"El Gobierno, haga lo que haga, no puede desoír la Constitución. En esa Constitución se dice en el artículo 19 número 2, que no se puede discriminar y, por lo tanto, si lo que hace el Gobierno es hacerle el quite, enderezar la esquina al Tribunal Constitucional, es evidente que van a haber acciones nuestras para defender la idea de no discriminación y que todo los estudiantes vulnerables tengan la misma posibilidad de acceso". Las palabras del diputado José Manuel Edwards (RN) tras la reunión que sostuvieron miembros de la oposición con la ministra de Educación, Adriana Delpiano, grafican que tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que dejó en vilo el proyecto que buscaba asegurar la gratuidad al 50% de alumnos más vulnerables del sistema de educación superior, la oposición tomó nuevos bríos y endureció su mensaje a La Moneda: si sus propuestas no son acogidas y escuchadas por el gobierno volverán al TC.
Y eso fue lo que ocurrió esta mañana cuando los diputados UDI Jaime Bellolio, Romilio Gutiérrez y María José Hoffman, junto a sus pares RN José Manuel Edwards y Alejandro Santana, y a la presidenta del PRI, Alejandra Bravo llegaron hasta las dependencias del Ministerio de Educación (Mineduc) a hacerle entrega de una propuesta para cumplir con la gratuidad sin alterar los principios constitucionales de la igualdad ante la ley, dicen, a la que invocaron con el requerimiento ante el órgano revisor.
La propuesta en líneas generales plantea la creación de una beca de gratuidad que cubra la brecha entre el arancel real y el arancel de referencia de las universidades, obteniendo los recursos través de múltiples vías. "Está fórmula plantea una reasignación de recursos en el marco de la ley de fin del copago, el lucro y la selección, destinó el Ejecutivo para la compra de infraestructura de los colegios particulares subvencionados, por un monto que alcanza los US$ 400 millones". Con esta reasignación se lograría beneficiar a 315 mil estudiantes del 50% más vulnerable en instituciones acreditadas por 4 años, de manera que "en vez de gastar fierros y ladrillos de colegios que ya existen, esos dineros vayan a los estudiantes más vulnerables del país, sin discriminación arbitraria", explicó el diputado Bellolio tras la reunión.
En lo medular, con esta propuesta se estaría apuntando a un parámetro de calidad para la entrega de recursos de todos los planteles que cumplan con los cuatro años de acreditación, sin importar si estos sean privados o estatales. Bajo esta variable, eso sí, dos universidades estatales quedarían fuera la gratuidad, las universidad Arturo Prat y de Los Lagos. Así también, la propuesta pretende cambiar los fondos destinados a la compra de inmuebles, para esta fórmula de becas de gratuidad.
La vocera de Chile Vamos, Alejandra Bravo, aclaró que el conglomerado está por la gratuidad universal y no por la defensa de intereses privados como han acusado desde el gobierno: "Se nos intentó decir que nosotros como oposición no estábamos de acuerdo con la gratuidad, eso nunca ha sido así, todo lo contrario", comentó.
En La Moneda y en el Mineduc, tomaron nota rápidamente de este nuevo escenario.
La Moneda bajo presión
Los parlamentarios tenían pensando llegar hasta el Palacio de La Moneda para entregarle una carta a la presidenta, Michelle Bachelet; sin embargo, optaron por esperar unos días, pues las ministra- según comentaron desde el conglomerado opositor- les habría asegurado que intermediaria para concretar una reunión con la mandataria para hacerle entrega formal de la propuesta.
En la oposición comentan que han observado que el gobierno ha tenido que bajar la guardia tras lo que han denominado "un verdadero golazo" que le hicieron acudiendo al TC y ganando el recurso. Así, con "el sartén por el mango" ahora el gobierno deberá cautelar que cualquiera de las fórmulas no vulnere ningún punto de la Carta Magna, pues los parlamentarios le dijeron a la propia ministra en la cita de esta mañana que de ser así volverían a recurrir al tribunal.
Un parlamentario oficialista comentó que varios en la Nueva Mayoría advirtieron al ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, que utilizar la Ley de Presupuesto 2016 para garantizar la gratuidad dejaba flancos abiertos para eventuales inconstitucionalidades. Incluso, afirma el mismo legislador, hubo un primer borrador de la fórmula que "hacía aguas constitucionales por todos lados", lo que fue escuchado por Valdés, pero no al punto de revisar con mayor detalle el nuevo texto que finalmente se aprobó.
Así, en La Moneda creen que va a ser necesario abrir diálogo con la derecha, ante el temor que se caiga la nueva fórmula. Además, ya piensan que la nueva ley de educación superior también deberá ser revisada y sociabilizada para sortear cualquier problema constitucional. En esa línea, la ministra Delpiano les informó a los parlamentarios que se intentarán coordinar reuniones técnicas entre el Mineduc y el equipo de asesores de Chile Vamos.
En la oposición comentan, además, que la actitud de la ministra ha cambiado tras el fallo: ha mostrado una actitud más dialogante, pues sabe que ahora recurrir al TC no es un mero trámite, sino que se ha transformado en una amenaza real. Incluso, advierten desde la oposición, esta especie de "carta bajo la manga", también puede resultar para otras leyes como por ejemplo la reforma laboral, por el tema de la libertad de asociación, derecho constitucional que podría verse afectado con el actual proyecto.
Bajo este escenario, el gobierno ha debido ceder desde la postura más radical que tuvo tras conocer el fallo ("No me conocen", dijo la presidenta Bachelet) para terminar utilizando el pragmatismo para evitar una nueva amenaza en uno de los proyectos más emblemáticos del programa de gobierno. En lo que sí el gobierno no cederá, afirmó durante la semana una alta fuente de gobierno, es que no se permitirá la entrega de recursos a instituciones de educación superior que no cumplan con la calidad que se busca y que esos estándares de calidad deben subir considerablemente con el nuevo marco regulatorio.
