La arremetida del Consejo de Defensa del Estado (CDE), que el martes pasado se querelló contra el senador Jaime Orpis por cohecho y malversación de caudales públicos en el caso Corpesca es bastante más robusta que la que se conoce hasta ahora.
De hecho, al interior del organismo comentan que el Consejo irá más allá: en los próximos días se querellará contra Corpesca, la pesquera del grupo Angelini, por su responsabilidad penal como persona jurídica, por el delito de cohecho, tal como lo hizo contra el grupo Penta, en marzo pasado.
El tema al interior del CDE se maneja con sigilo, aunque es considerado como un asunto grave. Por lo mismo, los escritos en ambos casos están liderados personalmente por el presidente de la institución, Juan Ignacio Piña.
De comprobarse los hechos, la empresa deberá enfrentar un complejo escenario: las penas que contempla la ley van desde disolver a la compañía que incurre en el delito, hasta multas y restricciones para suscribir contratos con el Estado.
Aunque el gran problema es el costo reputacional de cualquier compañía que enfrenta una contingencia como esta. Algo que podría remecer patrimonialmente las arcas de la firma de los Angelini, tal como sucedió en el caso de Penta, en donde los expertos coinciden en que la audiencia que solicitó la Fiscalía para formalizar al grupo por soborno y la querella del CDE terminaron por afectarlo económicamente.
