A diferencia de hace una década atrás, cuando acaparaba toda la atención de la prensa y cada hecho era motivo de titulares de diarios, radios y noticiarios de TV, paradojalmente hoy el caso MOP-Gate pasa desapercibido. Eso es lo que sucedió en noviembre pasado en la Corte Suprema, donde un grupo de abogados, entre ellos Julián López, quien hoy representa al ex ministro de Obras Públicas de Ricardo Lagos, Carlos Cruz, alegó sin público ni cámaras ni grabadoras ante la Sala Penal el recurso de casación para anular la condena de su defendido a tres años de presidio y el pago de una multa de casi 800 millones de pesos.
El caso MOP-Gate estalló en 2003 y la condena en segunda instancia fue dictada recién en agosto de 2014 por la Corte de Apelaciones de Santiago, mientras que hoy está en acuerdo (pendiente) en la Suprema, por lo que el fallo podría salir, eventualmente, recién a partir de marzo próximo.
Pero no es la única causa que es parte del sistema antiguo de justicia (con secreto de sumario y figuras como el procesamiento) que lleva años esperando su resolución en los tribunales. Por ejemplo, aún está pendiente en el máximo tribunal la quiebra fraudulenta de Isacruz, que data de 1996 y que fue uno de los escándalos financieros de la década de los 90. El fallo en primera instancia de la justicia civil es de mayo de 2009 y también se estima que podría salir en los próximos meses. Es decir, al menos 20 años después de que estallara.
Todas estas causas son un ejemplo de la larga transición que ha tenido el paso del antiguo sistema de justicia al nuevo, que empezó a operar tras la implementación de la Reforma Procesal Penal, en junio 2005, y cambió la figura del juez investigador por la de los fiscales. Hoy ya no se procesa; se formaliza y los jueces sólo se dedican a fallar. Tampoco hay expedientes, sino carpetas.
Mientras que esta semana, la Corte Suprema falló dos aristas que aún estaban pendientes de otro escándalo financiero, pero de los años 2000: Inverlink. Y rechazó los recursos de casación de los implicados en dos aristas: Corfo y el llamado capítulo Cuaderno de Remesas. Entre los involucrados estaba el presidente del holding, Eduardo Monasterio, quien murió el año pasado mientras aún se tramitaba parte del proceso.
Todas estas causas son un ejemplo de la larga transición que ha tenido el paso del antiguo sistema de justicia al nuevo, que empezó a operar tras la implementación de la Reforma Procesal Penal, en junio 2005, y cambió la figura del juez investigador por la de los fiscales. Hoy ya no se procesa; se formaliza y los jueces sólo se dedican a fallar. Tampoco hay expedientes, sino carpetas.
Los casos pendientes están radicados en el 34° Juzgado del Crimen de Santiago (en la foto), donde sus funcionarios han tenido que "modernizarse" y tratar de digitalizar la mayor cantidad de expedientes posible. Los cientos de tomos aún figuran cosidos a mano por los actuarios. Es el mismo tribunal que dictó, hace tres semanas, la sentencia en primera instancia, tras ocho años de investigación, de la causa de lavado de activos más grande del país, por 400 millones de dólares en contra del clan Mazza.
Se trata del mismo juzgado, ubicado a metros del moderno Centro de Justicia, donde aún se tramitan causas que tienen a implicados que lograron connotación pública, pero en los años 90. Entre ellos Feliciano Palma y el ex jefe de mercados a futuro de Codelco, Juan Pablo Dávila.
