No confiamos en nadie

Las irregularidades en el financiamiento de la política y las malas prácticas empresariales han calado hondo entre los jóvenes. Los niveles de desconfianza y escepticismo han llegado a su máximo histórico desde que en 2009 comenzamos la Encuesta sobre Participación de Jóvenes. Si bien el gran derrumbe de la confianza en las instituciones se agudizó el año 2011, la desconfianza ha ido aumentando sostenidamente, siendo la gran excepción las Fuerzas Armadas y de Orden.

Una muestra clara es la percepción de corrupción al interior de las instituciones públicas y privadas. No hay ningún organismo –entre los que se incluyeron– que la mayoría de los encuestados considere que tiene bajos niveles de corrupción. Las mayores aprensiones son respecto a los parlamentarios y los partidos políticos, en los que, según el 86% de los encuestados, existe mucha o bastante corrupción. A continuación aparecen las empresas privadas (84%), el gobierno (83%), el Poder Judicial (77%), la PDI (53%), Carabineros (52%) y Fuerzas Armadas (50%).

Estas cifras son consistentes con los niveles de confianza en estas instituciones, ya que, con excepción de Carabineros, FF.AA. y municipios, todos los organismos mostraron disminuciones significativas en esta medición. La caída en la confianza no se limita al mundo político-empresarial: sólo un 21% afirma tener mucha o bastante confianza en los medios de comunicación (frente al 60% de 2009) y 19% dice lo mismo sobre la Iglesia Católica (35% en 2009). Comparados con el promedio de la población (según la Encuesta Nacional UDP 2015), estos datos indican que la desconfianza entre los jóvenes sería más alta que entre los demás segmentos etarios. Si la confianza de los jóvenes en Carabineros es 34% y en las FF.AA. 33%, el promedio en la población es de 50,9% y 45,2%; si un 24% de los jóvenes confían en el movimiento estudiantil, esta cifra sube a 29,6% en el total de los chilenos.

La profunda desconfianza en la elite política y empresarial viene acompañada de una percepción de alta impunidad. Respecto al futuro que tendrán los procesos judiciales contra políticos y empresarios involucrados en casos de financiamiento irregular de la política, cerca de 9 de cada 10 encuestados tienen ninguna o poca confianza en que los tribunales sancionarán a los responsables. Esta sensación de impunidad aparece con particular fuerza entre las mujeres.

La percepción sobre la corrupción puede vincularse con los procesos judiciales de 2015, como Caval, Penta, SQM o la colusión del papel higiénico.

Pese a que los empresarios y políticos investigados se ubican en todo el espectro político, el estudio muestra que sólo unos pocos nombres han sido retenidos y asociados a estas situaciones. Específicamente, los actores relacionados con el caso Caval son los únicos que muestran elevados niveles de recordación: cuando se solicitó que señalaran espontáneamente en qué personas pensaban cuando se les menciona el caso Caval, un 36% respondió Sebastián Dávalos, 13% Michelle Bachelet, y 7% Natalia Compagnon. Sin embargo, sólo un 8% asoció espontáneamente a Jovino Novoa con Penta, 3% a Marco Enríquez-Ominami con SQM, y 5% a Gabriel Ruiz-Tagle con la colusión del papel higiénico.

Las diferencias son claras y muestran que el principal costo de los casos que se investigan lo está pagando la presidenta Bachelet y su entorno más cercano. Esto también se refleja en el bajísimo nivel de aprobación que la mandataria consigue en la población entre 18 y 29 años: 18%. Nuevamente, los jóvenes son más críticos que el resto de la población, donde hoy tiene un apoyo en torno al 24%.

Desde 2011, los jóvenes han sido actores protagónicos en la demanda por las reformas estructurales que inspiraron el programa de Bachelet. Pero los datos indican que el gobierno no ha logrado un apoyo mayoritario en su implementación.

Consultados sobre la reforma a la educación superior, sólo un 35% la apoya, mientras un 30% dice estar en desacuerdo o muy en desacuerdo. El análisis por nivel socioeconómico muestra que la mayor resistencia a la reforma se encuentra entre segmentos de clase media y media-alta (C1 y C2), donde existe casi la misma proporción de personas a favor y en contra (35% desaprueba y 32% aprueba). En los sectores D y E existe mayor respaldo: un 40% apoya la reforma y sólo un 27% no lo hace.

Lo anterior no implica que los jóvenes estén en desacuerdo con todos los objetivos que persiguen las reformas. De hecho, el nivel de apoyo a varios de los ejes en las reformas a la enseñanza escolar ha subido respecto del año pasado: terminar con el copago pasó de un 52% a un 62%, y con la selección en las escuelas de un 60% a un 64%.

No obstante, la gratuidad universal no logró un apoyo contundente. Existe una suerte de empate entre quienes se manifiestan a favor de que "todos los alumnos estudien de forma gratuita" (46%) y quienes creen que "sólo deben estudiar de forma gratuita los estudiantes de familias que no cuenten con recursos suficientes" (44%). El 9% opina que la universidad no debe ser gratuita.

Tampoco creen que la reforma a la educación superior permita alcanzar los objetivos para los que fue diseñada. Consultados sobre su repercusión, sólo un 30% piensa que va a mejorar la calidad, y el 40% no cree que disminuya la desigualdad, pero un 31% sí la considera un aporte en la distribución de recursos. En ambos temas, los jóvenes de clase media y media-alta son los más críticos.

Respecto de la reforma a la Constitución, un 47% de los jóvenes apoya redactar una nueva Carta Magna, mientras un 37% cree que bastaría con "realizar algunas modificaciones" y un 6% cree que debe mantenerse sin cambios.

El análisis socioeconómico muestra que los estratos altos están divididos equitativamente entre redactar una nueva Constitución o modificar la actual, mientras en los segmentos C3 y D-E la mayoría apoya reemplazarla.

Menor claridad existe en torno al mecanismo que los jóvenes apoyarían para redactarla. Ante la pregunta abierta "En caso que se decida redactar una nueva Constitución, a tu juicio, ¿cuál es el mecanismo más adecuado para hacerlo?", casi la mitad no identifica una opción: el 42% de los encuestados de clase media-alta y el 53% de los más vulnerables no responden. La opción más mencionada es "Asamblea Constituyente", sólo en un 15% de los jóvenes.

La encuesta reveló que múltiples formas de participación aumentaron, algunas llegando a los niveles de 2011, año peak de manifestaciones entre los jóvenes. La única que se mantuvo respecto de 2014 fue la protesta en la vía pública, pero con niveles más bajos que en 2011. Si uno de cada cuatro jóvenes dijo haber salido a protestar, en 2011 era uno de cada tres.

La participación ciudadana, dentro o fuera de internet, varía según su condición socioeconómica. En general, los segmentos C1 y C2 tienen mayor nivel de participación en todos los aspectos que los niveles C3 y D-E. La única excepción es la protesta en la vía pública:los estratos medios declararon haber marchado más que los altos y bajos.

La participación en internet y redes sociales aumentó entre cinco y diez puntos porcentuales. Compartir información de interés público subió de 38% a 48%, expresar la opinión sobre este tipo de temas en redes sociales creció de 36% a 43%, y unirse a causas políticas o ciudadanas en las redes de 18% a 23%.

Asimismo, las instancias de participación fuera de la red aumentaron, como asistir a foros o debates y firmar peticiones para las autoridades. Entre ellas, la que más subió fue el boicot a productos o servicios: si el año pasado el 21% dijo que había dejado de comprar a alguna empresa, en 2015 casi el 31% lo había hecho.

La participación ciudadana, dentro o fuera de internet, varía según su condición socioeconómica. En general, los segmentos C1 y C2 tienen mayor nivel de participación en todos los aspectos que los niveles C3 y D-E. La única excepción es la protesta en la vía pública:los estratos medios declararon haber marchado más que los altos y bajos.

Varios indicadores muestran que el deseo de participación de los jóvenes podría estar abriéndose a la exploración de nuevos espacios vinculados a mejorar las condiciones cotidianas de convivencia. La cantidad de jóvenes que declara haber participado en alguna actividad para mejorar o mantener algún espacio público aumentó de un 28% a un 33%, lo que es consistente con el incremento de la participación en juntas de vecinos u organizaciones de barrio de un 12% a un 18%.

A su vez, el interés por la defensa de la integración también estaría experimentando un alza significativa: quienes dicen haber promovido los derechos de los homosexuales subieron de un 18% a un 26%, el apoyo al matrimonio entre parejas del mismo sexo alcanzó 73%, y la adopción homoparental pasó de un 55% a un 60%. Finalmente, el apoyo a que el gobierno se preocupe de que los extranjeros cuenten con los mismos derechos que los chilenos subió de un 58% a un 65%.