Hace algunos días, el abogado Rodrigo Henríquez, representante del exalbacea de Augusto Pinochet -Óscar Aitken Lavanchy-, pidió al juez del caso Riggs, Guillermo de la Barra, que se liberen los US$ 1,3 millones incautados a su cliente en la investigación por el origen de la fortuna del excomandante en jefe del Ejército, causa judicial que ya llegó a su fin.
Antes de resolver, el ministro de la Corte de Apelaciones santiaguina advirtió a la viuda del general y al Consejo de Defensa del Estado (CDE), querellante en el caso. Estos últimos se opusieron asegurando que dichos dineros -que están en depósitos a plazo y fueron entregados por el albacea a la justicia desde Tasker Investments cuando estaba en inicio el caso Riggs- nunca se ha probado que pertenezcan a Aitken.
Por su parte, los abogados de Lucía Hiriart señalaron al juez que no debían pronunciarse respecto de la petición del exalbacea: "Los bienes raíces e inmuebles que da cuenta la causa (caso Riggs) fueron adquiridos por el general Augusto Pinochet y, por ende, hoy le pertenecen a su sucesión, cuyos miembros no son parte de este juicio".
Para el abogado de Aitken, tanto la presentación del CDE como de la viuda de Pinochet no son tolerables. "Hay cuestiones que resultan tan sorprendentes que llegan a ser incomprensibles. Y eso es lo que ocurre con las contestaciones presentadas por el CDE y apoderados de la familia Pinochet Hiriart al traslado conferido por su señoría ilustrísima a la petición de mi representada de que se restituya su dinero", dijo.
