"Playa, piscina, libre, sin trabajo, short, chalas, sol, arena= Vacaciones. Y el resto que se vaya a la CTM" ese era, hasta hoy en la mañana por lo menos, el estado de Whatsapp del ex presidente de la ANFP y ex vicepresidente de la Conmebol, Sergio Jadue. Luego de que la ANFP pidiera su expulsión de por vida del fútbol chileno y de que la comisión de Ética del a FIFA recomendara que el calerano fuera suspendido de por vida para ejercer cargos dirigenciales en el fútbol profesional, Jadue parece no estar muy preocupado. De hecho, su foto de perfil lo muestra arriba de una lancha, con el gorro para atrás y una amplía sonrisa en la bahía de Miami.

Las dudas, entonces, surgen. ¿Cómo mantiene ese nivel de vida?

Aquí contestamos una: por qué Jadue nunca fue investigado en Chile. 

El 8 de julio pasado el entonces fiscal nacional, Sabas Chahuán viajó a Estados Unidos, donde sostuvo una serie de reuniones diplomáticas y de intercambio. Entre ellas, hubo una cita muy particular: la conversación que sostuvo con la fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, en la embajada chilena.

Mientras esto ocurría en Estados Unidos, en Chile dos fiscales intentaron abrir de oficio una indagatoria. Carlos Gajardo y José Morales. Ambos hicieron se reunieron con sus equipos para analizar los antecedentes, el grueso informe difundido por la fiscal Lynch en mayo, y estaban convencidos de iniciar una investigación de oficio.

Pero el deseo de ambos fue aplacado por Chahuán, quien sugirió esperar los antecedentes que Lynch se comprometió a enviar cuando iniciara una segunda etapa de sus pesquisas. El 14 de septiembre la fiscal anunció el inicio de dicho proceso, puntualizando que el caso avanzaba sin limitantes.

Mientras tanto, en Chile, seguían a la espera del informe de la fiscal Lynch. De hecho, antes de esa conferencia hubo algunas luces. El 24 de agosto el fiscal nacional recibió a una delegación de fiscales generales y procuradores de toda América Latina en un seminario sobre "Delincuencia Transnacional", donde asistió entre otros el procurador general adjunto de Brasil, José Bonifacio Borges. Según algunas fuentes consultadas en el Ministerio Público, Bonifacio manejaba información sobre las pesquisas de la fiscal Lynch en Estados Unidos, y adelantó a las autoridades del Ministerio Público que los primeros antecedentes más concretos llegarían a Brasil, y luego serían repartidos por el continente. Pero nada de eso ocurrió.

Para algunos abogados que han analizado la situación, se establecerían eventuales ilícitos configurados en el Código Tributario, lo que ha desalentado al Ministerio Público, pues la experiencia de los casos Penta y SQM ya habría aleccionado a los fiscales respecto de esperar una acción penal del Servicio de Impuestos Internos (SII). Esto explicaría por qué la fiscalía nacional no ha validado la opción de abrir una investigación de oficio, como ha ocurrido en cientos de casos, dejando la pelota en el lado del SII para que evalúe los antecedentes.

La situación cobró más fuerza luego de que Jorge Abbot asumiera como Fiscal Nacional, ya que él mismo se había encargado de adelantar que: "Sin querella del SII, no es viable ninguna acción penal".