Según Luis Toledo, fiscal regional de O'Higgins, luego de la publicación en Qué Pasa del reportaje que destapó el caso que aún complica a la presidenta Bachelet, muchas personas, incluyéndolo a él, pensaron que los involucrados no habían incurrido en ningún delito. "Muchas personas en ese periodo dijeron que esto no era nada, que no había ningún delito y que no había ningún hecho que investigar. Lo digo no con el afán de traer a colación heridas anteriores; simplemente lo digo porque nadie en el país se imaginó lo que había detrás de la causa Caval, ni siquiera quienes la investigamos. Yo partí pensando que los hechos denunciados prácticamente no constituían delitos", explicó en entrevista a La Tercera justo en una semana clave para el caso: mientras hoy el Tribunal Constitucional resuelve si acoge el recurso de inaplicabilidad presentado por Ciro Colombara, abogado del síndico Herman Chadwick para sacarle el delito de "ventajas indebidas del síndico" y para evitar su prisión preventiva, el viernes se llevará a cabo la formalización de los 13 imputados del caso, incluyendo a la nuera de la presidenta, Natalia Compagnon.

Esto, porque según él, lo que se acusaba era una reunión donde personas sin calidad de funcionarios públicos, solicitaron un crédito y el dueño del banco se los dio.

Pero, a medida que fue avanzando su investigación, el asunto cambió. "Las primeras decisiones fueron incautar documentos en de la Secretaría Ministerial de Vivienda de la Sexta Región, porque se hablaba de la eventual participación de un seremi. Hicimos múltiples diligencias para esclarecer los hechos. Bajo ese punto de vista, hoy estamos dando un paso ya habiendo acumulado una serie de antecedentes que dan muestra mucho mayor profundidad y, por lo tanto, si me pregunta cómo podemos mantener el centro sin perder las distintas aristas, es por que hay un origen en la causa, el que está en la administración de un Convenio Judicial Preventivo que administró determinados bienes en Machalí y cómo terceros se fueron involucrando con ese proceso de negociación. No obstante, existen aristas tributarias, denuncias por estafa. Todo eso se ha ido viendo con paciencia, con pausa, sin prisa", dice.

Al ser consultado sobre personas que quieran sacar un provecho político a la investigación, Toledo es claro. "Más que provecho político, hay un interés político evidente. Lo único que intentamos, con mucha humildad y gran seriedad, simplemente es esclarecer el hecho, sea quién sea el investigado. Por eso es que a mi me sorprende que muchas veces los avances de esta causa se tiendan solamente a comparar con el resultado del delito de una persona. Como es el señor Sebastián Dávalos. El ha declarado en la causa, sin embargo, los antecedentes reunidos no han sido suficientes para atribuir cargos en su contra, y no hay un interés de quitar imputaciones, simplemente de analizar los antecedentes técnicos".

LA CARRERA POR EL CUPO DE FISCAL NACIONAL

En la entrevista, Toledo además se refiere a los rumores que hablaban de que el haber estado a cargo del caso Caval habría afectado su candidatura a fiscal nacional. "Yo espero y estimo que no, aunque yo estoy muy conforme con la decisión que se tomó. La persona elegida, el fiscal Jorge Abbott, cuenta con todos los méritos para ejercer el cargo, y tiene trayectoria en la institución".

Respecto a su futuro, dice que espera cumplir con los dos años que le quedan como fiscal de la Región de O'Higgins, aunque no descarta pasar a formar parte del equipo del fiscal nacional -como se ha dicho, que suena en la unidad de drogas-, en el caso de que se lo requieran.