembros de las comisiones de Relaciones Exteriores del Senado y de la Cámara de Diputados para comenzar a abordar los escenarios que se pueden abrir con el fallo de La Haya. Será el primero de varios encuentros que está tratando de agendar la Cancillería para los próximos días, con miras a consensuar en lo posible una respuesta de Estado. El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito; los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, los socialistas Carlos Montes y Maya Fernández, están en la lista de pendientes, lo mismo que la exmandataria Michelle Bachelet, quien viajó a Ginebra para asumir como alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Con los expresidentes Eduardo Frei y Ricardo Lagos, Ampuero ya se reunió para tratar este tema y no se descarta que se les cite nuevamente para dar una señal de unidad. Se espera, además, que sean convocados en los próximos días los excancilleres, el Consejo Asesor de Relaciones Exteriores y no se ha descartado invitar a todos los presidentes de partidos a una reunión en La Moneda.
Para todas estas citas, el mensaje que pretende transmitir el equipo de la defensa es claro: evitar a toda costa que haya una sobrereacción a la sentencia.
"Es muy difícil que la corte diga que Chile ha incumplido una obligación de negociar, o que existe una obligación de negociar una salida soberana al mar, como pretende Bolivia en su demanda", aseguran los miembros del equipo jurídico chileno que dirige Grossman.
Pero, aunque las expectativas para Chile son buenas, sí hay margen para que el tribunal "aconseje", "inste" o "llame" a Chile y Bolivia "como países civilizados y miembros de las Naciones Unidas a retomar el diálogo", aun cuando no sea con un resultado predeterminado, como exigía La Paz.
Hay un solo escenario completamente previsible, señalan en el equipo de la defensa. Con Evo Morales como candidato presidencial, sea cual sea el resultado del fallo, buscará interpretar hasta la menor frase de los jueces en favor del diálogo como un triunfo de la causa boliviana.
Ya han dado señales en ese sentido. El domingo 26 de agosto, Morales anunció que "estamos muy cerca de volver al océano Pacífico", y el lunes 27 su canciller, Fernando Huanacuni, aseguró que su país ya se está preparando para retomar el diálogo con Chile.
Por lo mismo, la agencia de Miraflores ha recomendado al gobierno evitar que se instale en los días previos e inmediatamente posteriores al fallo un debate sobre la permanencia de Chile en el Pacto de Bogotá. En la Cancillería concuerdan que no sería conveniente, pues podría dar margen para una sensación de derrota.
Según los expertos y miembros del equipo jurídico de la defensa, Chile no puede amenazar con desconocer la sentencia. Hacerlo implica quedar expuesto a que se aplique el ar-tículo 94 de la Carta de las Naciones Unidas. Esta norma señala que "los estados miembros de la ONU se comprometen a cumplir las decisiones de la Corte Internacional de Justicia. Si una de las partes en litigio dejare de cumplir las obligaciones que le imponga un fallo de la corte, la otra parte podrá recurrir al Consejo de Seguridad, el cual podrá, si lo cree necesario, hacer recomendaciones o dictar medidas con el objeto de que se lleve a efecto la ejecución del fallo".
Bolivia ya se anticipó a esa posibilidad. Hasta diciembre próximo, el país altiplánico será miembro del Consejo de Seguridad de la ONU. Y a comienzos de este año, Morales nombró al embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas, Sacha Llorenti, como coagente ante La Haya.
Se trata, en todo caso, afirman en la agencia de Miraflores, de escenarios muy improbables. En lo que sí hay preocupación en círculos diplomáticos chilenos, es que el clima político que se puede instalar posfallo dificulte un acercamiento entre Chile y Bolivia, en vez de que sea visto como una oportunidad para cerrar una centenaria controversia entre dos países obligados a la vecindad.
Pocos saben que en 2011, poco después de que Bolivia amenazara con judicializar su aspiración marítima, los presidentes Sebastián Piñera y Evo Morales designaron a dos emisarios para llevar adelante conversaciones secretas tendientes a lograr un "Tratado de integración y desarrollo" que mejorara la "cualidad marítima" de Bolivia por territorio chileno, sin cesión de soberanía.
En diciembre de 2011, tras cuatro meses de conversaciones, las gestiones fracasaron. Pero lo que se discutió en ese momento, para algunos diplomáticos chilenos y bolivianos, podría servir de base para una nueva aproximación posfallo de La Haya.
"Aceptan los terrenos de la playa Las Machas, al norte de Arica, como parte de la negociación, pero solicitan que pueda idearse una figura jurídica que resguarde su opción de considerar también en el futuro los terrenos costeros que quedan situados entre el norte del aeropuerto y la línea de frontera con Perú".
Minutas secretas
Mendoza, 12 de agosto de 2011. Primera reunión secreta. "Conforme a lo acordado por los presidentes Morales y Piñera junto a sus cancilleres en la reunión del 28 de julio en Lima, el viernes 12 de agosto se realizó en Mendoza, con la reserva del caso, la reunión con Walker San Miguel, excónsul de Bolivia en Chile, quien para estos efectos actuaba mandatado por su presidente. La conversación, en todo momento se desarrolló en un clima de cordialidad, se inició, como era de esperar, intercambiando opiniones respecto del complejo escenario que hemos enfrentado luego del 23 de marzo". Así parte la primera de cinco minutas que escribió el entonces jefe de la Direcon y luego ministro de Energía del primer gobierno de Piñera, Jorge Bunster, en las que daba cuenta de la misión que le habían encomendado el Mandatario y el entonces canciller Alfredo Moreno.
Fuentes diplomáticas afirman que el contenido de estas minutas solo era conocido por Piñera, Moreno y el subsecretario de Relaciones Exteriores de la época, Alfonso Silva, y han permanecido archivadas en Cancillería desde entonces.
La decisión de nombrar emisarios que llevaran adelante un diálogo informal y reservado sobre una salida al mar sin soberanía y que respetara el Tratado de 1904 la habían tomado los presidentes Piñera y Evo Morales durante una tensa reunión bilateral, que se extendió por una hora y 45 minutos, en uno de los salones del hotel Country Club de Lima, previo a la ceremonia de asunción al mando de Ollanta Humala.
Para entonces, el clima entre los dos gobiernos estaba enrarecido. En febrero de 2011, la DEA, la agencia antinarcóticos de Estados Unidos, había detenido en Panamá por tráfico de cocaína al general boliviano René Sanabria, ex zar antidrogas de Evo Morales, en una operación que se había iniciado en Arica con la cooperación de Carabineros. En la cita con Piñera, Morales enrostró que no les hubieran informado a ellos de la situación de Sanabria y el hecho de que la policía chilena ayudara a la DEA, organismo que, según el presidente boliviano, buscaba desestabilizar a su gobierno. A su vez, Piñera le reprochó a Morales sus constantes cuestionamientos a la validez del Tratado de 1904 y el hecho de que el 23 de marzo de ese mismo año, durante la conmemoración del Día del Mar, anunciara que llevaría la demanda marítima a tribunales internacionales.
Casi al finalizar la reunión en Lima, los dos presidentes acordaron realizar un último esfuerzo por el diálogo.
Fue Moreno quien propuso el nombre de Jorge Bunster para llevar adelante las conversaciones. El ingeniero comercial y empresario era uno de sus hombres de confianza en la Cancillería. Pero al no ser diplomático de carrera, el gobierno podía desconocer en cualquier momento que se trataba de un representante oficial y señalar que se trataba de gestiones privadas. Lo mismo hizo Evo Morales al escoger al abogado Walker San Miguel, quien había sido su ministro de Defensa y luego cónsul general en Chile.
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Jorge Bunster. FOTO: PEDRO CERDA/AGENCIAUNO/GRUPO COPESA[/caption]
Fue también en un céntrico hotel, pero en Mendoza, donde Bunster y San Miguel se encontrarían a solas por primera vez. El mandato que había recibido Bunster era preciso: avanzar en distintas fórmulas, pero jamás hablar de cesión de soberanía. Así lo hizo presente en la primera cita. "Hoy no está colocado el tema del corredor ni de la soberanía en la mesa, pero sí estamos disponibles para retomar una negociación que nos permita profundizar y perfeccionar los elementos que ya conoces y que han sido la base de las conversaciones entre nuestros presidentes y cancilleres", le dijo a San Miguel.
"San Miguel se muestra disponible a este planteamiento. Entiende que hoy no hay espacio para una negociación con soberanía, pero que sí podemos hacer una negociación para que su país mejore la 'cualidad marítima'", escribió Bunster en su informe.
La reunión duró varias horas. "San Miguel nos confidenció que en las conversaciones que él ha sostenido con Evo Morales, este echa de menos una buena relación con Chile. Se siente incómodo en el actual escenario. Y según ha sabido, son varios los gobiernos, y en particular Brasil, quienes le han sugerido que retome el diálogo con Chile", relató Bunster en su minuta al presidente y el canciller.
En la reunión, el representante boliviano sondeó la posibilidad de incluir en las negociaciones al vicecanciller Juan Carlos Iturralde, quien había participado en las tratativas por un enclave sin soberanía en territorio chileno al final del primer gobierno de Michelle Bachelet. "No podemos por ahora formalizar este diálogo de manera oficial, no mientras Bolivia siga asegurando que piensa llevar a Chile a los tribunales internacionales (...). En cambio, sí podemos retomar un diálogo reservado e ir avanzando en lo que se pueda ver por esa vía mientras logramos ir apaciguando los ánimos y evitando seguir haciendo declaraciones confrontacionales que van escalando por los medios. Eso es lo que debemos explorar según el encargo que tenemos", fue la respuesta de Bunster.
Los emisarios acordaron que la "negociación se haga sobre lo que podría ser 'un Tratado de Integración y Desarrollo", que fuera ratificado por los Parlamentos de Chile y Bolivia. Esto, añade San Miguel, permitiría, además, zanjar la obligación que se auto impuso Bolivia en su Constitución de denunciar el Tratado de 1904.
"Acordamos intercambiar los puntos que podría contener este tratado en los próximos días; sí salieron de manera preliminar algunos de ellos: Puerto y Complejo Industrial; Silala y recursos hídricos; venta de gas a Chile (levantar el veto); Inversiones, terreno en Arica; resolver el tema de la Constitución; administración del ferrocarril Arica-La Paz; perfeccionamiento del libre tránsito tanto para personas como mercancías", relata el emisario chileno al finalizar su primer informe.
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Walker San Miguel, exministro de Defensa de Bolivia y excónsul boliviano en Chile. Fotografia: archivo Copesa.[/caption]
Segundo encuentro
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2011. Bunster y San Miguel volverían a reunirse en secreto en un hotel de Buenos Aires menos de un mes después de su primera cita. "San Miguel confidenció que el día anterior sostuvo una reunión con el Presidente Morales, el vicepresidente García, su canciller y otras autoridades, a objeto de definir criterios para esta reunión en Buenos Aires (...). Walker se permitió señalar que hablaba directamente a nombre del Presidente Morales. Asegurarnos esa línea directa al máximo nivel es relevante para el trabajo que estamos intentando", redactó más tarde Bunster.
Para entonces, el gobierno chileno tenía dudas de cuánto piso tenía realmente el emisario boliviano, más aún cuando eran evidentes las diferencias al interior del equipo de Evo Morales respecto de cómo enfrentar a Chile y la demanda marítima.
En esta segunda cita, según la minuta que se redactó con el relato de Bunster, Walker San Miguel reiteró la necesidad de que el "Acuerdo de Integración y Desarrollo" fuera ratificado por los respectivos Congresos y que, "como muestra de buena disposición, Bolivia buscaría asegurar su aprobación antes de que Chile inicie lo propio con su Congreso".
Luego, ambos emisarios entraron al detalle de cada uno de los elementos que contendría este acuerdo de integración y desarrollo.
Chile ofreció a Bolivia hacerse cargo de la operación y mantenimiento del tren Arica-La Paz. Según Bunster, el emisario boliviano se mostró interesado siempre y cuando formara parte de una negociación mayor, que incluyera la posibilidad de recuperar para ellos el ramal del ferrocarril Antofagasta-Bolivia, en territorio boliviano. Incluso, mencionó el interés de realizar un encuentro entre el Presidente Morales y el grupo Luksic, dueños del ferrocarril.
"Es evidente que, desde la perspectiva boliviana, el ferrocarril puede ser un 'instrumento que acerque el mar a su gente'. San Miguel plantea el interés de incorporar vagones de pasajeros al ferrocarril, los que incluso pudieran llegar a través de la construcción de un nuevo ramal, a los terrenos costeros a los que nos referimos en esta minuta".
En la misma línea, señala Bunster, el representante boliviano habría manifestado el interés de su gobierno por tener algún tipo de participación, sea por concesión o administración, de la ruta Arica-Tambo Quemado, la principal carretera que usan los camioneros bolivianos en el transporte de mercancías hacia y desde el puerto de Arica.
El segundo punto del acuerdo era la entrega en concesión por parte de Chile de un complejo portuario. Aunque su ubicación no estaba clara (se mencionan Pisagua, Patache o Patillo) "se le hizo ver que la bahía de Mejillones podría ser la mejor alternativa, atendida la sinergia que pude lograr ese proyecto con otros emprendimientos que hay en la zona, sumado a la urbanización industrial existente, como a la conectividad ferroviaria que tenemos con Bolivia".
"Ellos tienen claro que estamos hablando de un puerto útil para desarrollar un emprendimiento industrial que favorezca sus exportaciones de minerales, gas y otros. Y también tienen claro que no estamos hablando de un enclave con soberanía, sino de un terreno en el borde costero con una dimensión suficiente de acuerdo con el proyecto que busquen desarrollar", resume Bunster de sus conversaciones con San Miguel.
"De manera muy entusiasta, San Miguel reconoce el interés que tiene el Presidente Morales en este proyecto. Fue particularmente explícito en hablar a nombre de él, diciendo que el Presidente (Carlos) Mesa cometió un profundo error al incorporar la prohibición de la venta de gas a Chile en el referéndum de 2004. Y, por lo mismo, el Presidente Morales está dispuesto a buscar los mecanismos legales que permitan eliminar ese veto", señala en su minuta el emisario chileno.
El tercer punto en la discusión de ese día fue "el más duro de la negociación", escribió Bunster. Se trata de la entrega en comodato de un terreno en el borde costero al norte de Arica, precisamente donde Bolivia aspira a un corredor soberano, "por ende, serán particularmente celosos al considerar una propuesta que nos les asegure indirectamente mejorar su posición negociadora pensando en el futuro (...). San Miguel señala que este es un tema difícil de 'vender' en Bolivia".
"San Miguel partió diciendo que era un terreno insuficiente, y fue particularmente incisivo en hacer mención a los terrenos al norte del aeropuerto que colindan con la frontera con Perú".
Según la minuta del emisario chileno, solo cuando Bunster amenazó con retirar esta oferta, San Miguel flexibilizó su postura y pidió que la tercera reunión se realizara en Arica, para inspeccionar el terreno que se les estaba ofreciendo en el sector playa Las Machas.
"Ellos saben que este ofrecimiento es relevante en tanto toman posesión de un terreno que está 'dentro del corredor', pero a su vez esta solución se queda tremendamente corta de su aspiración final, por lo tanto, se exponen a ser criticados por la opinión pública boliviana por haberse conformados con algo que, desde su óptica, es claramente insuficiente", señala la minuta.
Sobre el tema del Silala, en Buenos Aires, los emisarios avanzaron en un acuerdo similar al que habían alcanzado Chile y Bolivia durante el primer gobierno de Bachelet y que fue desechado por Evo Morales en 2009, tras las críticas de los movimientos cívicos de Potosí, que exigían el pago de una supuesta deuda histórica por parte de Chile.
San Miguel reconoce el interés que tiene el Presidente Morales en este proyecto. Fue particularmente explícito en hablar a nombre de él, diciendo que el Presidente (Carlos) Mesa cometió un profundo error al incorporar la prohibición de la venta de gas a Chile en el referéndum de 2004.
Arica, 16 de septiembre de 2011. Tras visitar el terreno ofrecido por Chile al norte de Arica, Bunster y San Miguel mantuvieron una extensa conversación que quedó reflejada en una tercera minuta. "El gobierno de Bolivia ya asumió que lo que estamos visualizando como elementos para una negociación no consideran soberanía, ya sea por la vía de un corredor o enclave. Por eso hacen suyo este concepto de 'solución de medio camino'", señala el reporte del emisario chileno.
Y agrega: "Aceptan los terrenos de la playa Las Machas al norte de Arica como parte de la negociación, pero solicitan que pueda idearse una figura jurídica que resguarde su opción de considerar también en el futuro los terrenos costeros que quedan situados entre el norte del aeropuerto y la línea de frontera con Perú".
San Miguel le indicó a Bunster que su gobierno aceptaba, además, que Bolivia tomara la operación y administración del tren Arica-La Paz una vez que estuvieran listos los trabajos de rehabilitación de la vía. También insistió en la solicitud de que Chile le entregara a Bolivia un muelle al servicio de Bolivia en el puerto de Arica, algo que ya había planteado el emisario de Evo Morales en la cita en Buenos Aires.
Sobre el puerto industrial ofrecido por Chile (en Mejillones u otra localidad) "reiteran su interés y se allanan entender esta negociación en la línea de lo que fuera el entendimiento Lagos-Banzer, vale decir sin soberanía", coloca Bunster en su minuta al Presidente Piñera.
En esa tercera cita, Bunster y San Miguel acuerdan iniciar el intercambio de borradores (non papers) para ir avanzando en la concreción de cada uno de los puntos de este acuerdo. También definen realizar un cuarto encuentro, esta vez en Calama, para visitar el río Silala y así avanzar en ese tema.
Calama, 28 de octubre de 2011. Tal como lo habían convenido en Arica, los emisarios presidenciales llegaron a Calama con una serie de documentos técnicos para intercambiar posiciones. Para entonces, la propuesta de Chile es "una solución intermedia" "con horizonte de soberanía". Un punto que está lejos de la aspiración boliviana, pero a la que el gobierno de Evo Morales se allanaba si es que se cumplían ciertos requisitos.
Las exigencias que plantea San Miguel en ese momento son: transferencia a Bolivia del tren Arica-La Paz, ya sea en propiedad o concesión. La entrega a Bolivia de la administración de la carretera Arica-Tambo Quemado. La entrega en comodato por 99 años de una zona costera en la playa Las Machas, al norte de Arica. "Esta 'zona boliviana' será exclusivamente turística y hotelera, eventualmente comercial, pero no será portuaria". Por lo mismo, Bolivia solicita que Chile le otorgue a Bolivia un muelle en el puerto de Arica y la posibilidad de una terminal o franja de aterrizaje en el aeropuerto de Arica, el que además deberá autorizar la llegada de aviones de pasajeros bolivianos.
En la minuta de este cuarto encuentro se deja establecido que "Bolivia acepta el ofrecimiento de una zona portuaria en el sur (Mejillones u otro lugar) y se obliga a realizar en él un desarrollo industrial con sujeción a la legislación chilena". Además, "Bolivia ofrece levantar el veto para la venta de gas a Chile y propone que YPFB y Enap creen una comisión para realizar estudios y eventualmente acuerdos conjunto".
Santa Cruz, 21 de diciembre de 2011. Los avances que habían logrado en Calama alentaban a que podría llegarse a un pronto acuerdo. Sin embargo, cuando Bunster volvió a reunirse por quinta vez con Walter San Miguel, en el hotel Los Tajibos, en la localidad de Santa Cruz, Bolivia, el representante c hileno vio al emisario de Evo Morales "muy presionado", "claramente estaba incómodo".
La conversación avanzó sin problemas en los puntos referidos al ferrocarril y al complejo portuario industrial en Mejillones. "Sin embargo, el tema se complicó cuando entramos al texto correspondiente al ofrecimiento del terreno al norte de Arica, en la playa Las Machas", escribió más tarde Bunster al gobierno chileno.
"Nos encontramos con un San Miguel que minimizó lo ofertado, considerándolo muy poco significativo como para aspirar a ser 'una solución de medio camino' (...). Él señaló que su gobierno ha aceptado una negociación sin soberanía, pero sí esperan que Chile facilite los términos de una negociación de medio camino que sume varios elementos que le permitan conformar 'buildin blocks' armónicos con lo que es su aspiración máxima para algún momento del futuro: un corredor al norte de Arica con soberanía".
A lo que San Miguel apuntaba era que Chile entregara el ferrocarril y la carretera en el entendido de que más adelante fueran parte de un corredor soberano.
"La negativa nuestra a acceder a estos tres puntos, por exceder el ámbito de nuestro mandato, lleva a que San Miguel plantee que la negociación sea continuada por los respectivos cancilleres", señala Bunster.
Era el fin de las negociación reservada. En su última minuta, Bunster advertía a Piñera: "Parece claro que los vientos internos en Bolivia van en la dirección de construir la demanda marítima. Muchos pueden constatar que ese camino es un gran error, pero ninguno se atreve a pagar el precio de oponerse".