Juan Enrique Vargas: El factor externo

La alta votación, 11 preferencias, que en 2007 el abogado Juan Enrique Vargas (53) obtuvo en el pleno de la Corte de la Corte Suprema durante su postulación para fiscal nacional, es un antecedente clave que lo acompaña hasta hoy, cuando hace dos semanas decidió reintentarlo y volver a concursar para reemplazar a Sabas Chauhán.

Hace ocho años, por ejemplo, en la Suprema aventajó en cinco votos a al mismo Chahuán. Sin embargo, la presidenta Michelle Bachelet se inclinó por el actual fiscla nacional pese a que Vargas había sido favorito y contaba con el apoyo de varios parlamentarios, tanto de la Alianza como de la Concertación.

Hoy Vargas es uno de los once postulantes que el próximo 2 de octubre expondrá ante los ministros de la Suprema para que el pleno vote una quina que será enviada a la presidenta de la República, quien escogerá un nombre que deberá ser ratificado por mayoría en el Senado.

De los candidatos, cinco son internos, pues ya son parte del Ministerio Público –los fiscales Raúl Guzmán, Luis Toledo, José Morales y Rafael Mera, además de Jorge Abott, actual director ejecutivo de la Fiscalía Nacional– mientras que seis son externos. Junto a Vargas concursan los abogados Hilda Cerda, Juan Carlos Manríquez, Jaime Jansana, Iván Pavlov y José Luis Pérez Calaf, ex juez del crimen y ex fiscal jefe de Rancagua.

Vargas tiene un perfil distinto a los demás: aunque ha ejercido como abogado es académico y actual decano de Derecho de la Universidad Diego Portales. También, uno de los primeros juristas en Chile que a comienzos de los años 90 comenzó a pensar, desde la Corporación de Promoción Universitaria (CPU), la que más tarde se transformaría en la Reforma Procesal Penal. El mismo grupo del que fueron parte la abogada del Consejo de Defensa del Estado (CDE) María Inés Horvitz; sus ex compañeros en la Universidad de Chile Cristián Riego y Mauricio Duce, hoy ambos en la UDP, y el penalista Jorge Bofill, entre otros.

SU PASADO MILITANTE

Dos factores que le pesaron a Vargas en 2007 en el Senado durante la votación en que salió electo Chahuán -quien tenía entonces la ventaja de haber sido fiscal jefe de la zona metropolitana occidente-, fueron sus faltas de redes políticas y que se le asociara como alguien muy cercano a la entonces senadora DC, Soledad Alvear. De hecho, en la Cámara Alta. cuando fue la votación, ella se abstuvo y no le dio el visto bueno a Chahuán.

Cercanos a Vargas si bien asumen que la supuesta cercanía con Alvear lo perjudicó, desestiman que el abogado sea parte de su círculo estrecho. Se trata, afirman, más bien de una relación profesional que se forjó cuando Vargas trabajó, desde comienzos de los '90, en el proceso de creación de la Reforma Procesal Penal, la que a partir de 1995 la entonces ministra de Justicia de Eduardo Frei, comenzó a implementar.

De ahí que por años haya arrastrado el "mote" de cercano de la DC. Sin embargo, hoy es independiente, laico y de ideas progresistas. Pero su pasado político en la Universidad de Chile, donde estudió Derecho, lo liga a la falange. Esto, luego de que militara durante dos años como opositor al régimen de Pinochet en la Democracia Cristiana, entre 1978 y 1980. Luego entró al PPD, cuando éste se creó como un partido instrumental, a la cabeza de Ricardo Lagos. Pero dejó la colectividad, también tras dos años, después del Plebiscito de 1988 en que le ganó la opción No.

De ahí en adelante no ha vuelto a militar en ningún partido y se volcó a su trabajo como investigador y académico. Los lazos que tiene con la oposición no son políticos, sino que con abogados y profesores de derecha con quienes ha estado ligado por su trabajo, es especial cuando fue director ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) y se relacionó directamente con Paz Ciudadana y Libertad y Desarrollo (LyD) en temas sobre reformas judiciales, su especialidad.

Por su área, Vargas se ha relacionado con abogados "tecnócratas" tanto de la oposición como cercanos a la Nueva Mayoría. En ambos sectores es considerado como un "buen articulador". Y ponen como ejemplo que, siendo en los '90 alguien más bien ligado a la centro izquierda, trabajóen conjunto con Paz Ciudadana, recién llegada la democracia, y de liderar los cambios a la justicia que finalmente tuvieron un apoyo políticamente transversal. "Con Juan Enrique Vargas se le dio viabilidad técnica al proyecto de reforma", apunta un abogado.

Pero los comienzos de Vargas en los '80 estuvieron muy lejos del área académica. Primero partió trabajando como procurador en un estudio de abogados, de Julio Cifuentes, Manuel Ángel González y Sergio Rodríguez Wallis. Poco después armó su propia oficina junto a Cristián Riego y Felipe González. Junto a ellos, recomendados por el penalista Juan Bustos, participaron de una de las primeras aristas del caso Letelier en Chile, al representar ante la justicia a Michael Moffit, marido de Ronnie Moffit, la secretaria del ex canciller Orlando Letelier que murió en el atentado perpetrado por la Dina en Washington en 1976.

En 1989 también fue asesor de la Vicaría de la Solidaridad y, entre 1990 y 1991, abogado investigador de la Comisión Rettig en el área de ejecutados políticos. Luego jefe del equipo que se encargó de la redacción del informe final.

Quienes conocen a Vargas dicen que es un "reformista" y un "revolucionario" en sus planteamientos sobre reformas judiciales, porque tiene una mirada especialmente técnica y racional en varios temas. Parte de esa visión viene de su formación: además de abogado, es magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile.

Uno de sus planteamientos, resistido por muchos jueces, es respecto de las tasas judiciales, esto es que, en algunas jurisdicciones de la justicia civil se cobre por la presentación de recursos a fin de racionalizar el sistema y evitar la sobrecarga en asuntos que si bien son importantes, son menos relevantes.

Otro de sus planteamientos "revolucionarios" es la reducción del número de ministros de la Corte Suprema (hoy son 21) a tribunales relativamente pequeños de entre 7 y 9 miembros. Esto, según uno de sus documentos, con la idea de que la Suprema deje de ser un tribunal de primera instancia y "se concentre exclusivamente en sus labores de unificación del derecho y de jurisdicción constitucional". Es decir, que los ministros puedan despejar sus cargas de trabajo y concentrarse en los asuntos "socialmente relevantes" e, incluso, elegir qué casos van a conocer.

En varias de sus posturas "revolucionarias" ha encontrado aliados en la oposición, sobre todo en los círculos de abogados tecnócratas de derecha. Con varios de ellos ha coincidido en puntos sobre política criminal y en críticas al funcionamiento del Ministerio Público.  Por ejemplo, ha cuestionado públicamente que la evaluación interna de la fiscalía califique con nota 7 a la mitad de los fiscales y que sólo el 1 % de ellos tenga menos de un 6, como lo dijo en junio pasado a El Mercurio: "Es imposible que una institución con esos volúmenes, todos tengan la mejor calificación".

También, ha dicho que es un error de los fiscales cuando tratan de sustituir el trabajo de las policías porque "su rol es determinar si llevan el caso al tribunal, pero no investigar". Y ha criticado fuertemente que el Ministerio Público, a fin de aumentar sus estadísticas, haya judicializado más causas de las que debiera.

Se trata de puntos que se verá obligado a ahondar cuando exponga el próximo 2 de octubre junto a los otros 10 candidatos a fiscal nacional.