Hace sólo dos meses, la Corte Suprema ratificó las multas a las empresas implicadas en la colusión de los pollos: Agrosuper, Aristía y Don Pollo.
Sin embargo, la sombra de la asociación irregular estaba lejos de quedar cerrada, puesto que las mismas operaciones que se realizaron para indagar el caso pollos, abrieron otra arista: la colusión de tres cadenas de supermercados.
Según detalla el comunicado de la FNE publicado este miércoles, se trata de Cencosud, SMU y Walmart, empresas a las que la Fiscalía acusa de de haber participado "en un acuerdo para fijar, a través de sus proveedores, un precio mínimo de venta de la carne de pollo fresca, al menos entre 2008 y 2011, restringiendo la competencia en este mercado".
En esta línea, se estableció que los supermercados "estaban impedidos de vender carne de pollo fresca por debajo del precio de lista mayorista más IVA y que la coordinación entre las requeridas se dio a través de los proveedores".
¿Por qué se habla de colusión?
La fiscalía anota que todas las compañías "adhirieron conscientemente a un esquema común que sustituyó los riesgos de la competencia por una cooperación práctica entre ellas", con el objetivo de "regularizar el mercado" y "evitar guerras de precios".
Dada la gravedad de lo hallado, la Fiscalía solicitó al TDLC que aplique a cada cadena la multa máxima contemplada en la ley para casos de colusión: esto es 30 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA, equivalentes a US$ 22,9 millones).
¿Cómo se detectó "el cartel de los supermercados"?
El caso pollos fue la puerta de entrada para conocer esta situación. Luego de que el 14 de diciembre de 2011 se realizaron las diligencias de registro e incautación en dependencias de los supermercados, fue posible recabar antecedentes de los computadores (archivos y correos electrónicos, entre otros), que "dan cuenta de los contactos sostenidos entre ejecutivos de las cadenas de supermercados y de las empresas proveedoras de pollos".
Según describe el requerimiento de la FNE (ver documento más abajo) estos datos revelaron que "los primeros reclamaban por vía telefónica o por e-mail ante los segundos cuando detectaban que otra cadena se desviaba del acuerdo de no vender bajo el precio de lista mayorista. El objetivo de estas gestiones era que los proveedores actuaran como intermediarios, alertando a la otra cadena sobre el incumplimiento para que se ajustara a las directrices acordadas".
Asimismo, se anota que "para que el acuerdo funcionara, las cadenas requeridas monitorearon constantemente los precios de venta a público de la carne de pollo fresca de su competencia, tanto a través de personal interno como por medio de empresas externas contratadas para ese fin".
Cabe agregar que en la investigación, "la Fiscalía también conoció determinados antecedentes que dan cuenta de interacciones similares a las descritas en relación a otros productos que componen la canasta, los que forman parte del expediente de investigación que será acompañado al proceso.