Pese a que el miércoles 12 el Tribunal Supremo del Partido Socialista dio a conocer los cómputos definitivos de la elección interna -que ratificaban el triunfo de la lista del senador Álvaro Elizalde-, la tensión dentro de la colectividad de calle París está lejos de apaciguarse.
El Tribunal Supremo del partido aún debe pronunciarse al menos respecto de siete requerimientos interpuestos por el apoderado general de la lista de Maya Fernández, el diputado Marcelo Díaz.
Uno de esos escritos apunta a que se declare la nulidad de los sufragios recibidos en las mesas de la comuna de San Ramón.
La comuna de la zona sur de Santiago es liderada por el alcalde Miguel Ángel Aguilera, quien debió renunciar al PS -donde llegó a ocupar una de las vicepresidencias- en noviembre del año 2017, justo antes de que la colectividad lo expulsara en medio de cuestionamientos por presuntos nexos entre el municipio y bandas delictuales.
A Aguilera se le critica, además, haber incrementado artificialmente el padrón de militantes socialistas en la comuna, el que suma más de 2.800 militantes, entregando beneficios a quienes fichaban por la colectividad. De estos, 1.500 votaron en la pasada elección.
Por lo anterior, esta semana los cuestionamientos al interior del PS se concentraron en la votación obtenida en la comuna de San Ramón por José Miguel Torres Rivas, cercano a Aguilera, y quien asumirá en el comité central del PS, tras sacar 560 sufragios, en uno de los 80 cupos regionales.
Los reparos que han sido ventilados al interior del PS es que Torres, quien postuló al comité central por la Región Metropolitana en la lista A de Elizalde, fue detenido en julio de 2007 por Carabineros cuando estaba en el interior de un vehículo sin placa patente, junto a otros dos sujetos, con dos armas de fuego, una pistola de fogueo, un pasamontañas y una porta credencial de la PDI.
Torres fue condenado por el 11° Juzgado de Garantía de Santiago por infracción a la ley de armas con una pena remitida de 541 días de presidio.
A inicios del año pasado, Torres fue contratado por Aguilera como funcionario del Departamento de Obras de la Municipalidad de San Ramón. Sin embargo, en septiembre del año pasado la Contraloría ordenó anular esa contratación y abrir un sumario para determinar los responsables de ese nombramiento.