Jorratt un año después

Hace un año, el 15 de abril de 2015, Michel Jorratt volvió a aparecer en un titular de la prensa, cuando la presidenta Michelle Bachelet lo ratificó como director del Servicio de Impuestos Internos (SII) tras postular vía Alta Dirección Pública y cuando llevaba 13 meses como interino.

Se trataba de una buena noticia, pero que duró muy poco. Casi un mes después, el 18 de mayo y luego del cambio de gabinete, el nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien reemplazó a Alberto Arenas, le pidió la renuncia en medio de los fuertes cuestionamientos que recibió el SII por su rol en los casos Penta y SQM por la demora en la presentación de querellas, en especial en la arista SQM.

Entonces, como hoy, fue la Fiscalía la que arengaba públicamente al SII a interponer acciones legales para poder investigar, una situación que ha vuelto a producirse y que ha tenido a ambos organismos enfrentados otra vez.

La diferencia es que hoy Jorratt, uno de los hombres clave en la gestación de la reforma tributaria, mira desde el palco el devenir de Penta y SQM y las constantes diferencias entre el SII y el Ministerio Público. Esto, pese a que él mismo estuvo relacionado con los hechos: declaró ante Sabas Chahuán, mientras este encabezaba la Fiscalía Nacional, para ratificar las presiones que, según dijo a Qué Pasa el año pasado, recibió del ex ministro Rodrigo Peñailillo para que en Impuestos Internos "no nos siguiéramos metiendo en SQM".

Tras el vendaval del 2015, Jorratt retomó la vida que llevaba antes de dirigir el SII: dar clases en la Universidad de Chile y, como experto en evasión tributaria, asesorar a varios países de la región, como Paraguay y Nicaragua.

Pero reinsertarse no fue tan fácil. Pasaron varios meses hasta que recibió los primeros llamados de trabajo.

—¿Cómo se recuerda en esta misma época en 2015?

—Hace un año estaba en el momento más álgido de mi paso como director de Impuestos Internos, con críticas de todos lados por lo que hacíamos y no hacíamos. Fue el momento más difícil. De hecho, me desvió de la atención principal de mi rol y pasaba mucho tiempo metido en Penta y SQM. Antes de esos casos estábamos enfocados en las querellas contra los Ossandón, los dueños de Ripley y en una serie de otras causas importantes. Y en paralelo concentrados en la implementación de la reforma tributaria, en el proyecto de modernización de la carrera funcionaria, en el plan estratégico y en lo que era el nuevo modelo de fiscalización. Pero Penta y SQM terminaron consumiendo gran parte de mi jornada.

—¿Qué sensación tiene de su paso por el SII?

—Valoro la experiencia. No me arrepiento de haber aceptado el cargo de director ni después de haber postulado por Alta Dirección Pública. Pero lo que más uno lamenta es que estábamos haciendo un super buen trabajo en el Servicio en ámbitos relevantes. Por ejemplo, en un año aprobamos una ley de modernización que, me atrevería a decir, es la más importante que ha tenido el SII en su historia. Mientras que la evasión tributaria se redujo en dos puntos en menos de un año, y logramos revertir la tendencia porque venía subiendo. Había tantas cosas por hacer. Sólo en ese sentido es una frustración no haberlas podido cumplir.

—¿En qué aspectos valora la experiencia?

—Si bien tuvo mucho de cosas desagradables, también pudimos hacer un aporte y uno de los principales fue la reforma tributaria, donde participé directamente. Si bien no quedó como yo quería, sí hubo un cambio radical en el sistema tributario.

—¿Y volvería a aceptar un cargo como funcionario público?

—No me atrevo a decir que nunca. Pero por ahora prefiero estar al margen de cargos de figuración pública.

—En las últimas semanas volvió a haber discrepancias entre Impuestos Internos y la Fiscalía. Un escenario muy parecido al que usted estaba, ¿cómo ha visto la situación?

—Hay que entender que el rol del SII es combatir la evasión, y para ello hay recursos escasos que deben ser bien administrados. Las querellas contra Penta eran necesarias, porque se trataba de fraudes tributarios groseros, y detrás de esas querellas hay un efecto ejemplarizador, que sin duda tuvo incidencia en la reducción de la evasión. Luego apareció la arista política, y las querellas contra SQM se justificaban, porque había gran cantidad de facturas falsas que se usaron para pagar menos impuestos, al margen de si encubrían o no donaciones políticas. De hecho, no todas las facturas y boletas falsas tenían que ver con donaciones políticas.

—¿Cómo cambió el caso cuando surgen los políticos?

—Cuando llegamos a los políticos, las querellas no siempre se justificaban, desde el punto de vista del control de la evasión. Hay que pensar que si un político recibió donaciones por $ 40 millones disfrazadas de prestación de servicios, evadióel impuesto a las donaciones por $ 400 mil. ¿Tiene sentido que el SII mueva toda la maquinaria de persecución penal por un fraude de $ 400 mil? ¿Estaría el director usando bien los recursos escasos si se pone a perseguir penalmente esos delitos, cuando por el lado hay fraudes cientos de veces más grandes? Me parece que no.

—¿Por eso se fue primero contra las empresas?

—Por eso nos fuimos primero contra las empresas. Respecto de los políticos, lo que pretendíamos hacer era querellarnos en los casos más grandes o que, sin ser necesariamente grandes, tuvieran elementos de mayor gravedad desde el punto de vista del incumplimiento tributario. Respecto de los casos menores, mi idea era perseguir las sanciones pecuniarias, llevar esos casos a los tribunales tributarios. Pero los ciudadanos, la opinión pública, quieren que el SII se querelle contra los políticos, pero no porque estén preocupados por el impuesto que dejaron de pagar. Lo que les preocupa es otra cosa. Es el cohecho. Es que se hayan burlado de la Ley de Donaciones Políticas, una ley que ellos mismos aprobaron, con sanciones bajísimas y una prescripción ridícula de un año. Pero ese no es un tema del SII. Para eso está el Ministerio Público, que no requiere denuncia del SII para perseguir delitos comunes.

"A la gente se le metió en la cabeza que si el SII no se querella no se puede formalizar a los políticos. (...) Si la Fiscalía tiene antecedentes de cohecho u otro delito común, puede investigar y formalizar sin importar lo que haga el SII".

—¿Siente que se ha presionado al SII?

—A Impuestos Internos se le exige un rol que no le corresponde, que es perseguir tributariamente otros delitos que la Fiscalía o la ciudadanía quiere perseguir. Y yo no creo que a la gente le importe mucho el impuesto que dejó de pagar un político por la boleta que dio. A la gente se le metió en la cabeza que si el SII no se querella, no se puede formalizar a los políticos. Entonces, toda la culpa es del SII, porque no se querella. Pero desde mi punto de vista eso no es así. Si la Fiscalía tiene antecedentes de cohecho u otro delito común, puede investigar y formalizar sin importar lo que haga el SII. Y a mí me parece que recibir donaciones políticas encubiertas, al margen de la ley que se creó especialmente para ese fin, es un antecedente más que suficiente para iniciar una investigación por cohecho.

—¿Cree que el SII ha sido ecuánime?

—Uno no puede opinar mientras no termine todo el proceso. Uno podría decir "claro, se querellaron en contra de Ominami". Pero a lo mejor hay otro que tiene más plata involucrada y no se ha querellado. Sin embargo, sería una crítica injusta, porque no sabemos cómo va terminar el proceso, y eso depende del avance de la investigación. Lo que sí creo es que si se estableció un parámetro con Ominami y Cardemil, hay que respetar eso y presentar querellas en casos más graves o iguales que esos.

—Cuando dejó el SII, estaban querellados los ejecutivos de Penta y algunos involucrados en SQM. ¿Cómo ha visto el devenir de estos casos?

—Que haya una condena en contra de Novoa me parece bien. Su caso era especial, porque no era sólo que hubiese recibido donaciones con una boleta a cambio, sino que había incorporado boletas falsas de otras personas, porque manejaba un talonario en la contabilidad de su empresa. Algunos dicen "es que el monto no era tanto". Pero había este otro elemento: boletas falsas en su contabilidad.

—¿Qué le parece que en el caso de Martelli, quien está formalizado, aún no haya novedades?

—Yo creo que las va a haber. Porque los tiempos son distintos. Una cosa que es cierta es que en el caso Penta había más información porque había gente que la entregó, como Hugo Bravo y el martillero. Pero en el caso Squimich no es tan así y eso hace que la investigación sea más lenta.

—¿Cuál era el criterio que tenía en los casos de los políticos mientras estuvo en el SII?

—Lo que estábamos haciendo antes de que yo me fuera, es que íbamos a tirar una línea que estableciera que de cierto monto hacia arriba íbamos a ir con querella y de ese monto hacia abajo, persecución pecuniaria. Esa era la estrategia, porque no era factible ni tampoco bueno para el SII querellarse contra cientos de personas, sobre todo cuando eran montos pequeños. Cuando el SII se querella contra un político, establece cierto parámetro. Entonces, lo que uno le puede pedir al SII es que sea cuánime en estos casos y si se querelló en contra Alberto Cardemil, entonces en todos los casos iguales o peores que él debiera haber querella.

—A raíz de la filtración de los Panamá Papers cobraron nuevamente importancia las dudas en torno a los paraísos fiscales y, por tanto, el proceso de declaración de capitales de chilenos en el exterior sin multas ni sanciones. Mientras de discutía la reforma tributaria ¿usted estuvo a favor o en contra de esta medida?

—No me gustaba. Fue sugerido por varias personas, entre ellos algunos senadores. Y en el grupo de la Reforma también había gente que era partidaria de incorporarla. Pero a mí no me gustaba fundamentalmente porque es como un perdonazo a impuestos que nunca se pagaron.

—¿Cuál era su propuesta?

—Avanzar en los intercambios de información, en la iniciativa de la OCDE, en los convenios bilaterales y así perseguir esas evasiones y sancionarlas. Ahora, ese era un camino lento y tal vez muchas cosas después estarían prescritas. Entonces, desde ese punto de vista, reconozco que la medida sí ha sido exitosa y a lo mejor se recaudó plata que de otra manera no se habría recaudado. Felizmente no se prorrogó, porque algunos planteaban eso y se podría haber transformado en una cosa permanente. Pero los que no se acogieron, después de los Panamá Papers deben estar bastante asustados, porque estos documentos permiten identificar casos de gente que no declaró y que el SII puede perseguir.

"Cuando hay un país como Chile, donde hay tantas necesidades y que tiene tan mala distribución, ¿cómo uno va a considerar legítimo que alguien use un paraíso fiscal para pagar menos impuestos?"

—¿Qué visión tiene hoy de quienes debieran ser los grandes contribuyentes? ¿Pagan o evaden?

—No se puede generalizar, pero había y hay mucha planificación tributaria. Las cifras daban cuenta de eso, porque cuando mostrábamos que los dividendos declarados eran la tercera parte de los que efectivamente se distribuían a las personas, eso da cuenta de que había mucha planificación. Y da risa que algunos todavía crean que el sistema del FUT era un incentivo a la inversión, porque la realidad muestra que había tantas formas de sacar las utilidades sin pagar impuestos, que si alguien invertía no era precisamente porque pensara que así se iba a ahorrar impuestos, sino que lo hacía porque quería tener más rentabilidad. Pero el sistema tributario en ningún caso pudo haber tenido efectos en que aumentara la inversión de un país, porque cualquier empresario con un asesor tributario medio, ni siquiera bueno, podía retirar la plata sin pagar impuestos.

—Ricardo Escobar, ex director del SII, explicó a El Mercurio que también hay razones legítimas para ir a paraísos fiscales: diferir el pago de impuestos, guardar la identidad de empresarios o inversionistas por seguridad o para invertir o reinvertir en el exterior…

—Lo que no está en discusión es que hacer una sociedad en un paraíso tributario apunta a bajar la carga tributaria.

—¿Considera legítimo en algunos casos el uso de paraísos fiscales?

—Considero que no. Hay que preguntarse por qué entonces es que la OCDE y Estados Unidos están hace años tratando de terminar con los paraísos fiscales y de acceder a intercambio de información, justamente porque son una herramienta para evitar el pago de impuestos. Y cuando hay un país como Chile, donde hay tantas necesidades y que tiene tan mala distribución, ¿cómo uno va a considerar legítimo que alguien use un paraíso fiscal para pagar menos impuestos?