"Es muy fácil decir 'esto es culpa del Sename', pero es un tema país"

No hay ningún cartel que indique qué lugar es este. La entrada está en la calle Huérfanos, justo antes de llegar a Miraflores, y la gente pasa por allí como quien pasa por la puerta de un edificio más del centro de Santiago. Por eso, quizás, no hay ningún rayado en las paredes. Al lado hay un sex shop y arriba el número 587. No se sabe hasta que entras; hasta que tomas el ascensor y las puertas se abren en el piso ocho. Entonces, un letrero muy pequeño lo dice: Servicio Nacional de Menores.

Arriba hay una suerte de azotea, y en ella la directora de la institución, Solange Huerta, de 49 años, se mueve frenética. Tiene al frente a un fotógrafo e intenta posar, pero se nota incómoda. No sabe cómo hacerlo. Dice, riendo nerviosa, que odia las fotos, que por eso no da entrevistas. La azotea, que tiene una vista imponente al cerro Santa Lucía, es su espacio de escape. Aquí sube cuando necesita prender un cigarro y despejarse de los problemas.

"Esto es un tema de Estado, en donde todas las instituciones tenemos corresponsabilidades. Creer que sólo el Sename puede cambiar esta realidad... esto es estructural, supera cualquier servicio"

La fecha de quiebre en la institución y en la vida reciente de Huerta es la misma: el 11 de abril de 2016. Ese día el país se enteró de la horrible muerte de Lissette Villa, la niña de once años que murió asfixiada en el centro Cread Galvarino de Estación Central, en condiciones y con culpables aún por definir. Meses después, las investigaciones a raíz del caso revelaron la cifra que desató la crisis más grande que ha tenido el Sename en su historia: 1.313 niños y adolescentes muertos entre 2005 y 2016, entre residencias, programas ambulatorios y justicia penal juvenil. Todos ellos bajo el cuidado del Estado.

En medio de esa vorágine, con dos directores renunciados en dos meses y nadie muy dispuesto a tomar el fierro caliente, el gobierno nombró como directora del Sename a Solange Huerta, una abogada de la Universidad de Chile que llevaba diecisiete años en el Ministerio Público, ocho de ellos como fiscal en Melipilla. De ella no se sabía demasiado, excepto que estuvo a cargo de la investigación que exculpó de responsabilidad a Michelle Bachelet por las muertes que provocó el tsunami de febrero de 2010. Los ataques, a raíz de su supuesta cercanía con la presidenta, no tardaron en llegar. La primera vez que habló con la prensa, Huerta pidió tiempo, que la dejaran trabajar. Había analizado el abismo en el que entraría, pero no podía dimensionarlo del todo. Eso dice hoy. También que fue un trabajo muy duro emocionalmente.

—Pero alguien que está en este cargo no tiene tiempo para estar llorando todos los días —dice, muy seria, ya en su oficina. La acompaña su periodista y una segunda grabadora.

Cuando le faltan dos semanas para abandonar el cargo, por el cambio de gobierno, asegura que el sistema basado en subvenciones del Sename —donde sólo uno de cada veinte centros está en manos directas del Estado— no da abasto para solucionar la crisis, y que para asegurar los derechos de los niños se deben definir estándares de calidad y de financiamiento.

—La gente se queda en los síntomas y no en la profundidad del análisis. Ya hay una enorme experiencia internacional de cómo tiene que ser una residencia. No tienen que ser masivas, tienen que asegurar vida familiar, hay que potenciar a las familias de acogida…

—Pero los centros hoy no cumplen esos estándares.

—Porque los niños en la masividad se invisibilizan, y lo que necesitas generar son atenciones personalizadas, con aseguramiento de derechos. Eso no lo vas a conseguir con una residencia donde tienes treinta niños. La discusión que nosotros hemos tenido durante este año nos lleva a tres puntos: hay que asegurar derechos, los estándares tienen que estar definidos y tienes que determinar el financiamiento de esos estándares.

—Sename se creó en 1979, ¿no debería eso ya estar resuelto?

—Cuando yo llegué acá hice un diagnóstico respecto a estos temas, que tiene que ver con qué residencias vamos a tener en cinco, diez, quince años más, para que no siga pasando lo que nos pasa hoy. Porque una cuestión es que todo esté super escrito y dicho, que haya harto consenso, pero otra cosa es cómo lo vas implementando desde la mirada de la política pública.

—¿Por qué eso se da hoy y no se dio años atrás? Da la impresión de que primero tenía que aparecer el tema en la prensa, en televisión, morir Lissette Villa…

—Yo asumí como directora en medio de una tremenda crisis, meses después de la muerte de Lissette. En ese período, cuando uno miraba desde afuera decía "qué terrible que en este país pase esto", porque uno entiende que estamos en un nivel de desarrollo donde estas cosas no deberían pasar. Pero esto no se trata de titulares en los diarios sino de cómo, seriamente, enfrentamos los temas de políticas públicas en infancia. Y, por lo tanto, yo lo veo como una oportunidad para que los niños que han sido vulnerados nunca más vuelvan a ser invisibles. Pero esto es una labor no solamente de quienes están en el gobierno sino de la ciudadanía en su conjunto. Es muy importante que no termine siendo una moda.

"Un problema como país es creer que esta función no requiere personal experto. El educador de trato directo necesita una formación, no sólo capacitación. Requiere conocimientos técnicos o profesionales"

—¿Y qué han hecho para que eso no ocurra?

—Hemos trabajado bajo la lógica de asegurar derechos. Hemos podido concretarlo en salud, particularmente, pero esto es una carta de navegación que el que me suceda puede tomar o no. Más allá del color, hay consenso político de hacia dónde deberíamos avanzar: cómo generamos condiciones definitivas de mejoras y no cuestiones parches para pasar la crisis. A veces hay una mirada un poco cínica, porque es muy fácil decir "esto es culpa de Sename". Esto es un tema país, es un tema de Estado, en donde todas las instituciones tenemos corresponsabilidades. Cuando uno dice que va a priorizar infancia, tenemos que priorizarla todos. Creer que sólo el Sename puede cambiar esta realidad… Esto es estructural, supera a cualquier servicio.

—¿Hubo que esperar a que hubiera 1.313 muertos para entenderlo?

—A nosotros nos correspondió levantar una información que generó un tremendo peso emocional. No son cifras, son niños, historias. Incluso en esa cifra no sólo hay niños, también personas mayores con discapacidades severas que habían vivido toda su vida en Sename. Si a nosotros como Estado se nos muere un niño por negligencia, tenemos un tremendo problema y hay que enfocarse en ese problema. Esas cosas no pueden pasar y espero que la justicia cumpla su rol en definir en cuántas de esas muertes hubo responsabilidad y en cuántas no.

—El rol del Sename siempre fue fiscalizar a los centros. ¿Hoy son capaces de supervisarlos correctamente?

—Nosotros presentamos una meta presupuestaria para fortalecer el área de supervisión a nivel nacional y regional. Hubo un esfuerzo de presupuesto en términos de permitirnos contratar 26 supervisores más para este año.

—¿Pero cuál es la realidad actual de los 250 centros?

—Hoy hay 146 supervisores técnicos y 61 supervisores financieros. Yo reconozco que es un tremendo esfuerzo presupuestario contratar más personal. Los programas crecen fuertemente, lo que es bueno, pero eso no significó tener más supervisores y eso produce un quiebre.

—O sea, siguen recibiendo niños, pero nada asegura que las intervenciones se realicen correctamente.

—Hay supervisiones, pero cuando aumenta la cantidad de supervisiones que tienes que hacer, y sigues teniendo la misma cantidad de funcionarios, lo que se genera es que las supervisiones son menos profundas de lo que uno esperaría.

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—La muerte de Lissette mostró la poca preparación de los funcionarios para enfrentar las crisis de los niños. ¿Los cuidadores están capacitados correctamente?

—Eso es un ámbito que es parte de la investigación penal. Si tenían las capacitaciones o no, si existían protocolos, eso es un tema que tiene que dilucidar Fiscalía.

—¿Pero, más allá del caso de Lissette, quienes tratan con los niños están preparados? El año pasado, Qué Pasa entrevistó a distintos cuidadores que señalaron no saber cómo enfrentarse a eso.

—Hasta ahora de lo que se ha hablado es de capacitar, pero en esta revisión que hemos hecho para profundizar el diagnóstico, mi conclusión es que esto no tiene que ver exclusivamente con capacitación sino con formación.

"Si vas a transitar hacia nuevos estándares, el sistema residencial tiene que ser el mínimo tiempo posible, que sea excepcional separar al niño de la familia. Si una niña de 18 años te dice que entró a los dos... ahí falló todo"

—Muchos cuidadores sólo tienen cuarto medio, porque Sename no exige más.

—Yo creo que uno de los problemas que hemos tenido como país es creer que esta función no requiere personal experto. El educador de trato directo necesita una formación  y no solamente una capacitación. Requiere conocimientos técnicos o profesionales. Trabajamos fuertemente en la definición de un perfil técnico para el educador de trato directo.

—Pero a la fecha eso sigue sin solución…

—Es que nada es mágico. Nos demoramos aproximadamente un año en la definición de un perfil, y después de una malla curricular acorde a eso, y se lo hemos presentado a organismos colaboradores para que participen en incorporar a educadores actuales a estos procesos formativos. Claramente no ha sido suficiente, porque si hubiese sido suficiente, no estaríamos viendo las cosas que se dan hoy.

—Parecen medidas a largo plazo, pero los niños están en los centros hoy.

—Ya hay centros que están en proceso de formación de sus educadores y que partieron en 2016. Ha habido una reflexión en términos de cómo formamos. Tal como tú decías, los niños están hoy y, por lo tanto, necesitas adoptar medidas contingentes, pero nunca puedes perder la perspectiva de la estrategia a largo plazo en términos de políticas públicas, de cómo vas a transitar entre tener casi puros educadores con cuarto medio a tener educadores con buena formación.

—Muchos trabajadores dicen sentirse superados: hacen horas extras, no reciben ayuda psicológica y viven la violencia de los centros. ¿Cómo se espera que personas que viven estrés emocional y laboral puedan hacerse cargo de niños vulnerados?

—Cuando tienes un centro de administración directa donde el foco es el adulto, tenemos un problema. Hay algunos centros donde la mirada gira en torno al adulto y sus necesidades, y es como ¡perdón, pero nosotros somos funcionarios públicos que tenemos una misión!  Entregar todo lo posible para brindar la mejor atención a los niños y adolescentes.

—Pero si quieren velar por el bienestar de los niños, ¿no deberían también preocuparse por la persona que trata directamente con ellos?

—Por cierto, eso es una necesidad del servicio. Es un trabajo que uno podría equiparar a estar en un servicio de urgencias. Pero yo insisto: tu mirada como funcionario en un servicio como este tiene que ser que los niños están primero y, si eso significa un enorme esfuerzo y un enorme sacrificio, bueno, es lo que le compete al funcionario público.  No se trata de ser mártir, pero sí de entender que en nuestra función primero están los niños y sus necesidades.

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—Según un estudio reciente, de cada dos reos que hay en Chile, uno pasó por el Sename. ¿Cuánto influye en el futuro de los niños pasar por la institución?

—Yo fui fiscal durante 17 años. Creo que esto tiene que ver con el sistema de persecución penal que tenemos, con un Código Penal que se quedó antiguo y donde, en definitiva, ciertos delitos de bagatela terminan con gente en prisión. Una quiebra fraudulenta te genera mucho más daño social que un hurto en supermercado, pero la persona que hurta en el supermercado puede terminar cumpliendo pena efectiva y la otra no.

—¿Entonces, el Sename no tiene ninguna responsabilidad?

—No, eso no es lo que yo estoy diciendo. Lo que digo es que si vas a transitar hacia nuevos estándares, tienes que volcarte a que el sistema residencial sea el mínimo tiempo posible, que sea excepcional separar al niño de la familia. Si ves a una niña que tiene 18 años y te dice que entró a los dos años… ahí falló todo. Pero falló hace muchos años también, y el tema es cómo trabajamos para que eso no vuelva a fallar.

—Como directora del Sename, ¿hace un mea culpa por la situación actual?

—Yo asumí el 16 de julio de 2016. El 3 de octubre me tocó dar la cifra de los niños fallecidos en los sistemas de atención del Sename. Lo que yo te puedo indicar es que me habría encantado tener más tiempo, porque en este año y medio hemos logrado hacer cambios muy profundos e incidir en el cambio cultural institucional, en términos de entender que hay que ponerse los pantalones y hablar de modelos de atención que aseguren derechos. Me habría encantado tener más tiempo. Yo no me concentro en lo que no se hizo antes, sino en lo que podemos hacer en el periodo, con el sentido de responsabilidad de que no lo voy a poder cambiar todo.

—De acuerdo al último informe del INDH, en su periodo hubo 23 abusos sexuales en  los centros del Sename.

—El informe del INDH develó también que en un 90% de ese porcentaje el abusador había sido otro niño, y no es para minimizar, pero hay que saberlo, porque en ese caso ese niño también es víctima y tienes que trabajar en la reparación de un niño que ha naturalizado el hecho de vulnerar la intimidad de otro.

—Pero es responsabilidad de los centros lo que pasa dentro de ellos.

—Nuestro compromiso es tolerancia cero respecto a aquel adulto que maltrata o abusa a un niño. Tolerancia cero. Si es un organismo colaborador, se denuncia y se le pide a ese organismo que la persona sea desvinculada. Si es un funcionario de un centro de administración directa, nosotros iniciamos sumario, hacemos la denuncia penal y también hemos destituido. Pero yo siempre hago y exijo la distinción, porque si es un niño, él también es víctima.

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—¿Usted cree que Sename ayuda a los niños a salir adelante y no caer en la delincuencia?

—Yo he conocido historias de gente que hoy es alcalde y que creció en una residencia.

—Pero son pocos esos casos...

—Pensemos en todos los niños o los adultos de hoy que estuvieron en el sistema residencial hace 20 años, ¿dónde están hoy? Porque lo que nosotros conocemos, y en general la ciudadanía conoce, son aquellos casos donde existieron situaciones de abuso. No quiero con esto minimizar el problema, yo creo que eso es un problema grave. El punto es que cuando tú estás definiendo qué ha pasado en la historia de vida, tendrías que tener efectivamente cada historia...

—¿Esas cifras no las tienen?

—Cuando la persona cumple 18 años y egresa del sistema, no hay un seguimiento posterior. En justicia juvenil es posible, porque efectivamente se puede hacer un seguimiento, sin embargo, en protección de derechos hasta ahora ese seguimiento, en términos de resultados globales, no está. Lo que nosotros conocemos y la ciudadanía en general son historias de vida de personas que sufrieron vulneraciones de derechos gravísimas siendo sujetos de atención por parte del Sename.

—El año pasado, el Congreso generó un informe que buscaba aclarar las responsabilidades políticas de toda esta tragedia, pero el gobierno lo rechazó y, al final, lo desestimó. ¿Quién se hace responsable de las 1.313 muertes?

—Hay una investigación penal que tiene que determinar responsabilidad y quizás es por mi formación como fiscal, pero yo sí creo que la justicia penal tiene ese rol, que es la prevención y la sanción, y también en términos de reparación.

—Pero, ¿hay responsabilidad del sector político?

—Lo que yo vi, lo que evalué de verdad, tiene que ver con esta deuda histórica. Los niños se les olvidaron. No se les olvidaron desde 1979, cuando se crea el Sename: después efectivamente hay un proceso reformatorio en los 90, y después Chile suscribe a la Convención sobre los Derechos del Niño. Pero el servicio de protección siguió manteniendo las mismas lógicas, con esta mirada de invisibilización de las necesidades de los niños, y esta no mirada de la corresponsabilidad de las distintas instituciones. Acá no es solamente el gobierno, sino todas las instituciones públicas. Como país tenemos una deuda histórica. Pongámonos a trabajar seriamente en términos de políticas públicas para que esto no vuelva a pasar nunca más.