Los dueños de la cárcel

Muros decorados con cerámicos que imitan la textura de la piedra, dos grandes espejos octogonales fijados en las paredes, justo frente al acceso principal; un asiento de madera rústico que invita a descansar frente a un televisor de alta definición. Allí, como si fuera un director de orquesta, un hombre de 37 años, con una extensa carrera internacional y que logró el reconocimiento de sus pares, realiza complicadas operaciones financieras.

Esta podría ser una escena dentro de una oficina en pleno Sanhattan. También podría ser una agitada mañana en una corredora de Bolsa. Y Daniel Reyes, el hombre en cuestión, podría ser el gerente general de una empresa. Pero no es ninguna de estas cosas. O quizás sí.

El espacio descrito fue por, al menos, un año la oficina que ocupó "Dany", el apodo de Reyes. Sí, realizaba complicadas transacciones de dinero. O más bien, financiaba y dirigía operaciones de narcotráfico. Sí, tenía una destacada carrera internacional. Era conocido en el mundo del hampa como un lanza internacional de alto calibre. Y sí, tenía reconocimiento de sus pares. En 2008, llegó a los titulares de prensa por trasladar más de 40 kilos de droga en su auto. Pero "Dany" cometió un error.

En el paradero 41 de Santa Rosa, en Puente Alto, fue detenido por Carabineros. ¿La causa? "Dany" no llevaba puesto su cinturón de seguridad. Luego de controlarlo junto a su copiloto, los policías revisaron el interior de su Chevrolet Aveo. El acompañante desenfundó su arma de 9 mm y, tras ser reducidos por los uniformados, en la maleta se encontraron con el gran cargamento de marihuana prensada que terminó con la libertad de "Dany".

A pesar de una condena por cinco años y un día, se recuperó. Su primera "oficina" fue la Cárcel de Puente Alto. Allí volvió a "emprender".

-Yo facilité la plata.

"Dany" confesó durante un nuevo juicio en su contra, en 2012. Fue financista en la compra de 40 kilos de pasta base. A cambio de $ 2,5 millones de "inversión" se le prometió un "retorno" de $ 15 millones. Esos fueron sus inicios como controlador del origen y destino de la mercancía. Aprovechando su libertad, tras cumplir su primera condena, apenas pasaron unos meses antes de que "Dany" volviera a ser detenido.

El 13 de mayo de 2013, la policía lo apresó con otros 20 kilos de droga, una escopeta y 20 municiones. Volvió a la cárcel, nuevamente por tráfico de drogas. Esta vez el castigo fue de 15 años. Desde ahí, lo intentó una vez más: lideró una nueva operación, sus cómplices fueron detenidos y "Dany" sumó a su prontuario otros 10 años de reclusión.

Considerado un reo de alta peligrosidad, Reyes fue trasladado a la ex Penitenciaría. Cumplía con todos los requisitos: multirreincidente y narcotraficante. Por su perfil fue derivado a una de las celdas de la Calle 6, donde directamente desde su asiento de madera rústico ubicado en su "oficina" de cerámicos que imitan la textura de la piedra habría realizado nuevas operaciones de tráfico de drogas que, según Gendarmería, le habría permitido ser uno de los reos que controlaban el lugar. Eso, hasta el 17 mayo, cuando, junto a otros tres presos, fue trasladado a la Cárcel de Alta Seguridad.

Un operativo ordenado por la dirección nacional de la institución carcelaria dejó en evidencia la "celda VIP" que permanecía oculta en la Calle 6 de la ex Penitenciaría. Apenas 21 días antes de este procedimiento, 82 efectivos de intervención táctica de Gendarmería habían desalojado y trasladado a 112 condenados que habitaban el Módulo Beta de Colina 2.

Pese a que más de 30 km separan a ambas cárceles, los hallazgos de módulos con privilegios indebidos para presos están unidos por dos factores en común: el narcotráfico y la corrupción de un grupo de funcionarios a cargo de la custodia y vigilancia de los reclusos.

Los episodios de corrupción detectados en Colina 2 y la ex Penitenciaría llevaron a que el tema del narcotráfico se transformara en una de las nuevas prioridades del gobierno, tanto para la cartera de Justicia, por lo ocurrido dentro de las cárceles, como para el Ministerio del Interior, con Carabineros, por los llamados "narcofunerales".

Imágenes publicadas en redes sociales revelaron lo que ocurre en distintas comunas del país donde grupos armados disparan al aire y lanzan fuegos artificiales en medio de cortejos fúnebres. A estos hechos se suma lo que ocurría dentro de las cárceles, con reclusos condenados por tráfico de drogas obteniendo beneficios irregulares dentro de las cárceles.

Es así como el Ministerio de Justicia, tras los hallazgos de módulos VIP controlados por delincuentes, solicitó al director nacional de Gendarmería, coronel Christian Alveal, poner en marcha un plan anticorrupción que no solo apuntaba a erradicar estas prácticas. También busca mejorar aspectos de seguridad interna, infraestructura y perfeccionar la formación de los nuevos funcionarios que egresarán de la escuela institucional.

"La formación de los gendarmes es débil, hay que cambiarla, hay que ponerle concepto de derechos humanos y cambiar la cultura", asegura el ministro de Justicia, Hernán Larraín.

Para la autoridad, uno de los temas más complejos de abordar es el poder que han ganado los grupos de narcotraficantes al interior de los penales: "Empezamos a tener la información de que en algunos centros penitenciarios hay verdaderos núcleos de narcotráfico, que no solo son centros de distribución interno, sino que también manejan y controlan hilos externos; probablemente eso que hacen hacia afuera sea poco incidente en el narcotráfico que hay en Chile, pero existe", asegura el titular de Justicia (ver entrevista).

Un informe confidencial que está en manos de las máximas autoridades de Justicia y de Gendarmería asegura que "en los últimos años se ha evidenciado un aumento significativo del narcotráfico y actos delictuales al interior de los establecimientos penitenciarios, los que constituyen un foco de peligro no solo para el orden interno, sino también para el exterior, siendo dichos hechos perpetrados tanto por internos como por gendarmes, generando verdaderas bandas delictuales", detalla el documento.

Los cambios en el mapa de poder dentro de las cárceles es un tema que Gendarmería sigue de cerca y que, en un informe, alertó sobre los efectos colaterales que podría acarrear para la seguridad pública. A raíz de esta situación, la entidad carcelaria pidió al gobierno recuperar unidades de alta seguridad que actualmente se encuentran en mal estado, como ocurre en el caso de Valparaíso, o habilitar nuevamente espacios que hoy están en desuso, a fin de aislar a los líderes narcos de regiones.

"Actualmente ha debido trasladarse un grupo de narcotraficantes a establecimientos penitenciarios repartidos en distintas regiones, las cuales muchas veces no tienen los estándares necesarios para su permanencia, atendidas sus medidas de seguridad. Asimismo, en ciertas ocasiones las bandas criminales se desplazan donde sus cabecillas se encuentran detenidos, migrando el tráfico (de drogas) y generando riesgos para la seguridad pública. En razón de lo anterior es necesario habilitar celdas que se encuentran actualmente inhabitables, a fin de aislar a estas personas riesgosas", detalla el informe del Ministerio de Justicia.

Para el director nacional de Gendarmería, coronel Christian Alveal, la relación que existe entre el narcotráfico y los actos de corrupción detectados al interior de las cárceles "es directa".

A juicio de la máxima autoridad penitenciaria, el primer paso para abordar este problema es "reconocer que existe, enfrentándolo con todas las herramientas legales y administrativas disponibles, con convicción y decisión, pues la sobrevivencia de la institución depende del éxito y fracaso de erradicar cualquier forma de corrupción. Este cáncer organizacional, la corrupción, coloca en grave riesgo la integridad física y vida de los miles de funcionarios que son un orgullo tenerlos en nuestras filas y de verdad se 'descrestan el lomo' por sacar la dura tarea adelante, arriesgan la vida y posponen a sus mismas familias por cumplir con la misión institucional. Por esos funcionarios, por los presentes, y por los que han pasado por nuestra institución, atacar la corrupción frontalmente es un imperativo no solo legal, sino también ético y moral", dijo a Reportajes.

Según Alveal, los grupos vinculados al tráfico de drogas han ganado mayor influencia dentro de las cárceles, "logrando erigirse como grupos de poder capaces de someter a delincuentes comunes, intentando seguir dirigiendo actividades ilícitas desde las cárceles. Es por ello que la administración penitenciaria rechaza toda reparación de dependencias con recursos provenientes del narcotráfico, sea cual sea su destino, pues no es otra cosa que la ostentación de poder dentro de espacios carcelarios e invierte los roles, poniendo al Estado como garante y partícipe del fortalecimiento de estas redes criminales, lo que resulta inaceptable".

Los actos de corrupción de gendarmes detectados por la propia entidad carcelaria se han traducido en la desvinculación inmediata de 61 funcionarios -solo en lo que va del año- por "incumplir el principio de probidad administrativa o la ley de drogas". Durante todo 2018 esa cifra llegó a 78 efectivos. Según fuentes de gobierno, entre los antecedentes que se han recabado durante los sumarios administrativos que se iniciaron por supuestas faltas a la probidad de gendarmes, se encuentra el presunto pago de un "bono anual" que habrían recibido funcionarios penitenciarios que estaban a cargo de la custodia y vigilancia directa de detenidos, por infringir la Ley 20.000.

En paralelo a las causas administrativas abiertas por la institución, el Ministerio Público investiga la arista penal de los hechos denunciados. En total, la fiscalía lleva adelante 29 investigaciones por delitos "que tienen a gendarmes en calidad de autores, cómplices o encubridores" de delitos cometidos dentro de los recintos carcelarios. La rápida tramitación de estos procesos que involucran a funcionarios con presuntos hechos ilícitos llevó al ministro de Justicia, Hernán Larraín, a sostener una reunión estratégica con el fiscal nacional, Jorge Abbott.

En el encuentro, realizado el 3 de mayo, también participó el subsecretario Juan José Ossa; el director de Gendarmería y fiscales jefes, quienes conocieron la realidad carcelaria. La autoridad del Ministerio Público se habría comprometido a llevar adelante una agenda de trabajo con foco en reducir los tiempos de tramitación de las causas en que son investigados gendarmes y las denuncias realizadas contra las bandas de narcotráfico que operan desde el interior de las cárceles. Según fuentes de gobierno, luego del operativo realizado en las cárceles Colina 2, la seguridad de las autoridades de Justicia y de Gendarmería aumentó de manera preventiva.

Además de la instalación de nuevas tecnologías al interior de los recintos carcelarios para evitar el tráfico de drogas y el ingreso de elementos prohibidos, el gobierno con la dirección nacional de Gendarmería trabajan en una serie de cambios en los procesos de formación de nuevos funcionarios. Es así como se decidió crear un "consejo asesor para la Escuela de Gendarmería". El objetivo de esta instancia, detalla un informe entregado al Ministerio de Justicia, es "acompañar, asesorar y orientar en dicho proceso a la dirección de la escuela".

Entre los miembros del consejo que estará a cargo de esta tarea se encuentra el empresario y académico Adolfo Arata Andreani, los profesores de la U. de Chile Álvaro Castro Morales y Olga Espinoza Mavila. También se encuentra la abogada y exdefensora nacional Paula Vial Reynal, el exsubsecretario de Educación Fernando Rojas Ochagavía y la académica del Instituto de Sociología de la U. Católica Pilar Larroulet, hija del exministro Cristián Larroulet. Esta instancia asesora sesionó por primera vez el 25 de marzo.

Otro de los puntos que contempla el plan de intervención de Gendarmería es el traslado de reclusos e, incluso, regresar a los condenados por delitos graves a sus países de origen. El hacinamiento carcelario, según el informe, es lo que se busca reducir con estas medidas.

"Actualmente existen una serie de establecimientos penitenciarios que se encuentran sobrepoblados, lo que, a su vez, importa hacinamiento, malas condiciones de habitabilidad y violencia, y ello, en definitiva, se traduce en menores posibilidades de reinserción. Por otra parte, contamos con otros tantos penales que se encuentran subutilizados, motivo por el cual Gendarmería ha elaborado un plan de traslados como estrategia frente a la sobrepoblación carcelaria.

En el caso de los traslados de reos al extranjero, el gobierno advierte que para concretar el regreso a su país se requiere la voluntad expresa de quien sería trasladado. En el informe, Gendarmería asegura que "considerando la creciente presencia de población extranjera perteneciente a países con los cuales no existe tratado en esta materia, durante el presente año (2019) se han formulado propuestas para incluir a las personas de nacionalidad colombiana, haitiana y dominicana, habiéndose redactado tratados bilaterales con dichos países".

La situación al interior de las cárcel se ha transformado en una nueva prioridad para las autoridades, a fin de evitar que hechos como los ocurridas en la ex Penitenciaría y Colina 2 se extiendan a otros penales.

Hernán Larraín, ministro de Justicia:

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MINISTRO DE JUSTICIA, HERNÁN LARRAÍN

Foto: Mario Téllez / La Tercera[/caption]

"Nadie nunca se había metido en el tema carcelario con la profundidad que lo estamos haciendo nosotros". El ministro de Justicia, Hernán Larraín, asegura a Reportajes que la lucha contra el narcotráfico dentro del sistema penitenciario se ha convertido en una de las prioridades de su cartera. Una misión que, anticipa, no será fácil.

"Todo esto tendrá consecuencias. Cuando tocas centros de interés recibes patadas. ¿Tocamos aquí intereses? Claro que sí. Lo haremos con algunos funcionarios de Gendarmería que han tenido complicidad en esto. Los narcotraficantes tampoco van a estar tranquilos", dice.

Sin embargo, para el ministro lograr erradicar el narcotráfico y la corrupción dentro de las cárceles son factores claves para poder facilitar el proceso de reinserción de reos que busca el gobierno.

"No hay reinserción posible con un adicto. Y si hay adictos, es porque hay tráfico", afirma.

¿Hasta dónde llega la influencia del narcotráfico en las cárceles?

Nos topamos con problemas de corrupción, de cohecho, de situaciones de funcionamiento irregular que no sabemos dimensionar, pero que se reflejan en la existencia de muchos sumarios, muchos, son miles de sumarios que se arrastran y no terminan. Y cuando empezamos a averiguar qué pasa, nos damos cuenta de que este tráfico de drogas no tiene un trabajo de lupa que permita decir: 'Aquí está el tema y lo atacamos'. Esto es complejo, porque la droga entra por mil caminos: por los lanzazos, por las visitas, por los abogados, por el funcionario. Entra un poco por aquí y por allá. Además, en algunos centros penitenciarios hay verdaderas bandas de narcotráfico, que no solo son centros de distribución interno, sino que también manejan y controlan hilos externos.

¿Se adueñan de las cárceles los narcotraficantes?

Creo que hay sectores en las cárceles donde efectivamente hay líderes muy poderosos y donde se hace muy difícil para los gendarmes cumplir con su función. Hay núcleos dentro de las cárceles con bandas muy poderosas y tenemos que ir terminando con esto. Hay que sacar a los cabecillas y desarmar a las bandas.

Uno de los problemas es que en estas bandas también participan los gendarmes...

Sabemos que más de algún trabajador penitenciario se involucra, se convierte en cómplice, facilita. Aunque sean pocos, eso favorece el funcionamiento de redes internas de delincuentes.

¿Cómo se llegó a un caso como el Módulo Beta?

Es distinto autorizar que alguien pueda tener un refrigerador con filete, porque eso puede ser burdo, pero no tiene la gravedad de autorizar a que exista un centro de distribución de droga. Es lamentable que en algún centro penitenciario los gendarmes den facilidades, pero otra cosa es que haya redes de narcotráfico y que en ellas puedan estar vinculados trabajadores de los centros penitenciarios. El trabajo de los gendarmes es uno de los más difíciles, hay unos pocos que caen en actos que no son propios y ahí es donde hemos puesto la mano dura.

¿Ha cambiado el sistema de poder entre los reos con el narcotráfico?

Lo que ha pasado es que ha cambiado el tipo de delito y la peligrosidad al interior de las cárceles. El cambio de naturaleza delictiva genera ejes de poder distintos, porque cuando hay un grupo violento, que es capaz de matar o tiene redes que pueden herir, eso es reflejo de poder, y cuando hay narcotraficantes que manejan plata, obviamente hay un cambio de poder en las relaciones internas. De hecho, los presos no pueden tener en efectivo más de 2 UTM $ 96.610) y, sin embargo, en estas redadas encuentras a gente con $ 300 mil.

El hecho de que existan funcionarios de Gendarmería que estén involucrados en actos delictivos, ¿no cree que es un reflejo de un problema en la formación?

La formación de los gendarmes es débil y hay que cambiarla. Así, los oficiales que hoy día se forman en dos años ahora se van a formar en cuatro, y los suboficiales que se forman en uno, ahora lo harán en dos. Además, junto al Consejo Asesor que creamos (ver nota) ayudaremos a capacitar a todo el personal de Gendarmería que trabaja hoy en las cárceles. Queremos que los gendarmes también sean educadores, que exista un cambio cultural, de hábitos y su manera de pensar.