Dónde poner atención: las claves de hoy, jueves 5 de diciembre de 2024

La Cámara de Diputados aprobó ayer en su último trámite el proyecto que crea el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, con lo que la iniciativa quedó en condiciones de promulgarse y convertirse en ley, probablemente, a fines de diciembre.

La puesta en marcha de la cartera, sin embargo, requerirá de la redacción de decretos y reglamentos. Y si bien el gobierno tiene un plazo máximo de un año y medio para que comience a funcionar el nuevo ministerio, la apuesta de La Moneda es que pueda debutar en junio de 2025.

“Cuando fue la cuenta pública de este año, el Presidente de la República dijo que ‘el próximo año, cuando vuelva a dar mi cuenta pública, aquí va a estar sentado una mujer o un hombre que sea ministro de Seguridad’. Ese compromiso se va a cumplir, y creo que harto antes”, afirmó la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Según un reporte de los periodistas José Miguel Wilson y Nicolás Quiñones, antes del nombramiento de quien encabezará el nuevo ministerio —como pidieron adelantar algunos parlamentarios— el gobierno decidió primero implementar la cartera y conformar su planta de personal (serían unos 900 funcionarios provenientes de Interior, además de otros 120 empleados nuevos).

“El gobierno ha decidido no ir por ese camino (de nombrar antes al ministro), porque la seguridad es un tema muy sensible, tiene mucha contingencia, entonces sería muy complejo nombrar a un ministro o una ministra cuando todavía las competencias están en el ministerio de al lado (Interior)”, argumentó ayer la ministra Tohá.

La generalizada molestia de los afiliados a las Isapres por la modalidad en que las aseguradoras les restituirán cobros en exceso por la no aplicación de la Tabla Única de Factores (que considera plazos de hasta 13 años y cuotas, en algunos casos, menores a los $1.000 mensuales), sigue complicando a la clase política por la aprobación de la ley corta de isapres que permitió esa fórmula de pago.

En medio de acusaciones cruzadas, ayer la oposición puso en duda la continuidad de los acercamientos que ha tenido con el gobierno para destrabar reformas como la de pensiones y al impuesto a la renta, luego de que la ministra vocera de La Moneda, Camila Vallejo, exculpara al Ejecutivo de la ahora cuestionada ley corta.

“Lo que se terminó aprobando no es la propuesta original del gobierno. Nosotros advertimos las consecuencias que podía tener lo solicitado por el Parlamento respecto a los plazos”, dijo la autoridad, agregando que “lo que terminó saliendo del Congreso fue fruto de un acuerdo entre parlamentarios”.

Ante esta postura, el diputado y secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma advirtió que “es evidente que cuando un gobierno intenta borrar con el codo lo escrito con la mano, y se desdice de proyectos que él mismo presentó, esto imposibilita búsqueda de acuerdos futuros. Cuando la ministra intenta culpar al Parlamento de las decisiones propias del Ejecutivo, se fracturan las confianzas”.

En el ámbito empresarial y en medio de las negociaciones por la reforma al impuesto a la renta que impulsa el gobierno, ayer se realizó el Encuentro Anual de la Industria organizado por la Sofofa, donde el Presidente Gabriel Boric insistió en la necesidad de que “los ricos paguen más”.

“Acá no hagamos la política del tejo pasado. Hoy estamos con un impuesto de primera categoría de 27%. Y ahora escuchaba al presidente de la CPC (Ricardo Mewes) y a Rosario Navarro (presidenta de la Sofofa) que nos dicen 23%. Nosotros hicimos una propuesta. Estamos conversando pre legislativamente una propuesta en donde estamos de acuerdo con generar incentivos a la inversión y donde es posible bajar el impuesto de primera categoría a 25%, pero eso tiene que venir de la mano con un régimen alternativo para las pymes, con mayores incentivos a la inversión y también con que los más ricos paguen más”, afirmó el mandatario.

Aunque se atrasó un par de meses, el ministerio de Ciencia y Tecnología presentará hoy diseño el denominado Plan Nacional de Data Centers.

La apuesta del gobierno es entregar un marco normativo capaz de ordenar y facilitar el desarrollo de esta creciente industria (actualmente hay 30 proyectos nuevos con montos de inversión por más de US$ 4 mil millones), además de vincular al Estado con los privados.

“Hoy cada uno busca la información por su lado y eso significa que podemos tener a tres empresas en un mismo terreno con demandas similares, sin saber que existen otros terrenos tres cuadras más allá o una región un poco más lejos que les podría servir también. La idea es tener esa plataforma el próximo año y con un compromiso de actualización permanente de forma semestral”, explicó ayer la ministra Aisén Etcheverry.

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