2015 no fue un año fácil para Guillermo Larraín (51), doctor en Economía y militante DC, aunque él asegura que estos doce meses también tuvieron de dulce y no fueron sólo de agraz. En septiembre, su bullada salida de la presidencia de BancoEstado —luego de destinar $ 58 mil millones para el pago de un bono por fin de conflicto— lo hizo enfrentar lo que califica como el momento más difícil de su carrera. Sin embargo, las muestras de respaldo que recibió posteriormente y las oportunidades que se le han presentado después le han permitido terminar el año con un gusto menos amargo.

—¿Cómo definiría su 2015?

—Fue un año de dulce y agraz. Tuvo muchas satisfacciones en muchos ámbitos. En el banco hicimos cosas que fueron importantes. Y evidentemente también tuvo un momento muy duro, que fue la salida. No hay que ser mago… Fue pesado.

—Cuando fue superintendente de Valores y formuló cargos contra Sebastián Piñera, Ud. fue duramente cuestionado, aunque finalmente salió fortalecido.

—Ahora también. Con el tiempo eso se va a ver más claro. Lo noto por la reacción que he percibido tanto en el mundo político como en el empresarial y por las oportunidades que se me han abierto de hacer cosas distintas. Desgraciadamente no puedo dar muchos detalles de proyectos que están en curso.

—¿Se sintió traicionado con lo que ocurrió en BancoEstado?

—No voy a responder eso.

—¿Con el ministro Rodrigo Valdés eran cercanos antes del episodio del banco?

—Siempre hemos sido amigos. Nunca íntimos, pero sí nos hemos invitado alguna vez a las casas. Mantenemos una relación cordial.

—¿Y después de septiembre?

—Retomamos la relación habitual.

—¿Qué percepción tiene del empresariado hoy?

—Me parece que ha mejorado bastante. Durante mucho tiempo, los líderes empresariales tendían un manto de impunidad sobre las malas prácticas. José Antonio Guzmán, que fue el primero en condenar como gremio las malas prácticas, fue criticado en su minuto. Gracias a eso hoy hemos llegado a un punto en el que, por ejemplo, la Sofofa es capaz de sancionar a uno de sus miembros ilustres, como lo es la papelera. Eso da cuenta de una evolución.

—¿Y la relación del gobierno con el empresariado, cómo la evalúa?

—Creo que inicialmente se cortaron las vías de comunicación en forma muy fuerte, en parte porque Alberto Arenas no tenía muchos lazos con el mundo empresarial.

—¿Fue un error haberlo nombrado como ministro de Hacienda?

—No. Creo que él tiene muchos méritos, pero ese no. El dato objetivo es que ahí hubo un cortocircuito que además se agravó porque se planteó la discusión tributaria de una forma que fue totalmente equivocada. No sé si Arenas era el responsable de esa estrategia comunicacional, pero eso le quitó mucha capacidad de relacionamiento con el mundo empresarial.

"El programa de gobierno tiene esta lógica: 'Estamos sobre un polvorín y hay que manejarlo bien porque de lo contrario explota'. Ese manejarlo bien implica sofocar ciertas demandas, lo que a su vez necesita recursos".

—En la campaña, usted participó del equipo económico de Bachelet. En el programa estaban las reformas tributaria, la educacional, la constitucional y se podría sumar la laboral. Viendo cómo están esas reformas hoy, ¿qué valoración hace del gobierno?

—El gobierno está en una situación complicada. Mi impresión es que el programa, en lo fundamental, es una respuesta a demandas que el país tiene y que se han ido acumulando sin ser correctamente tratadas durante mucho tiempo. El problema es que se han intentado resolver con demasiada celeridad. En la reforma universitaria, por ejemplo, evidentemente ha habido grados de improvisación importantes. Ahora, habría que estar en los pantalones del gobierno para saber si uno lo hubiese hecho muy distinto, pero lo que yo constato es que son demasiadas las reformas que se han hecho en un tiempo muy corto.

—Da la impresión que el gobierno le tiene miedo al estallido de nuevos conflictos sociales y por eso incluso ha estado dispuesto a abrir la billetera de La Moneda para evitarlo.

—Es que hay una percepción, correcta a mi juicio, de que estamos sentados en una situación social potencialmente explosiva. El país ha cambiado mucho y las instituciones democráticas se han debilitado a un punto extremo. Estamos en un país con mayores ingresos, con una clase media más poderosa y con una capacidad de movilizarse mayor. Eso genera las condiciones para una situación que socialmente puede ser compleja. Y a eso el gobierno le tiene miedo.

—¿Es una bomba de tiempo?

—Es una situación explosiva. Es difícil prever qué podría activar el desorden social pero, por ejemplo, si se hubiese rechazado la gratuidad, tengo la impresión de que corríamos un riesgo importante de que el mundo estudiantil se inflamara otra vez. El programa de gobierno tiene esta lógica: "Estamos sobre un polvorín y hay que manejarlo bien porque de lo contrario explota". Ese manejarlo bien implica sofocar ciertas demandas, lo que a su vez necesita recursos. Además, se requiere resolver el problema de la legitimidad de las instituciones democráticas y para eso está el proyecto de nueva Constitución. Hay quienes piensan que acá no hay que hacer nada y que la Constitución no es el problema. Eso es un grave error.

—La reforma constitucional conlleva incertidumbre. ¿Cómo se concilia eso con el crecimiento económico?

—El problema que tenemos es que el proceso constitucional va a durar tres o cuatro años más y la pregunta es cómo manejar una economía a la cual le quedan cuatro años en los cuales las reglas del juego van a estar en discusión. Pienso que hay tareas para los distintos sectores. Los empresarios tienen que entender que el debate constitucional en lo económico tiene algunos puntos de conflicto, pero que están bien focalizados. El más complicado, evidentemente, es el derecho de propiedad y aquí nadie está planteando derogarlo, como parecieran creer algunas personas.

—Este año hubo incertidumbre y está a la vista el impacto que tuvo en la economía. ¿Va a haber cuatro años más en los que la economía crezca al 2%?

—Eso es lo que me preocupa.

—¿Considerando esta incertidumbre que plantea, es más bien pesimista respecto del crecimiento en 2016?

—Creo que el crecimiento económico va a estar más cerca del 2% que del 3% y, probablemente, el 2017 también. Lo que me preocupa de la discusión constitucional es que ocurre en un momento inoportuno por la caída del precio del cobre, pero aun así es deseable.