Los correos electrónicos revelados por Qué Pasa, dando cuenta del activo intercambio de opiniones entre Pablo Longueira y Patricio Contesse, ex gerente general de la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), justo cuando se definía la fórmula del proyecto de royalty que el Ejecutivo enviaría al Parlamento, desataron una bola de nieve.
Luego, según Ciper, Longueira habría recibido por parte del ex gerente general de SQM, la redacción de un artículo sobre el impuesto a la minería que luego se incluyó en la ley. Esto obligó al ex senador a enfrentar a los medios -aunque sólo leyó un comunicado y no quiso responder preguntas-, donde se declaró un "hombre honesto".
Al otro día, el ex presidente, Sebastián Piñera, salió a defender la ley que se tramitó durante su mandato: "Yo como ex presidente de la República firmé y defendí esa ley y me siento muy orgulloso y contento, porque nos permitió financiar la reconstrucción y recuperar la capacidad de liderazgo y crecimiento", dijo el jueves pasado.
Pero la bola de nieve, a medida que se agranda, comienza a agarrar más gente. Así es como, según informó esta mañana La Tercera, ayer la Fiscalía citó a declarar, en calidad de testigos, a los ex ministros del gobierno de Piñera que estuvieron involucrados directamente en la tramitación de la ley de royalty minero en 2010: Laurence Golborne, en ese entonces, ministro de Minería; Felipe Larraín, de Hacienda; y Cristián Larroulet, ex secretario general de la Presidencia, como parte de las diligencias para determinar una reconstrucción del proceso de generación de la ley.
Consultado por el mismo diario, Larroulet confirmó los hechos. "La fiscalía está haciendo su trabajo. El proceso de construcción de la ley fue impecable y sus resultados muy favorables para Chile. Dejemos que las instituciones funcionen", dijo.
A la vez, el Ministerio Público decidió requerir las versiones de los subsecretarios que hayan participado de la discusión de la ley. Entre ellos, figuran el ex subsecretario de Segpres, Claudio Alvarado; el de Hacienda, Rodrigo Álvarez; y la ex jefa de gabinete de Golborne, Luz Granier. Además, no se descarta que asesores de dichas carteras sean también citados.
Al respecto, el ministro del Interior, Jorge Burgos, señaló que la Fiscalía esta en todo su derecho al citar a declarar a cualquier persona. "En el largo plazo, lo que genera la confianza en un Estado de Derecho es el funcionamiento de las instituciones", dijo Burgos.
Según La Tercera, con esta diligencia a la que se suma la solicitud por parte de los fiscales al Congreso de las actas de la votación de la mencionada normativa, se busca conocer quiénes fueron los principales involucrados en su tramitación.
