El pasado 10 de marzo vivimos una emocionante ceremonia en Puerto Príncipe (Haití), donde hicimos una simbólica entrega de la Escuela República de Chile a casi 600 niñas entre 3 y 17 años. Es una profunda alegría que luego de tres años de trabajo se concrete un sueño que al inicio parecía inalcanzable. Esperamos en mayo tener la ceremonia de inauguración con la totalidad de las alumnas, las autoridades y quienes hicimos posible la realización de esta obra.
Tras el terremoto de enero de 2010, la Escuela República de Chile en Haití quedó en ruinas, como otras cerca de 5.000 en el resto de ese país. Las condiciones de precariedad y vulnerabilidad en las que siguieron estudiando las alumnas fue un llamado urgente que movilizó a varias instituciones a conformar una inédita alianza multisectorial en la cooperación internacional chilena.
El gobierno de Chile y la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID), la Embajada de Chile y el Ministerio de Educación de Haití, la empresa Komatsu Cummins y América Solidaria, asumimos el desafío al que luego se sumó la Pontificia Universidad Católica como asesor técnico por medio de la Escuela de Construcción y su Facultad de Educación. Este proyecto de reconstrucción es tan urgente y humano que 17 colegios de Chile realizaron campañas organizadas por sus alumnos, y grupos familiares y otras tres empresas se sumaron. Asimismo, el BID aportó el equipamiento, y Habiterra, el diseño, y muchos otros de manera anónima adhirieron a este proyecto.
Integrar y articular distintas miradas no es fácil en un proyecto internacional e intersectorial. Políticas internas, negociaciones con la constructora y diferencias culturales e idiomáticas nos desafiaron constantemente. Sin embargo, persistió el sentido de logro y la aspiración a garantizar la dignidad de las niñas, su educación y calidad de vida.
Este es un proyecto que se ha destacado por la co-gestión, partiendo por un rico proceso participativo de la comunidad escolar para el diseño del edificio y siguiendo por un modelo de gobernanza que ha garantizado un trabajo horizontal en la toma de decisiones, promoviendo la responsabilidad común, la sinergia y la transferencia de aprendizajes entre los distintos actores.
El espíritu detrás de esto es la búsqueda de la justicia y del bien común. Nos mueve el sentido solidario, el potencial transformador de las iniciativas desarrolladas de manera colectiva, sin excluir a actores relevantes de la sociedad. Los resultados son contundentes, tanto así que la experiencia ha sido destacada en foros internacionales por su efectividad, constatando la importancia de las alianzas público-privada-sociales que hoy las Naciones Unidas promueven como uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible postulados para 2030. Este trabajo nos asegura que la incorporación de nuevos actores a la cooperación internacional es fundamental. Nuevos roles y relaciones que permitan renovar los caminos hacia la justicia social, incorporando estas alianzas en el quehacer empresarial y gubernamental en pro del desarrollo humano. Los frutos de estas alianzas son bidireccionales, aportan al territorio donde realizan la acción e impactan en nuestro país al obligarnos a colaborar por un bien mayor.
Este proceso nos transformó a todos. Nos enseñó que juntos podemos construir un mejor futuro. Decenas de voluntarios que participaron en la reconstrucción ya nos muestran una nueva generación de ciudadanos globales, trasformadores, justos y sensibles con el dolor ajeno. Todos ganamos.