Será deformación profesional, pero me impresiona la sorpresa que ha causado el conocimiento de los Papeles de Panamá (PP). Los países pequeños que ofrecen tratamientos tributables favorables y hermetismo institucional a quienes usan sus servicios existen desde hace décadas. Para muchos países la alternativa era esa —que tenía ciertos tintes de glamour— o convertirse en destino turístico de hordas que buscaban un refugio asoleado a los oscuros inviernos septentrionales.
La publicación masiva de información obtenida de filtraciones parecía haber llegado a su clímax con Wikileaks en el 2006. Incluso ya conocíamos historias que involucraban a celebridades del mismo perfil que las que hemos conocido en los PP.
Luego, ¿qué hay de nuevo en lo que conocimos esta semana?. Aparentemente, no demasiado. Sin embargo, la reacción ha sido mucho mayor a lo esperado por razones que al parecer desconocía. Comparto, entonces algunas reflexiones que tratan de buscar explicaciones en lugares distintos a mi zona de confort, a saber el análisis económico y financiero.
Mi punto de partida de lo que sé es que tener dinero en una sociedad offshore, en sí mismo, no es ilegal. La manera en que se utiliza es lo que pueda convertir en una actividad delictiva, como cometer fraudes o financiar al terrorismo. Puede haber muy buenas razones para ello, como permitir resguardar seguridad en países donde tener un alto patrimonio conocido los expone a secuestros o extorsiones. O para protegerse frente a medidas arbitrarias de gobiernos abusivos.
Sin embargo, la tolerancia al secretismo y a todo lo que huela a evasión tributaria es cada vez menor, tanto en opinión a entidades rimbombantes como la OCDE, como el de los ciudadanos de a pie (como lo constató de primera mano el ya ex primer ministro de Islandia). La institucionalidad legal aún no se pone al día en lo que la opinión pública ya ha dictaminado: si bien constituir un "paraíso de papel" no te hace un delincuente, el hecho que delincuentes variopintos (traficantes, dictadores, etc.) sí los aprovechen te convierte en una especia de "cómplice pasivo" de asociación ilícita. Infórmese, publíquese y archivase.
Es que el mundo ha cambiado mucho desde que Piketty revolviera el gallinero el 2013, con su extensivamente documentada tesis acerca de los problemas de concentración de la riqueza y desigualdad de ingreso. Si a eso le agregas el efecto que la tecnología ha traído para posibilitar filtraciones masivas (imagínense, un pendrive vs. caravanas de camiones cargadas de carpetas) y la nueva religión que es el culto a la transparencia, el resultado es que umbral de tolerancia social a estas situaciones se ha reducido significativamente.
El episodio de los Papeles de Panamá no hace más que recordarnos, como bien escribía Scott Fitzgerald hace 90 años, que "los ricos son distintos a mí y a ti". Las cuentas secretas y las estructuras que permiten pagar menos impuestos —aunque se ciñan a la legalidad vigente— vienen a sumarse a las otras ventajas que gozan los adinerados por sobre el ciudadano normal, como comprar influencia política o enfrentar tratamientos más favorables cuando se trata de delitos "de cuello y corbata".
No es casual que muchas de las filtraciones que han dado origen a estos escándalos provengan de personas en cargos medios, que han visto la necesidad y la oportunidad de abandonar su rol de protectores de los poderosos. Es lo que algunos han llamado la "rebelión de los mayordomos" en Chile. Como sociedad ganamos mucho con mayor transparencia, pero no hay que ser demasiado ingenuo para reconocer los costos que ello trae en cuanto a destruir confianzas en las elites, a los cuales se les había entregado liderar nuestros destinos, deslumbrados por sus aparentes virtudes y ciegos a sus defectos. Los PP no hacen más que abrir los ojos a nuestros "reyes desnudos".
Una reflexión aparte merece el rol de los medios de comunicación en casos como este. Si reconocemos que se ha reducido el umbral de la tolerancia ética hacia prácticas antes aceptables como los paraísos fiscales, creo justo reconocer que se ha ampliado nuestra condescendencia con la investigación periodística que se basa en información de origen ilegal —como los son precisamente las filtraciones— justificado por informar asuntos de interés público. Por lo mismo, en el caso de los PP, un periodismo serio no puede quedarse en la publicación de nombres de quienes tienen sociedades offshore, sino que debe seguir investigando para identificar cuáles están asociadas a actividades ilícitas.
Estoy lejos de creer en "leyes mordazas" pero creo en exigencias mayores de responsabilidad en la labor periodística de identificar claramente donde están los límites. Hoy puede ser información que proviene de un mayordomo despechado, pero ¿quién nos resguarda de que mañana la fuente no pueda ser el resultado de apremios ilegítimos o escuchas ilegales (que han sucedido)?. La prensa ha descubierto un gran poder en las filtraciones masivas, pero como bien sabemos por las historietas de superhéroes, un gran poder conlleva una gran responsabilidad.