El subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla, debió viajar a La Araucanía para reunirse personalmente con el fiscal regional, a quien le pidió la mayor celeridad en el esclarecimiento de la muerte del joven comunero mapuche Camilo Catrillanca. A Carabineros, asegura la autoridad, le exigió la entrega de todas las armas, las filmaciones y todo el material que tenga relación con el procedimiento policial y que permita terminar con las incertidumbres que existen en torno a este caso, que ha generado un recrudecimiento de la violencia en la zona.
A esta altura, ¿el gobierno tiene claridad acerca de cómo fueron las circunstancias en que murió Camilo Catrillanca?
Claridad hay. Lo que pasa es que hay versiones que hablan de situaciones que no están demostradas por la justicia, que son parte del proceso investigativo. Lo que está claro es que hay un robo con violencia de vehículos, que estos ingresaron a la comunidad y que quedan en un lugar que se llama La Laguna. Según la información del parte policial, hay una observación aérea que determina que las personas bajaron del vehículo y se dirigieron hasta donde está el tractor y se subieron al tractor. Es un hecho objetivo también que un vehículo policial, en el que van el conductor y cuatro carabineros, ingresa en persecución hasta un punto donde hay unos troncos en el suelo y que al momento de bajarse los cuatro carabineros, que iban con sus armas y su protección personal, se produce un intercambio de disparos, donde una bala le llega al comunero.
Tras la muerte de Catrillanca se han registrado una serie de incidentes y acciones violentas en La Araucanía y en otras regiones, ¿temen que se genere una ola de violencia en La Araucanía?
La prensa le pide al gobierno definiciones respecto de lo que pasó, que contribuya en la investigación, y me parece legítimo. Pero también el gobierno tiene que hacerse cargo de situaciones como el hecho de que circule por redes sociales, desde la noche del 14 de noviembre, un comunicado de una organización que llama a realizar cortes de caminos y sabotajes a empresas para mostrar el repudio a la acción del Estado chileno y la policía. Estamos hablando de un desafío al estado de derecho.
Pero era esperable que existiera una reacción de esa naturaleza después de la muerte de un comunero mapuche...
Nada, nada, justifica los actos de violencia...
No estoy hablando de justificar, sino que era previsible que ocurriera...
Pero eso es una suerte de justificación, aquí lo que corresponde es la condena. Primero, dejar que las instituciones, en este caso el Ministerio Público y después la justicia, determinen qué fue lo que pasó.
El ministro Moreno reconoció que la muerte de Catrillanca iba a dificultar la ejecución del Plan Araucanía, iniciativa que había logrado apoyo transversal. ¿Qué tan serio puede ser ese traspié en las confianzas alcanzadas?
La propuesta del Presidente Piñera con el Plan Araucanía fue formulada en la propia Araucanía. Que se concluya de lo que dijo el ministro Moreno o de esta situación que aquí es un revés, que aquí es una situación donde partimos con fojas cero, yo creo que no, yo creo que sí hay conciencia en La Araucanía, en las zonas rurales, de que es necesario avanzar en una suerte de convivencia distinta a la que se ha tenido en las últimas décadas.
El Plan Araucanía contaba con el apoyo de la oposición, tanto el senador Huenchumilla como el senador Quintana habían dado su respaldo, lo mismo algunas comunidades mapuches, las que ahora están denunciando una suerte de quiebre del diálogo…
Si usted cree que hay una pérdida de confianza está bien, es su opinión, pero yo creo que hay elementos políticos y objetivos que vienen en las próximas semanas.
Da la impresión de que frente al tema mapuche el gobierno tiene una suerte de dos almas, una que apuesta al diálogo a través del Plan Araucanía y otra que prioriza el tema de la persecución policial, que permanentemente habla de terrorismo en La Araucanía, y esas dos almas a veces no se concilian.
Cuando se habla de dos almas parece que fueran dos realidades políticas, y lo que hay aquí es un gobierno liderado por un Presidente que definió una estrategia y esa estrategia combina dos mandatos constitucionales, uno, el mandato que le corresponde al Ministerio del Interior: preservar el orden público, darle garantía a la ciudadanía de seguridad. Y otro, al Ministerio Social, que tiene los temas indígenas, los temas sociales en una región que es la más pobre de todas y donde se concentran los más altos porcentaje de población mapuche. Un Presidente lo que tiene que hacer es avanzar en las dos líneas y eso está coordinado.
Amnistía Internacional y varios parlamentarios de oposición han cuestionado la existencia del Comando Jungla, denuncian que es una militarización excesiva de La Araucanía, ¿cuál es la evaluación que hace el gobierno del desempeño de este grupo a esta altura?
Yo niego absolutamente que sea una militarización de La Araucanía. Eso no es verdad, ni desde el punto de vista de las estrategias que utiliza, ni tampoco desde el punto de vista del armamento que utilizan. No estigmaticemos. La evaluación es positiva, nos ha permitido en las últimas semanas llegar en varias oportunidades en situaciones de violencia rural o terrorismo. Segundo, las acciones violentas habían disminuido en forma significativa, sacando lo sucedido en los últimos dos días, en la zona de La Araucanía y la provincia de Arauco, es cosa de ver las estadísticas. Pero aquí hay grupos que han planteado una tesis de violencia a fin de reivindicar sus planteamientos. Tenemos una región que está viviendo hace décadas una situación particular y el hecho de existir una unidad policial especializada con los equipos necesarios, es la respuesta para darle garantías a la ciudadanía para que pueda ver una lógica de seguridad mínima en la región.
Para reimpulsar el Plan Araucanía, ¿qué gestos va a hacer el gobierno para retomar un poco las confianzas en la zona?
Lo que pasa es que usted parte del supuesto de las desconfianzas.
Eso lo señala el ministro Moreno. Él dice que aquí va a haber una dificultad.
Pero la dificultad no se fundamenta necesariamente en desconfianza. La dificultad se manifiesta en que esto es una situación que genera una incertidumbre no solo a nivel local, sino que también a nivel nacional, y eso produce una tensión social.
Hoy en día, la credibilidad de Carabineros está a la baja. ¿Cómo afecta eso al gobierno?
El Presidente no se confunde y los ministros tampoco. Sí creo que hay un punto de mayor baja, que fue a fines del año pasado, tras el caso de fraude al Fisco y la Operación Huracán. El mismo día en que el Presidente asume, se informaba al director saliente que dejaba el cargo y en tres o cuatro días el Presidente nombra al Alto Mando. No solo eso. A partir de ese momento se le ha pedido al Alto Mando, dirigido por el general Soto, acciones concretas de compromiso sobre temas que son fundamentales, y yo creo que sí se ha generado un cambio de imagen.
Si hay una pérdida de credibilidad por parte de Carabineros, en específico, en La Araucanía, a partir de la Operación Huracán, ¿por qué se permitió que el intendente Mayol avalará inmediatamente la versión policial?
El intendente se refiere a dos hechos. Uno, a los antecedentes policiales que están acreditados. Y segundo, él asocia, fundado en el parte policial, que dice que el piloto del helicóptero informa que los que salen de las camionetas robadas se suben a un tractor. Yo no veo en las declaraciones posteriores del gobierno diferencias en eso. Aquí hay un gobierno que ha actuado con responsabilidad, que ha apoyado las acciones, que ha contextualizado la situación haciendo ver que aquí hay un hecho que se genera en un robo con violencia y que de ahí se genera esta otra situación. También el gobierno ha dicho que respalda a las instituciones, entre ellas la policía, siempre que se muevan y se manejen bajo las leyes y el estado de derecho, donde el uso de la fuerza, que en este caso es el uso de las armas, está claramente normado. Y que nosotros somos respetuosos y queremos que los dos fiscales clarifiquen cuáles son las circunstancias en que se producen las dos cosas. Los dos hechos. El de robo con violencia y la muerte del comunero.
¿Usted no cree que el intendente se apresuró al dar este respaldo a Carabineros y al procedimiento?
No. Estoy diciendo que me parece producente que la autoridad representante del Presidente en la región sea el primero en hablar.
¿Hubo un reproche del gobierno a lo que dijo Mayol?
No.
¿Carabineros entregó ya las grabaciones del procedimiento en el que murió Catrillanca?, ¿pudo verlas?
No. No corresponde. La pregunta formal que hice a Carabineros fue si se pusieron a disposición del Ministerio Público las filmaciones, los audios, las armas, meter todo el material que tiene que ver con el episodio y que significa que los fiscales puedan avanzar en la investigación.
Carabineros tuvo un primer revés judicial luego de que en el control de detención del menor de 15 años, el Juzgado de Garantía lo dejó en libertad por considerar ilegal su detención. Si la policía hubiese tenido videos los podría haber usado de prueba.
Si yo hubiera visto los videos y supiera que el video contiene material sobre eso podría estar de acuerdo con usted.
¿Hay alguna prueba que le haya exhibido Carabineros que le permita constatar que efectivamente hubo un enfrentamiento?
No. Yo no estuve en el lugar de los hechos, yo estuve conversando con el fiscal y el fiscal, por supuesto, no cometerá ninguna infidencia de decirle a la autoridad... Lo que a nosotros nos interesa es que esto avance lo más rápido posible y que, cuando se llegue a la instancia donde tendrá el Ministerio Público que definir si va a formalizar o no va a formalizar, esa decisión, en definitiva, deje tranquila a la ciudadanía y especialmente a la familia de la víctima.
En dos casos anteriores de comuneros muertos, Carabineros también dijo que hubo enfrentamientos y el Ministerio Público demostró después que no había sido así. Usted tiene alguna garantía, ya sea porque los videos lo corroboran o algo de que efectivamente hubo un enfrentamiento.
No, lo que pasa es que yo no he visto ningún video. Pero su ejemplo es el mejor ejemplo de que en este país las instituciones funcionan.
¿La información que recibió el gobierno el primer día, tras la muerte de Catrillanca, fue clara y oportuna o llegó de manera parcial?
El primer comunicado que nos llega de las policías es muy genérico, es la alerta, en definitiva. Dice pasó esto, solamente. Eso genera un llamado a las autoridades que corresponde, en este caso fue al general (Christian) Franzani, director de Orden y Seguridad. A partir de ahí comenzó a fluir la información, con reportes y llamados telefónicos. Cuán rápido fluyó, cuánta información, son apreciaciones objetivas. Lo que sí, La Moneda, el ministro del Interior y yo tuvimos información 40 minutos después de ocurridos los hechos.
La oposición ya anunció que interpelará en el Congreso al ministro del Interior por la responsabilidad política del gobierno, ¿les preocupa ese hecho?
El gobierno de Piñera nunca ha eludido responsabilidades.
La oposición también está evaluando suspender en el Senado la discusión del presupuesto del Ministerio del Interior y los ítems de los gastos reservados de Carabineros que financian las actividades del Comando Jungla…
Es importante aclarar que este tipo de fuerzas especiales no se financia con gastos reservados, sino con gasto corriente del presupuesto de Carabineros. Eso los parlamentarios lo saben. Los parlamentarios podrían no aprobar el presupuesto de Carabineros, que son cerca de 1.000 millones de pesos, pero se tienen que hacer cargo de las consecuencias. Esos llamados son una suerte de demagogia y de irresponsabilidad. Carabineros podrá tener su credibilidad en baja, pero lo que más nos piden es aumentar la dotación de carabineros.
Llamó la atención el contraste entre el apoyo y el respaldo que brindaron las autoridades a la familia de Luchsinger Mackay, con la distancia respecto de los familiares del joven comunero mapuche, Camilo Catrillanca…
Son dos situaciones opuestas. En el primer caso, el del matrimonio Luchsinger Mackay, yo también estaba de subsecretario del Interior. Ahí hubo una acción premeditada y hay condenas. En el otro caso, lo que tenemos es un delito común, donde viene la persecución que termina en un enfrentamiento. Es la justicia la que tiene que entrar a verificar.R