A días de conocerse el fallo que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya entregará respecto a su jurisdicción para intervenir en el conflicto entre Bolivia y Chile por la demanda del primero para negociar una salida al mar, hoy se conoció la resolución de otro tribunal internacional que investigó problemas entre el estado boliviano y una empresa nacional y que, luego de nueve años de litigio, le dio la razón al chileno Allan Fosk: Bolivia deberá pagar US$ 50 millones por haber caducado una concesión minera en el salar de Uyuni.
El chileno es dueño de Química e Industrial de Bórax (Quiborax), una firma que además de concesiones en Arica cuenta con yacimientos en el salar de Uyuni, a través de Non Metalic Minerals, una empresa boliviana de la cual el chileno es dueño en un 51%. Esta sociedad cuenta con depósitos de bórax, un elemento estratégico en el área agropecuaria, industrial y del rubro de los fertilizantes desde el 2001, cuando le compró las siete minas ricas en bórax a Río Grande del Sur.
Lo que ocurrió en 2004 fue que Bolivia, bajo la administración de Carlos Mesa, le revocó a Quiborax la concesión minera en Uyuni, provocando una severa crisis en el negocio. Si bien las partes intentaron llegar a un acuerdo, las tratativas fracasaron, y por ello la firma nacional demandó en 2006 al estado Boliviano por US$ 66 millones ante el Ciadi — que depende del Banco Mundial — para, de ese modo, "compensar" sus inversiones y los perjuicios sufridos por la pérdida de la concesión.
En este periodo Bolivia ha objetado que el Ciadi tenga jurisdicción para investigar el conflicto, pero ese argumento fue desechado. También ha cuestionado las escrituras de concesión de Non Metalic Minerals, lo que terminó con un juicio penal del estado boliviano en contra de los socios de las empresas que pidieron la demanda arbitral: Fosk, y su socio boliviano, David Moscoso Ruiz. Si bien el juicio sigue abierto, ha sido el propio tribunal del Ciadi el que conminó a Bolivia a terminar con la investigación judicial. Paralelamente las partes presentaron sus pruebas y se mantuvieron alertas hasta escuchar la resolución de hoy.
El periodo que el tribunal demoró en entregar su veredicto ha hecho que la cifra demandada por Quiborax sea mucho mayor: si bien a la fecha demandaban US$ 160 millones, el tribunal decretó que la suma a pagar será de US$ 50 millones. Algo no menor, considerando que son contadas con una mano las veces que una firma chilena ha vencido en el Ciadi.
