Acababa de terminar el consejo extraordinario de fiscales regionales del país, el jueves 20, cuando se divisó al jefe metropolitano sur, Raúl Guzmán, ingresando a la oficina emplazada en el piso 10, ala este, del edificio institucional del Ministerio Público. ¿El destino? El despacho del fiscal nacional, Jorge Abbott.

Al interior de la fiscalía ya no es secreta la disputa que se desató entre el jefe de la Zona Sur y su par de O'Higgins, Emiliano Arias, respecto de quién será el fiscal que dirija la histórica investigación por abusos cometidos por religiosos, en particular aquellos que apuntan a años de eventual encubrimiento de estos delitos por parte de los más altos miembros del clero de la Iglesia chilena.

Decenas de carpetas con denuncias canónicas incautadas en tres allanamientos -en Rancagua y Santiago- a sitios claves del clero y que nunca llegaron a manos de la justicia civil hicieron al fiscal Arias abrir 70 investigaciones de oficio en los últimos tres meses. Las principales de ellas están dirigidas contra miembros de la Conferencia Episcopal que habrían tenido conocimiento de abusos cometidos por prelados y que -se investiga- habrían acallado a las víctimas para no ir a la justicia ordinaria y redestinado a los denunciados.

Estas causas penales abiertas recientemente por el jefe de Rancagua engrosan el inédito listado que realizó por primera vez este año la Unidad Especializada de Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional y que hace una radiografía a 20 años de denuncias contra sacerdotes, religiosos y personas vinculadas a la Iglesia Católica denunciadas alguna vez por actos de connotación sexual.

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Mapa de delitos sexuales de la iglesia entre 2000 y septiembre de 2018[/caption]

La recopilación de las causas criminales que se han abierto en Chile deja al descubierto un listado de 229 personas que han tenido calidad de imputadas en estos casos. De ellos, 18 han fallecido y otros 115 han tenido algún término judicial, como suspensión condicional, condena o archivo. Aunque de estas últimas hay varias que se reactivaron con la arremetida del fiscal Arias, quien ha vuelto a reabrir casos antiguos, totalizando 272 vigentes en todo Chile. Según ha detectado la fiscalía, varias de las denuncias fueron activadas tras encontrarse antecedentes que estuvieron ocultos por años en las oficinas del Arzobispado de Santiago, de Rancagua, Osorno y el Obispado Castrense.

El cura de mayor edad investigado en la actualidad tiene 90 años. Se trata del presbítero Enrique Leiva Rojas, de la Diócesis de Talca. Mientras el más joven es un laico de Arica, que está en la cárcel luego de ser condenado a 10 años por tres abusos sexuales contra menores. Hay nueve mujeres que tienen o tuvieron calidad de imputadas y 210 hombres; 152 chilenos, ocho españoles, tres italianos, tres colombianos, dos irlandeses, un boliviano, un peruano, un filipino y un coreano.

Más allá de estas cifras globales a disposición del Ministerio Público, que datan del año 2000 a septiembre de 2018, la pugna entre Arias y Guzmán por la arista encubrimiento no ha parado de escalar y tuvo uno de sus principales hitos el 6 de septiembre.

Ese día, el jefe del Ministerio Público de Rancagua se enteró por versiones de prensa que el fiscal Raúl Guzmán estaba interrogando al sacerdote Juan Barros, uno de los discípulos de Fernando Karadima, en el marco de una hebra investigativa que lo vincularía con actos que habrían dejado impunes 14 denuncias de abusos sexuales cometidos en la Diócesis de Osorno. A eso se suman las sospechas de encubrimiento de ilícitos sexuales que se le atribuyen al presbítero Pedro Quiroz en su paso por el Obispado Castrense y que fueron denunciadas hace tres años.

Este fue un punto de inflexión en la relación de Arias y Guzmán, ya que como ambos -según el catastro- investigan actualmente a Barros, la diligencia debió ser informada. Más aún porque el jefe de O'Higgins ya en esa fecha había cursado citación como imputado al exobispo de Osorno.

Fiscales regionales, no ligados a la pugna, sostienen que mientras el jefe regional de O'Higgins fue avanzando en su indagatoria, aquellos que tenían casos abiertos en sus zonas las fueron derivando al director de la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, Luis Torres, quien ha tomado el rol de coordinador. Esto, en el entendido de que en la histórica investigación del Ministerio Público a las conductas de prelados chilenos es necesario que el ente perseguidor actúe como un solo órgano, dejando de lado protagonismos personales. El único que se ha resistido, hasta el momento, es el jefe regional de la Zona Sur. Este -sin embargo- perdió su pugna el viernes 21, cuando Abbott ordenó que la totalidad de las causas vinculadas a posibles encubrimientos quedaran en manos de Arias.

Hasta entonces Guzmán y Arias tramitaban indagatorias por los mismos hechos y que involucran a las mismas víctimas y -además- trabajaban con distintos cuerpos policiales. El primero está desarrollando diligencias con el OS-9 de Carabineros y Guzmán con la PDI.

El jefe regional de la Zona Sur jugó sus últimas fichas el jueves 20, cuando -según sostienen al interior del Ministerio Público- solicitó que no le quitaran la arista de encubrimiento que pesa sobre el exobispo de Osorno Juan Barros, a quien se considera la principal llave para abrir los secretos de cómo el alto clero se refugió en el secreto canónico para evitar que las víctimas recurrieran a la justicia civil.

Arias había hecho lo propio hace dos semanas, cuando representó a Abbott su preocupación por la diligencia con Juan Barros que concretó el fiscal Guzmán sin avisarle.

Otra causa en disputa entre ambos es una que involucra al capellán de la Escuela de Suboficiales de Maipú, sacerdote Celestino Gutiérrez, acusado de abusos por parte de un menor de 16 años. La causa estaba en manos del fiscal regional de la Zona Occidente, José Luis Pérez. Arias le pidió la transferencia de dicha causa, sin embargo, este le habría expresado que se la había enviado al fiscal Guzmán, quien se la había solicitado antes.

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Los religiosos con más víctimas[/caption]

De Juan Carlos Delgado Castillo se saben pocas cosas. Se sabe que tiene 53 años. Se sabe que es chileno y que nació en Santiago. Se sabe que su último domicilio conocido estuvo en Quinta Normal.

Y lo más importante de todo. Se sabe que es sacerdote. El sacerdote con más denuncias en su contra en el registro que actualmente maneja la Fiscalía Nacional. Seis denuncias. Cuatro regiones distintas. Y seis víctimas. Todos hombres, todos menores de edad.

El peregrinaje de Delgado Castillo pasó por Coquimbo, Santiago y Puerto Varas. Un niño de ocho años, otro de siete, otro de nueve. También pasó por Paillaco, una pequeña comuna en la Región de Los Ríos. Allí abusó de un niño de 11 años y fue condenado a 600 días.

Pero donde Delgado Castillo selló su patrón como abusador fue en Pudahuel.

Una de las denuncias lo hizo caer.

"El día 26 de abril de 2008, el imputado concurrió al domicilio de la víctima de ocho años de edad (...). En un momento en que la madre del menor se ausentó circunstancialmente del domicilio, el imputado realizó en perjuicio del niño actos de connotación sexual y de relevancia, consistentes en introducir sus manos al interior del pantalón y ropa interior del menor, tocando los genitales del niño", se lee en la sentencia.

Delgado Castillo fue condenado a cuatro años de presidio menor en su grado máximo.

Después de él, una de las personas vinculadas a la Iglesia Católica chilena con más denuncias es Isabel Margarita Lagos Droguett. Más conocida como "sor Paula", la religiosa fue por 28 años madre superiora de las Ursulinas, pero en 2010 se inició una investigación canónica en su contra por abuso de poder y una causa judicial, luego de recibir tres denuncias de abusos sexuales. "Sor Paula" fue removida de su cargo, permaneció recluida en Alemania y murió en Chile, en 2012.

Pero si el análisis se hace en relación al número de víctimas, el nombre del exhermano marista Abel Pérez resuena.

Son 16 las personas que iniciaron una denuncia en la justicia civil en contra del español de 71 años. Su caso estalló -y con él, el "caso maristas"- en septiembre del año pasado, cuando se dieron a conocer denuncias de abusos sexuales en los años 70, en distintos colegios maristas de Chile.

El sacerdote nació en España en 1947 y llegó a Chile en 1966. Pérez comenzó a ejercer de profesor en 1974. Hasta el 2010 estuvo en contacto con alumnos de varios colegios maristas y confesó a la congregación ilícitos de carácter sexual que había cometido durante décadas. Fue expulsado de esta en junio pasado.

El historial del sacerdote también reveló un patrón: fue trasladado 15 veces de lugar en lugar.

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Las víctimas[/caption]

Gonzalo Dezerega se autodefine como un sobreviviente. El portavoz de los exalumnos maristas que fueron abusados sexualmente al interior de los establecimientos educacionales de los Hermanos Maristas en Chile solicitó, el jueves 20, a la Iglesia Católica la expulsión de seis miembros de esa congregación religiosa, sindicados como autores de abusos sexuales.

Los maristas finalizaron esta semana una investigación que confirmó la veracidad de las acusaciones y anunciaron el envío de los antecedentes al Vaticano para que se dé inicio a un juicio canónico. Se trata de uno de los casos de mayor connotación, debido al alto número de víctimas y victimarios.

La fiscalía indaga al menos a 13 hermanos maristas por abusos sexuales cometidos a lo a largo de varias décadas y ya suman 30 las víctimas que se han acercado al Ministerio Público.

El caso estalló en agosto del año pasado, luego de que una de las víctimas relatara a través de Facebook los abusos sexuales que se perpetraron desde 1970 a 2008 en el Alonso de Ercilla y en el Marcelino Champagnat, ambos colegios pertenecientes a la congregación de los Hermanos Maristas.

El revuelo que generó esa publicación llevó a la congregación religiosa a denunciar a uno de sus miembros, el hermano Abel Pérez Ruiz, como autor de abusos sexuales en contra de menores. El religioso está imputado por la fiscalía en una causa que ya suma 16 denunciantes.

Fue solo el inicio. Poco a poco, las víctimas perdieron el temor a exponer sus casos en busca de reparación y justicia. Varios de ellos se reunieron en febrero y junio pasado con los enviados del Papa Francisco, el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, y el sacerdote catalán Jordi Bertomeu, para dar sus testimonios.

Las acusaciones no solo afectaban a miembros de los maristas. Las víctimas, que al momento de los abusos tenían entre seis y 12 años, relataron que, en ocasiones, eran retirados de sus clases por los hermanos y llevados "al túnel", un subterráneo del Alonso de Ercilla, donde los esperaban otros sacerdotes que abusaban de ellos. Entre los mencionados figuran el sacerdote y exvicario de la Solidaridad Cristián Precht y el presbítero Miguel Ortega.

El sábado 15, el Vaticano expulsó del sacerdocio a Precht, decisión que es inapelable.

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Términos judiciales de causas cerradas[/caption]

Antes de que la crisis por abusos sexuales en la Iglesia se activara con la visita del Papa Francisco, el Ministerio Público nunca había decidido investigar de forma especial y coordinada estos casos. Hasta ahora. El registro ha permitido hacer cruces de datos con causas entre regiones tan extremas como Arica y Coyhaique y también ha generado que se desarchiven investigaciones que no siguieron adelante, ya sea por falta de pruebas o porque las víctimas no quisieron continuar con sus acusaciones.

Uno de estos casos es el que afecta al sacerdote Rodrigo Taborga, de la Escuela República de Italia, en Coquimbo, quien fue denunciado en 2017, procediéndose al archivo del caso, que fue reactivado este año tras la denuncia de dos niños, uno de 15 y otro de ocho años.

Respecto de términos judiciales, el registro da cuenta de 35 causas archivadas en 20 años, 22 sentencias condenatorias y mismo número en que la fiscalía se declaró incompetente, porque los hechos pertenecen al sistema antiguo, como sucedió en la causa criminal contra el sacerdote Fernando Karadima, que fue indagado por una ministra de la Corte de Santiago.

La principal búsqueda del fiscal Arias es saber por qué durante tantos años la información en manos de la Iglesia no llegó a la justicia ordinaria. Y para ello alzó la tesis de los encubridores. Según el Código Penal, estos son los que en conocimiento de la comisión de un crimen o delito, sin haber tenido participación como autor directo, intervienen con posterioridad. La fiscalía deberá probar que tras cometerse algún abuso los imputados ocultaron información para impedir su descubrimiento o suministraron auxilio a los autores.

El que se hallaran expedientes y comunicaciones internas entre miembros del alto clero sobre casos de abusos hacen sospechar a la fiscalía sobre estos imputados. ¿Qué arriesga un obispo, cardenal o sacerdote si se le imputa un grado de participación de encubridor de delitos sexuales? Eso dependerá del ilícito base. Si tapó una violación, se expone a penas de tres años y un día, es decir, un grado menos que el autor del mismo ilícito. En el caso de un abuso sexual de menor, la pena para el autor parte en tres años y un día, por lo que su encubridor arriesgaría, en abstracto, de 541 días de cárcel a tres años. Ahora, si dichos delitos son reiterados, las penas podrían aumentar hasta llegar a cárcel efectiva.

El 53,7% de los casos de abusos sexuales perpetrados por sacerdotes, religiosos y laicos consagrados de la Iglesia Católica que se han denunciando o que fueron abiertos de oficio por el Ministerio Público se concentran en apenas tres regiones de Chile.

La Región Metropolitana lleva por lejos la delantera en estos delitos. De las 270 causas que han tenido a la vista las fiscalías, entre las cuales se cuentan algunas pocas investigaciones ya terminadas y con condenas, 90 fueron por delitos cometidos en Santiago. Le siguen la Región de Valparaíso, con 29 causas, y después la Región de Biobío, con 27 causas. Algunas de estas investigaciones, que se siguen contra miembros de la Iglesia Católica, afectan a varias víctimas diferentes que han denunciado abusos por parte del mismo sacerdote.

Aunque lo usual es que los sacerdotes denunciados cometieran los ilícitos en una misma diócesis, la fiscalía detectó el caso del sacerdote Juan Carlos Delgado Castillo, quien tiene causas en las regiones Metropolitana, de Los Ríos, de Coquimbo y Los Lagos, donde abusó de niños de entre siete y 11 años (ver nota en página 8).

También llama la atención que la zona norte de Chile tenga el menor número de casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes, con un 8,6% del total de denuncias que registra el Ministerio Público.

Según el listado que levantó la fiscalía, la primera causa abierta es de 2001, en La Araucanía, a solo meses de que se iniciara la implementación de la reforma procesal penal. Se trata de una investigación en contra del sacerdote peruano Gerardo Araujo Sarabia, quien fue acusado de abusar sexualmente de un menor de seis años de edad en Carahue. El caso se cerró con suspensión condicional del procedimiento, sin que se llegara a dictar condena.

Respecto de las congregaciones y órdenes religiosas, las investigaciones que involucran a jesuitas están en Santiago, mientras que las que afectan a salesianos se distribuyen en la Región del Biobío y la Metropolitana. En la Región de Aysén, en cambio, las denuncias apuntan a miembros de la Obra Don Guanella.

Hombre y menor de edad. Así es, mayoritariamente, el perfil de las víctimas que han denunciado a sacerdotes y otros integrantes de la Iglesia Católica chilena.

Según datos de la Fiscalía Nacional, entre los casos en que hay información sobre el género de los denunciantes, el 74% son hombres y el 26% restante, mujeres.

En simple, tres de cada cuatro denuncias apuntan a abusos contra hombres.

Por ejemplo, en el caso del exmarista Abel Pérez, de las 16 víctimas denunciantes, 15 son hombres.

En relación a las edades, el promedio de las víctimas es de 16 años y gran cantidad de estas se concentra en el tramo de edades entre los 11 y los 15. Aun así, son varias las denuncias que acumulan gran cantidad de víctimas, todas menores de edad. De hecho, 207 casos involucran a menores de edad y solo 38 a mayores de 18 años.

Incluso, en el tramo entre uno y cinco años hay, al menos, 12 víctimas.

Es más. Las víctimas de tres de los acusados que acumulan mayor cantidad de denunciantes -Pablina Celedón (Purísimo Corazón de María), Manuel Hervia (diocesano) y Sebastián Arce (diocesano)- son solo menores de edad, que van desde los cuatro a los 15 años.

Sin embargo, hay casos que salen del patrón. En al menos nueve casos hay víctimas que aseguran haber sido abusadas teniendo más de 30 años. La víctima de mayor edad tiene 47 años.

Aunque Ricardo Ezzati -actual arzobispo de Santiago- era la única autoridad religiosa de la que se tenía certeza era investigada en esta causa, hoy son ocho los obispos indagados. Algunos por posible encubrimiento, como Ezzati; otros, derechamente por delitos sexuales.

De ellos, dos hicieron noticia el pasado viernes 21: Cristián Contreras Molina (San Felipe) y Carlos Pellegrín (Chillán), luego de que el Papa Francisco aceptara sus renuncias y, con esa misma acción, pasaron de ser "obispos en ejercicio" a "obispos eméritos". Pero hoy también revisten la calidad de obispos investigados por casos de delitos sexuales en la justicia civil. Contreras Molina por "delitos contra el orden de las familias, la moralidad pública y contra la integridad sexual". Fue el 28 de julio pasado cuando se abrió una causa en su contra, tras el relato de una víctima que denunció hechos ocurridos en una de las casas del Obispado de San Felipe. Hoy, este caso, como todas las causas relacionadas con las mayores autoridades eclesiásticas chilenas, es investigado por el fiscal regional de Rancagua, Emiliano Arias.

Pellegrín, en tanto, el exobispo de Chillán, es indagado por presunto abuso sexual, luego de que el pasado 2 de agosto el Ministerio Público abriera una investigación en su contra.

Además, dos de todos los obispos que pusieron su cargo a disposición de Francisco, en el pasado viaje de la Conferencia Episcopal chilena a Roma en mayo, también están en la nómina de acusados. El exobispo de Osorno, y quien vivió uno de los episodios más polémicos de la Iglesia Católica chilena, Juan Barros, hoy es investigado por eventual encubrimiento. Al igual que Alejandro Goic, hoy obispo emérito de Rancagua y quien tuvo que enfrentar en primera instancia el llamado caso de "La Cofradía".

También hay dos casos emblemáticos que envuelven a quienes fueran parte del grupo de máximas autoridades en Chile de la Iglesia Católica en los últimos años.

La historia del exarzobispo Francisco Cox remeció a La Serena. En los años 90 se conocieron internamente acusaciones por abuso sexual en su contra y en 2002 el caso estalló cuando el arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errázuriz, anunció la salida del religioso por «conductas impropias» y su reclusión en un monasterio en Alemania. El 5 de noviembre de 2002, el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile pidió perdón a todos las personas dañadas.​

El caso del exobispo de Iquique Marco Órdenes también es conocido. Estuvo en el cargo entre 2006 y 2012, mismo año en que un acólito lo acusó de haber mantenido una relación sentimental por 10 años. En 2012, luego de que comenzara un proceso canónico, Órdenes renunció a su cargo como obispo.

Pero de los ocho casos que envuelven a obispos, dos tienen como protagonistas a miembros actuales del clero chileno. El actual arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, está citado a declarar como imputado por un posible encubrimiento en el caso del excanciller del arzobispado Óscar Muñoz. Tal controversia ha generado la situación del arzobispo, que incluso este debió restarse del pasado tedeum y ceder su lugar como presidente de la ceremonia a monseñor Juan de la Cruz Suárez, deán de la Catedral.

Pero el 14 de septiembre marca un hito en su situación: ese día su defensa solicitó su sobreseimiento definitivo en el caso del excanciller. Pero Ricardo Ezzati no está solo. Luis Infanti (Aysén) es el otro prelado en ejercicio que también está siendo investigado por presunto encubrimiento de abusos sexuales.

Tres casos serían los que tienen en la mira a Infanti, los que habrían ocurrido en un hogar de menores dependiente del obispado.