Vidas esperando al límite: Migrantes al otro lado de la concordia

Vinieron de todos lados. De Punto Fijo, ubicado en la costa frente a Aruba, llegó el maestro en construcción Alexis Ramírez, antiguo capataz para contratistas de PDVSA, quien espera reunirse con su hermano en Concepción; de Maracaibo viajó Jhonathan Morante, que durante una semana pasó al menos 20 horas diarias arriba de un bus junto a su esposa y tres niños, y ya no tiene cómo sostener a su familia mientras espera su cita consular; de San Cristóbal regresó Yudith Rangel, que antes vivía en Trujillo con su marido e hija, pero luego volvió a Venezuela por cinco meses y ahora aspira a algún tipo de salvoconducto por pertenecer a la Iglesia Pentecostal; de La Guaira, el puerto en las afueras de Caracas, vino Andry Oramas, cuya labor como censista de los más de mil migrantes registrados en Tacna ha sido clave en la última semana; de Güiría, estado de Sucre, arribó el cantautor Antonio Font, que habla con un sonsonete argentino tras pasar dos años en Buenos Aires y promete animar las noches santiaguinas con su música, y de Caracas también escapó Johnny Chacón, quien se excusa innecesariamente al recordar que trabajaba para el gobierno, en la Defensa Pública. "Lo hice por pura necesidad. Nunca tuve simpatía por el chavismo", asegura.

Varias de estas historias son contadas espontáneamente, sin mediar una consulta. Basta pasar un rato en el improvisado campamento de migrantes venezolanos levantado afuera del consulado chileno en Tacna para comprender que muchos quieren ser escuchados de alguna manera, que sus recuerdos contienen violencia, carencias de todo tipo y, en ocasiones, incluso hambre. Todos los relatos tienen circunstancias particulares, pero comparten un destino común, con el sur como único norte.

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Durante los últimos 10 días, los migrantes han ido configurando su propia ciudad dentro de Tacna, en la calle Presbítero Andía, a lo largo de la cuadra entre Avenida Saucini y Coronel Inclán. En ese corredor de no más de 200 metros, la comunidad venezolana, de alguna forma, ha uniformado con sus carpas la estética de ambos extremos de la calzada. Mientras la vereda oriente forma parte de una villa militar, con casas pareadas de dos pisos, color blanco y una pared exterior revestida de ladrillo rojo, cruzando la calle, la vereda occidente es eminentemente comercial, llena de pequeños estudios de abogados -los tribunales están a solo dos cuadras-, una que otra cevichería y el Hotel Don Reymundo.

Los dueños de casa han movido sus autos para hacerles espacio a los venezolanos en los antejardines. En sus carpas, cultivan una vida privada en la medida de lo posible. Adultos y niños se agrupan bajo las frazadas para mantenerse abrigados, a merced de un clima al que no están acostumbrados. Las capas gruesas que traen encima han sido donadas por privados en Arica y Tacna y el resto de la ropa no cumple con los requisitos de la estación. Muchas personas usan sandalias de plástico que no pueden abrigar ni repeler la densa garúa que cae por la noche. Algunos escuchan música sentados al borde de la acera, ordenan los documentos en sus carpetas y revisan sus teléfonos esperando noticias de aquellos familiares que tienen en Chile. Detrás de ellos hay una variedad de maletas y mochilas, bolsas y bolsos, colchas y frazadas, todas amontonadas contra las paredes exteriores de las casas. También hay botellas vacías y ropa sucia que cuelga de las rejas y los alféizares.

Aunque está en la vereda occidental, el consulado chileno es el centro de toda la actividad de los migrantes. La casona, hecha de adobe y quincha, tiene más de 900 metros cuadrados y lleva más de un siglo como sede diplomática de Chile, pero es propiedad del Estado peruano. Periódicamente, el sitio es reclamado por el gobierno regional tacneño, que también tiene su sede justo al frente del consulado.

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Más de mil personas pasaron por el consulado esta semana.

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Cada cierto rato, algún funcionario chileno sale a responder consultas o a repartir números de atención para los días venideros. Hay cientos de inquietudes. Luego de la entrada en vigencia del Decreto Supremo N°237/2019, dictado por el Presidente Sebastián Piñera, muchos venezolanos quedaron en una difícil situación. La norma obliga a todo ciudadano venezolano que desee ingresar a Chile a contar con un Visto Consular de Turismo estampado en un pasaporte vigente o documento análogo, un requisito que no existía cuando muchos de los desplazados iniciaron su viaje a la frontera.

Prácticamente la mitad de los venezolanos que están en Tacna portan solamente su cédula de identidad. Muchos de los migrantes consultados, incluso aquellos que tienen el documento, afirman que la burocracia obstaculiza la obtención de pasaportes y que algunos funcionarios exigen coimas de miles de dólares para cumplir con la solicitud.

Entre quienes no tienen pasaporte, muchos se enteraron de la reforma en el paso de Chacalluta, a metros de su destino, justo el mismo día en que el decreto entró en vigencia, el sábado 22 de junio. Un importante grupo ya no podía ingresar a Chile. Fue por eso que más de 200 personas ocuparon la frontera y posteriormente fueron trasladadas hasta acá por la PDI. Una vez en Tacna, muchos entendieron que no tenían forma de regularizar su situación migratoria, como se les había señalado, y estaban impedidos de ingresar al país.

Si bien aquí hay algunos venezolanos que reconocen el derecho de cada gobierno a resguardar sus fronteras, la mayoría ha ido incubando una rabia hacia el país. De inmediato recuerdan que Venezuela refugió a miles de exiliados chilenos tras el Golpe de Estado de 1973. "Dios tarda, pero no olvida", advierte Jessica Salcedo, mientras que Yudith Rangel es lapidaria: "Al parecer, no existen los derechos humanos en Chile".

Los migrantes hablan de promesas incumplidas, como salvoconductos prioritarios para familias con niños pequeños que no contaban con pasaportes, un acuerdo que, según la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, habría sido desconocido por las autoridades consulares.

El gobierno, por su parte, se mantiene firme en su decisión de promover una migración "responsable y ordenada" a través de dos visados. Primero está el mencionado Visto Consular de Turismo, que cuesta 50 dólares, exige una carta de invitación y acreditar fondos propios, o de un tercero, que cubran un sueldo mínimo por persona; luego está la Visa de Responsabilidad Democrática (VRD), que requiere un pago de 30 dólares y certificados apostillados de nacimiento y antecedentes.

"Nosotros queremos que entren personas que vengan a contribuir a nuestro país, que no tengan antecedentes penales o policiales, pero que también transparenten su intención de estar en el país. No decir engañosamente 'vengo como turista', para después quedarse acá a vivir de manera irregular en nuestro país", señala el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.

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Eglimar Rivas y Edgar Torrealba, junto a sus tres hijos, llevan 10 días en la frontera.

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Edgar Torrealba, de 23 años, y Eglimar Rivas, de 27, se asoman a través de la abertura de su carpa y expresan su molestia con las nuevas reglas. La pareja llegó sin pasaportes en compañía de tres niños: Luis (10), Adrián (3) y Eduard, una guagua de apenas dos meses, que duerme dentro de la carpa, envuelta en frazadas enrolladas. "Nos están trancando la puerta, jefe", dice Torrealba.

Cansados del desabastecimiento y, principalmente, de los tiroteos entre "guerrillos" (mafias fronterizas) y "paracos" (paramilitares), ambos decidieron huir apenas Rivas dio a luz a Eduard. Torrealba vendió su moto y pagó los pasajes a través de una agencia de viajes. La familia salió de San Antonio del Táchira, una ciudad fronteriza con Colombia, y llegó una semana después a Tacna. Llevan 10 días aquí y ya agotaron sus recursos. "Estamos varados aquí. No nos quieren dejar entrar porque no tenemos pasaporte, cuando es un documento como la cédula, nada más. Veníamos rodando cuando salió la noticia. Teníamos las cartas de invitación y confiábamos en que tenemos un núcleo familiar. Si uno no tuviera niños, se aguanta. Pero así no se puede. Ahora nos tocaría salir a la calle a pedir", dice Torrealba.

En medio de esa desesperación, muchos comienzan a considerar la idea de cruzar por algún paso no habilitado. Según datos de Interior, hasta el jueves de esta semana se había detenido a 110 personas en los 10 días previos, cuando empezó a regir el nuevo decreto.

Torrealba, por su parte, no descarta nada: "Aquí no nos vamos a quedar. Sea como sea pasamos para allá, aunque sea volando".

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A la enorme columna de gente que espera su turno detrás de las vallas papales para cruzar el umbral del consulado, se suman otras filas, que se van multiplicando durante el día en distintos puntos de la cuadra. Los espacios comunes se organizan en torno a estas colas, que prometen comida y ropa a quien tenga la paciencia de llegar al final. Al almuerzo, por ejemplo, la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (Adra) del Perú reparte entre 450 y 600 porciones de menestrone y botellas de agua; por la tarde, el dentista José Ramírez y los trabajadores de su clínica sirven entre 300 y 400 raciones de sopa.

"Ellos están saliendo sin querer, porque no hay forma de tener una calidad mínima de vida. Ayudar es una responsabilidad de todo ser humano. Justamente son pacientes chilenos los que me permiten vivir y tener todo lo que tengo y es ahí donde pretenden llegar todas estas personas", dice Ramírez, que además habilitó su casa de campo como refugio para mujeres y niños pequeños.

Cuando no están esperando en las filas o intentando descansar en sus carpas, los migrantes se aglutinan bajo los toldos de las organizaciones humanitarias, como la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), que les provee de orientación y albergue, y la Cruz Roja, que hace de consultorio para los cientos que se han enfermado con los días o que arrastran condiciones previas. Esta semana, dos personas han sido derivadas a hospitales: una mujer con cinco meses de embarazo que presentaba síntomas de pérdida y un hombre que se desplomó sobre el pavimento y comenzó a convulsionar, bajo las miradas preocupadas de sus compatriotas.

Carlos Aguirre, de 22 años, también es epiléptico. Después de pasar nueve meses en Lima, decidió probar suerte en Chile y ahora está preocupado por su salud. Teme que el estrés de toda esta situación le provoque espasmos en cualquier momento y asegura que solo le quedan nueve días de medicamentos. Explica que como ya tiene Permiso Temporal de Residencia en Perú (PTP), no está entre los candidatos prioritarios para alguna de las visas que ofrece el consulado. "Tendría que esperar entre tres y seis meses para postular. Cumplo todos los requisitos para ser considerado un caso especial, pero no me dejan hablar personalmente con el cónsul. Me siento engañado", dice.

Mientras algunos se atienden en la camilla de la Cruz Roja, otros se sientan en la silla del barbero Julio García (30), quien cobra cinco soles por corte o afeitada, o en las mesas dispuestas para censar a la población flotante, una iniciativa coordinada por el ariqueño Orlando Soto, representante del senador Pro-Pais Alejandro Navarro.

A través de este mecanismo, hasta este viernes se han contabilizado 1.187 personas, aunque el número sigue aumentando cada día con la llegada de nuevos migrantes desde el norte. Entre los censados, 673 cuentan con pasaporte y 514 con cédula de identidad.

Tras llenar su planilla, Alfonso Caraballo, un joven maracucho de 20 años, que lleva 16 días en Tacna, se acerca a conversar. Aclara de entrada que su gorro rojo lógicamente no implica adhesión al gobierno chavista y asegura que participó de múltiples protestas contra el régimen de Nicolás Maduro en su ciudad natal. También dice que su novia, quien lleva dos años en Santiago, lo convenció de emigrar y lo está esperando. Después de dos intentos fallidos para cruzar como turista, ahora espera obtener la Visa de Responsabilidad Democrática (VRD).

"Siento que cada vez ponen más trabas, más obstáculos. Yo vine con 500 dólares y ya no me queda más nada", dice Caraballo, que muestra el contenido de su archivador para probar que ha ido reuniendo todo lo que le han pedido: pasaporte, antecedentes penales aún por apostillar y su título de bachiller, una nueva exigencia que muchos migrantes venezolanos dicen haber recibido y que sería arbitraria, pues no figura entre los requisitos ni del Visto Consular de Turismo ni de la VRD.

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Nataly tiene apenas 3 meses y duerme en el suelo del terminal.

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Con el paso de las horas, Tacna se pone más fría. Los migrantes abrigan a sus niños y buscan algún refugio de la camanchaca, ya sea en sus carpas frente al consulado, en los albergues o en el terminal nacional de buses. Allí, al fondo de la estación, se ve un lactante durmiendo en el piso de baldosas, sobre capas de cartón corrugado y frazadas. Se llama Natalia, tiene apenas tres meses y es la hija menor de Neudy Bracho (25) y Génesis Bermúdez (21), que yacen a su lado. La madre dice que Natalia ha mantenido buena salud a pesar del frío y la humedad, y que le preocupa más Ángel, su hijo de tres años, que sufre de síndrome nefrótico y ha mostrado señales de un resfrío. La pareja hizo un extenso y accidentado viaje en bus desde Maracaibo, en el cual dicen haber sido asaltados por una pandilla colombiana armada con machetes. Su destino final es el más remoto que se pueda imaginar en Chile: Punta Arenas. Allí viven los padres y una hermana de Bermúdez, pero ni ella ni su pareja tienen pasaporte. "Recuerdo cuando estuvo el Presidente de Chile en Colombia diciendo que estaba con nosotros y ahora hace como si no nos conociera. Algún día se darán vuelta los papeles", señala Bermúdez, con amargura.

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Una caja de cartóm sirve como cuna para una guagua.[/caption]

A cierta hora de la tarde, hasta Presbítero Andía llega un bus, en cuya pantalla electrónica se lee "Arica". Como las visas aprobadas estos días son pocas, no se llenan todos los asientos. Giovanni De Arco, un exconstructor de 60 años, está arriba porque recibió uno de los salvoconductos para adultos mayores. Ahora regresa junto a su esposa a Chacalluta, donde ya pasó varios días al principio de la crisis fronteriza. Se le ve satisfecho: es cuestión de día y medio estará en Santiago con su hija y su nieto.

Al día siguiente, es Yelitza Nava, de Maracaibo, quien asegura su cupo en el bus. A diferencia del señor De Arco, luce triste. Ha tomado la decisión de viajar solamente con su hijo menor, Ben Florez (15), y dejar al mayor, Enyelber Florez (20), en Perú. Aunque Nava hizo lo posible para que el consulado le otorgara dos salvoconductos, pues ninguno de sus hijos tiene pasaporte, solo se lo dieron al menor, pues, en rigor, Enyelber ya es adulto.

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Enyelber (izq) no pudo acompañar a su familia a Chile. Tuvo que quedarse en Tacna.

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-Es difícil quedarse solo por aquí, cuando uno no conoce, teniendo la familia tan lejos. Tendré que empezar de cero, buscar trabajo, ver qué se hace. No es lo mismo, pero a muchas mujeres les han dicho que no pueden llevarse a los niños -dice Enyelber.

-Le pediría al gobierno que no separe a las familias. Yo dejé a mi mamá y a mi gran familia en Venezuela. Ahora vengo a Perú y me separan de uno de mis hijos. No es fácil -contesta Nava, con la voz quebrada.

El bus toma la Panamericana hacia el sur, atravesando el árido paisaje de la zona. En la carretera se ven pequeños grupos de migrantes, mochilas al hombro, marchando hacia la Concordia, esa línea imaginaria que junta y separa a dos países y que está demarcada por una estatua de Cristo al costado del camino. Algunos kilómetros antes, un letrero verde da la bienvenida a Chile.