Era una noche especialmente tranquila en el pasaje Profesor Alcaíno, de la población Carol Urzúa, en Puente Alto, un lugar acostumbrado -según sus propios residentes- a balaceras producto del narcotráfico. Pero ese jueves todo parecía en orden. Eso, hasta que un grito interrumpió esa inusual paz. Eran las 21 horas del 8 de agosto cuando se escuchó la alerta de un vecino: "¡Cuidado, vienen unos huevones con pistola!".

Adentro del almacén, ubicado a la altura del 01182 de ese pasaje, había cerca de 10 personas; algunas de ellas apostaban en los tragamonedas y atinaron a guarecerse tras las máquinas; otras, que se encontraban comprando abarrotes, intentaron esconderse tras el mesón. Fueron solo un par de segundos -dicen los testigos- cuando Carlos Vargas Durán (26 años, alias "El Jalea") ingresó con una subametralladora modificada, abriendo una ráfaga de fuego en contra de todos quienes estaban en el local. Luego de completar su ataque, Vargas, el pistolero, huyó rápidamente junto a su cómplice, Rodrigo Jesús Castro (26 años, alias "El Rorro").

Primero se oyeron los gritos, seguidos de una serie interminable de fogonazos. Finalmente, sobrevino un silencio, que se extendió hasta que los sobrevivientes abrieron los ojos. Había al menos 70 casquillos botados y múltiples cuerpos en el suelo; en palabras de las propias víctimas, en el lugar se había cometido una verdadera "masacre". A esa altura, Yerko Riveros Muñoz (18 años) agonizaba en el suelo. El joven, relataron después sus familiares, había dicho a su abuela que iría a comprar unas galletas y una bebida. Su muerte se constató dos horas más tarde en el Hospital Sótero del Río de Puente Alto.

Milton Lara Iturra (38 años) y Yéssica Reyes (47 años) también fueron trasladados con heridas de bala que resultaron ser mortales; ambos fallecieron en hospitales del sector sur de la capital.

Luis Bórquez Arriagada (46 años) y Jimmy Ávalos Gallardo (36 años) no alcanzaron a ser trasladados y murieron en el lugar. Uno de los presentes recuerda perfecto cómo la mujer fue la primera en caer ante el ataque de Vargas. Ambos se conocían. De hecho, no pocos sostienen que la balacera fue provocada porque una hija de Reyes, días antes, protagonizó una pelea con la hermana de uno de los pistoleros. La mujer D.P.R. fue una de las que se alcanzaron a refugiar al interior del almacén. Pero su madre, sostienen cercanos, se cruzó en la línea de fuego -según algunos- para proteger a su hija.

A la misma hora de la balacera, el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, junto a Carabineros del OS-9 allanaban una vivienda en la población Bajos de Mena. Era el domicilio de Camilo Gajardo Escalona, el joven de 28 años imputado por colocación de bombas que había sido detenido esa tarde. En la Región Metropolitana no se veía un hecho de sangre con cinco muertos en los últimos 30 años.

La Brigada de Homicidios (BH) de la PDI dio cuenta de inmediato de lo ocurrido al fiscal Barros, quien se trasladó esa misma noche junto a su equipo al sitio del suceso, ordenando de inmediato las primeras diligencias para ubicar a los responsables.

Pese a que actuaron encapuchados, Vargas y Castro son conocidos en la población Carol Urzúa. De hecho, "El Rorro" tenía dos órdenes de detención pendientes por asesinatos en la zona al momento de la balacera. El primero ocurrió hace poco más de un año, cuando, tras una acalorada discusión, Castro desenfundó un arma y disparó a quemarropa en contra de Pelayo San Martín (39 años) en la población Villa Los Industriales, también en Puente Alto, donde reside la madre del imputado, quien es una activa dirigenta vecinal.

El segundo episodio data del 13 de diciembre de 2018, cuando Castro terminó de un balazo con la vida de Felipe Herrera Gutiérrez (22 años).

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Rodrigo Jesús Castro, 26 años, alias "El Rorro".

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Una de las parejas de estas víctimas de los "pistoleros de Puente Alto" asegura a La Tercera que hace unos meses llamó a la PDI dando cuenta de que "el Rorro" se estaba quedando en una casa aledaña a la población La Frontera, pero que la respuesta del detective fue que no había personal. "Hay desidia, yo lo he conversado con la esposa de la otra víctima, que a nosotros no nos pescan porque nuestras parejas tenían antecedentes, pero da indignación cuando nos enteramos que ahora, como si nada, los mismos mataron a cinco personas y a nadie le importa. Al menos uno de ellos tendría que estar preso hace tiempo, pero así funciona, para nosotros los pobres, la justicia", sostiene la mujer, cuya identidad resguardaremos.

https://www.latercera.com/politica/noticia/hecho-grave-gobierno-reacciona-balacera-puente-alto-dejo-cinco-muertos/775475/

Un antecedente que hasta el momento se ha mantenido en estricta reserva por parte de la PDI es que el Juzgado de Garantía otorgó el domingo 11 de agosto una orden de allanamiento luego de que se ubicara a Castro en el domicilio de un familiar. Tras entregarse la orden judicial de entrada y registro no se hallaron moradores, pero a los minutos, y mientras una patrulla terminaba de realizar diligencias, el propio Castro fue detectado volviendo al domicilio, y la impericia policial permitió que escapara una vez más.

El 8 de agosto, a las 23 horas, los cuerpos de los fallecidos ya habían sido levantados del sitio del suceso y enviados al Servicio Médico Legal. El trabajo en el lugar da cuenta de que había sangre en las paredes y en el piso. También se encontró un líquido rosáceo en la vereda. Al examinarlo, se detectó que no pertenecía a ninguna de las víctimas ni sobrevivientes que resultaron heridos. La pericia dio match con el ADNde "El Rorro", que ya a esa altura sumaba, con solo 26 años, su séptimo homicidio.

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Carlos Vargas Durán, 26 años, alias "El Jalea".

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Una historia violenta

Entre la Subsecretaría de Prevención del Delito, ubicada en calle Agustinas 1235, y el almacén, en pasaje Profesor Alcaíno, donde el 8 de agosto murieron cinco personas, hay 27 kilómetros de distancia. Entre la misma repartición pública y el paso bajo nivel de Manquehue, en Las Condes, donde la subsecretaria Katherine Martorell hizo una pauta de seguridad el martes 13 -junto al alcalde Joaquín Lavín- hay 12 kilómetros. El alcalde de Puente Alto, GermánCodina, se preguntó por qué la preocupación de la subsecretaria no alcanzaba para trasladarse a su comuna. ¿Su respuesta? "Clasismo".

"Este es un hecho inédito, una masacre en democracia, el asesinato a mano armada de cinco personas, y uno pensaría que la vida de todos debería valer igual, pero esta indiferencia del Estado es lo que hemos advertido. De autoridades como la subsecretaria Martorell uno hubiera esperado mayor deferencia. Es incomparable la vida de cinco personas versus una cartera o cien que roben en el paso bajo nivel de Las Condes", dijo el alcalde Codina en alusión a la pauta de la autoridad de Interior esta semana.

Para el edil, este gobierno tiene la oportunidad única de "tomar esta enfermedad y darle un remedio" antes de que sea demasiado tarde, "y los niveles de violencia y homicidios se eleven como ha ocurrido en otros países de la región".

Familiares de las víctimas consultadas para este reportaje negaron haber sido contactadas por algún funcionario del gobierno central. Fuentes consultadas en el Ministerio Público aseguraron que la subsecretaría no se contactó en toda la semana para coordinar labores de apoyo para los familiares de los fallecidos. Sin embargo, la subsecretaria hizo llegar un comunicado en que asegura que "el día de la balacera en la población Carol Urzúa, de Puente Alto, me comuniqué de inmediato con el fiscal para tener más detalles de lo ocurrido, quien, además, solicitó a las autoridades que no concurrieran al lugar para resguardar de manera adecuada el sitio del suceso".

En la zona regional Metropolitana Sur, las muertes por ajustes de cuentas aumentaron en un 80% entre el 2017 y 2018, según cifras del Ministerio Público.

A agosto de este año, en ese sector de la Región Metropolitana se registran 34 homicidios cuyo móvil es un ajuste de cuentas. Este fenómeno delictual acontece principalmente entre pandillas rivales dedicadas al comercio ilegal de drogas, por conflictos familiares y riñas anteriores. La víctima más pequeña de estas conductas, que transcurren principalmente en las comunas de La Pintana y Puente Alto, ha sido una guagua de dos años, pese a que el promedio de edad de quienes han sido asesinados por este motivo es de 37 años.

La zona sur se caracteriza por concentrar la mayor cantidad de delitos violentos de la capital. En lo que va del año, 105 personas han terminado lesionadas o muertas por hechos de esta naturaleza.

Tanto "El Jalea" como "El Rorro" comenzaron su "carrera delictual" en su adolescencia. Vargas fue detenido por primera vez a los 17 años, cuando cometió un hurto en una tienda de retail, según registros del Poder Judicial. Luego pasó por distintos tribunales, imputado por robo con violencia, consumo de estupefacientes y amenazas de muerte. Su compañero, en tanto, registró su primera detención cuando tenía 16 años, por porte de arma punzante. De ahí acumuló 15 detenciones, casi una por año, incrementando su violencia desde el año pasado.

Fuentes de la investigación dicen que la captura de los pistoleros es inminente. Hasta el cierre de esta edición, ninguno había sido encontrado y en cada esquina del pasaje Profesor Alcaíno aún se oían los ecos de los disparos de una balacera que, para los vecinos de la poblaciónCarol Urzúa, es imposible de borrar.