"La actuación inicial del Ministerio Público hoy le resta flexibilidad para poder manejar estos casos"

En la última elección de fiscal nacional, el abogado Juan Enrique Vargas, decano de Derecho de la Universidad Diego Portales, no sólo fue uno de los candidatos que quedó dentro de la quina de finalistas, entre ellos Jorge Abbott, por la que votó el pleno de la Corte Suprema. También era el único de ellos que no era parte de la Fiscalía.

Pero no era primera vez que Vargas sonaba para encabezar el Ministerio Público. Aunque su carrera la ha enfocado principalmente en el área académica, su apellido es una marca registrada en la Reforma Procesal Penal, luego que fuera parte del grupo de abogados que a comienzos de los años 90 articuló la reforma a la justicia que implicó dar punto final al sistema acusatorio —con jueces que investigaban y fallaban, expedientes cosidos a mano y secreto de sumario—, para pasar al sistema oral actual.

Precisamente por el currículum que lo antecede, como uno de los padres de la Reforma Procesal Penal, es que hoy mira desde la distancia, nuevamente en su rol de decano y especialista en reformas judiciales, el rol del Ministerio Público en casos de alta connotación pública, como Penta y SQM; las pretensiones anunciadas por Abbott de cerrar prontamente esas causas y la polémica norma que pretende sancionar las filtraciones.

Para el Ministerio Público es un problema que en una investigación se filtre información, porque le puede desbaratar la línea de investigación. Eso lo entiendo, pero es un problema interno que tiene que controlar el Ministerio Público y que no se resuelve vía sanciones penales

—¿Y no era justamente la transparencia y la publicidad parte clave de la Reforma?

—Con el nuevo sistema de justicia criminal lo que se ganó es invaluable. Pero eso tiene flujos y reflujos y momentos en que eso se valora y otros en los que se reacciona y vienen intentos por tratar de acotarlos. Por ejemplo, el año pasado en esta misma época había una tremenda discusión sobre la transmisión de las audiencias de formalización del caso Penta y se planteaba si el hecho de dar tanta publicidad no adelantaba un prejuicio y presionar ciudadanamente a los tribunales para tomar una determinada decisión. Sin duda, en estas cosas hay pro y contras. No son puros beneficios, porque también hay costos. Y eso es lo que hace que se balancee el beneficio de la transparencia versus los costos de la transparencia.

—Pero los mismos cuestionamientos que hubo el año pasado por la transmisión de Penta, no se dan, por ejemplo, con personas en juicios comunes que también son transmitidos. ¿De qué depende? ¿Del tipo de imputado? ¿Del tipo de delito?

—El sistema criminal, pese a que tiene que lidiar con una enorme cantidad de casos, se juega su legitimidad a partir de ciertos casos muy connotados, o muy anecdóticos si uno los mira en la estadística, pero para ojos de la ciudadanía son mucho más determinantes que miles de cientos de los otros comunes y corrientes. Las estadísticas tienen que ser capaces de mostrar resultados en los grandes números, pero también concentrarse en ciertos casos que pueden trastocar todo el sistema. Y basta con que fracase en un caso muy sonado para que la imagen pública se posicione mal sobre el sistema. O basta con que haya gente muy poderosa siendo investigada para que se levante. Por ejemplo, si uno ve la discusión que hay sobre delincuencia y la Agenda Corta, el gran tema es cómo restringir la garantía de las personas en un sistema que aparentemente sería demasiado garantista a juicio de algunos. Pero cuando uno se va a estos casos donde hay personas muy poderosas involucradas, toda la discusión es sobre cómo ampliar sus derechos para que se respete su condición de inocencia, para que no se los prejuzgue, etc. Entonces, hay una contradicción entre lo que tiene que hacer la Fiscalía y el sistema en general en su trabajo cotidiano con toda la criminalidad, versus estos otros casos muy señeros que funcionan con otra lógica.

—¿Y no deberían funcionar con la misma lógica?

—Uno podría sostener que todos los casos tienen igualdad ante la ley y sin duda se tiene que tratar de ir en esa dirección, pero no se puede ser naif y desconocer que esto va a ser y seguir siendo así. Y que la ciudadanía va a seguir poniendo sus ojos con mucha mayor atención en algunos casos paradigmáticos mientras el resto va seguir una lógica normal y desconocida y que a la mayoría no le importa. Ese es el negocio y las instituciones tienen que saber lidiar con eso.

—Cuando proyectaron el nuevo sistema de justicia ¿este tipo de variables se pensó? ¿Ha cambiado el escenario desde que aparecieron los delitos de cuello y corbata?

—Siempre hay casos significativos que trastocan al sistema. Por ejemplo, con el caso de Gemita Bueno estuvo todo Chile pendiente, al igual que con Spiniak. Pero el sistema antiguo era mucho más lento. Pero así y todo, con secreto de sumario, los trascendidos eran muchísimos y la información por abajo también existía. Es un buen ejemplo de cuando hay una presión social por obtener un cierto resultado. Con Gemita Bueno llegó un momento en que existía claridad de que no había nada, pero la presión respecto de que había gente poderosa y que el caso no se podía cerrar y quedar en la impunidad, lo hizo alargarse pese a que probablemente desde mucho antes se sabía en lo que iba a terminar: en nada. Pero fue una publicación periodística la que terminó de desmantelar la tesis. Porque es muy difícil poder mantener un control total durante tanto tiempo de toda la información.

—Pero hoy surge la norma antifiltraciones, impulsada por el gobierno y el Ministerio Público. El presidente de la Corte Suprema señaló que "es una especie de vuelta al secreto de sumario". ¿Coincide?

—Todo lo que ha habido a propósito de las filtraciones, es algo difícil de entender, porque lo que uno ve es una propuesta para sancionar las filtraciones como si el problema fuera que esa gente que filtrara fuera identificada y sancionada para que no lo vuelva a hacer. Y hasta donde yo sé, en las investigaciones sobre sanciones que se han abierto nadie está imputado. Y aunque le pongas las penas del infierno, si no tienes ninguna capacidad de descubrir, no tiene ningún sentido. Todo esto es una discusión bizantina al final del día.

—¿Qué le parece que se ponga por primera vez énfasis en las filtraciones justo cuando muchos de los protagonistas de los casos son parlamentarios y ex personeros de gobierno?

—Lo hacen probablemente por esa motivación, pero también creo que efectivamente para el Ministerio Público es un problema que en una investigación se filtre información, porque eso le puede desbaratar línea de investigación y facilitar información a las defensas. Eso lo entiendo, pero es un problema interno que tiene que controlar el Ministerio Público y que no se resuelve vía sanciones penales. Primero, porque si no son capaces de detectar quiénes hacen las filtraciones esto no se podrá aplicar nunca a nadie y, segundo, lo que hay que hacer es ver cómo se llevan las investigaciones para cautelar que no se filtren.

—¿De qué sirven estas medidas? ¿No cree que algo cambió a partir, por ejemplo, de los Wikileaks?

—Hay un cambio en un sentido eminentemente práctico. Hoy es muy difícil controlar la información y la posibilidad de pretender que ésta va a estar compartimentada es mucho más limitada. Y eso se ha visto con los casos Wikileaks y los Panama Papers, porque hoy hay muchas formas y mucha gente interesada en dar a conocer información de impacto público muy importante. Y, sobre todo, da la impresión de que es imposible pretender, desde el punto de vista del establishment, de las autoridades, controlar los resultados de esto. Porque hoy hay una demanda por información de parte de la ciudadanía y una presión por hacer algo mucho más intensa que la que existía.

—Presión y expectativas.

—La presión de lo que significan los casos emblemáticos, casos que se construyen a partir de quienes son los imputados, de qué tipo de delitos se trata. Pero también del propio discurso de la persecusión penal. Entonces, si tú construyes un caso y lo planteas como extremadamente grave y severo y el Ministerio Público tiene un discurso muy fuerte en ese sentido y pide, por ejemplo, prisiones preventivas, medidas cautelares severas y con muchos adjetivos calificativos en contra, despiertas expectativas en la opinión pública muy fuertes sobre obtener resultados congruentes con todo el esfuerzo investigativo que se ha hecho. Y ahí se le produce un problema al Ministerio Público, porque si es una causa por delitos que no son tan graves, que no merecen penas tan altas, en el momento de tener que ir hacia la posibilidad de un juicio oral, si lo que tiene es menos potente que lo que se anunció, se genera una crisis de expectativas que es muy difícil de saltar. Y son expectativas que el propio Ministerio Público levanta.

—¿Es lo que está pasando con el caso del tsunami?

—El caso del tsunami es un buen ejemplo, porque fue una tremenda investigación, muy larga, con muchos recursos, mantenida por el Ministerio Público y llega el momento de los quiubo y lo que ofrece el es un acuerdo condicional en que ni siquiera los imputados tienen que pedir perdón sobre el delito.

Pueden tener todo el control de identidad que quieran, pero eso no va a solucionar la mala investigación policial de los delitos (...). No es que funcione mal la Fiscalía o los tribunales, sino que los casos no llegan investigados al sistema. Y para eso, el control de identidad sirve cero

—¿Pero el sistema no se proyectó así también con el fin de buscar distintas salidas?

—Por eso es que el Ministerio Público debe ser muy sobrio en cómo se comporta y bastante congruente a lo largo del tiempo. No puede al inicio tirarse con todo y hacer un discurso muy potente e invertir muchos recursos en algo si no está relativamente seguro que va a terminar con una sanción que sea congruente con las expectativas que va levantando. Porque si no, lo que va a suceder es que esa presión generará desconfianza sobre el sistema. Se va a pensar que hay un arreglín de último momento porque las personas son muy importantes y la gente no va a creer que esa sea la única salida posible por las penas que arriesga el imputado. Es algo difícil.

—¿Están las mismas expectativas sobre la mesa en los casos de financiamiento ilegal de la política?

—En las últimas declaraciones que se han escuchado de parte del Ministerio Público sobre los casos de financiamiento ilegal de la política tratan de bajarle el perfil en cuanto a que efectivamente son delitos con penas bajas, que en Chile esto se sanciona en forma menor, que es muy posible que estas causas no van a terminar en condenas de prisión efectiva o con un tipo de salida alternativa. Y si uno contrasta estas declaraciones con las audiencias de formalización de hace un año y la petición de medidas cautelares, el problema es que esa misma demanda que se creó públicamente es la que le impide al Ministerio Público simplemente llegar y cerrar estos casos. Y hoy se enfrenta a una disyuntiva de que tiene casos en los cuales muchos de ellos finalmente no dan para una condena alta. Por otra parte, tiene la presión pública de que no puede llegar y cerrarlos y, además, tiene una situación de, eventualmente, tener una cierta disparidad de trato. Porque se tiró con todo contra algunos que están en esta situación, ¿y por qué no tirarse con todo en contra de otros que están en una situación bien parecida? Entonces, su misma actuación inicial hoy le resta flexibilidad para poder manejar estos casos en esta etapa.

—¿En Penta puede pasar lo mismo que en tsunami?

—Es muy probable que haya una suerte de decepción respecto a las expectativas públicas. De hecho, ya algo se dio en el caso de Jovino Novoa, que salió con un procedimiento abreviado y sin reconocer públicamente su responsabilidad. Para los ojos de la ciudadanía es una sanción muy inferior a las expectativas que se había trazado.

—¿Pese a que hay sanción y condena?

—Pese a que hay sanción, pero no pareciera ser una sanción equivalente a las expectativas que crearon en torno al caso. Yo entiendo que el Ministerio Público no puede quedar anclado en torno a estos casos como si fueran los únicos que hay en el país, más aún cuando está convencido de que las penas que están involucradas son menores.

—¿Qué le parece que el fiscal nacional Jorge Abbott haya manifestado públicamente la intención de acotar y "dar pronto término a las investigaciones"?

—El interés del Ministerio Público debe ser siempre terminar los casos lo más rápido y mejor posible, porque nadie pretende que se eternicen. Sobre todo si llega a la conclusión de que estos casos tienen una envergadura penal menor de lo que se ha manejado. Pero insisto: la sanción tiene que ser congruente con las expectativas generadas y, además, con la igualdad de trato que las personas deben tener. Entonces, por mucho que el Ministerio Público desee cerrar estos casos, la bola de nieve que se generó le va a impedir hacerlo con la rapidez que el fiscal nacional quisiera.

—¿Qué piensa del control de identidad que se acaba de aprobar en el Senado?

—Da la imagen de que el sistema de justicia no es eficiente porque las policías no tienen todas las atribuciones que necesitan para hacer bien su trabajo. Pero eso no es efectivo: pueden tener todo el control de identidad que quieran, pero eso no va a solucionar la mala investigación policial de los delitos, que es lo que explica la impunidad que hay en ciertos segmentos de delitos contra la propiedad. No es que funcione mal el Ministerio Público o los tribunales, sino que los casos no llegan investigados al sistema. Y para eso, el control de identidad sirve cero. Porque lo que hacen los fiscales es procesar la información que los policías les llevan y traducirla en casos judiciales. Pero el Ministerio Público no es el que está en la calle encontrando delincuentes.