Reforma de pensiones: ¿Qué pasa con la PGU y a quiénes más se incorpora?

Más allá de la cotización adicional y el Seguro Social que crea el proyecto de Reforma de Pensiones a través de las indicaciones que ingresó el gobierno, y sin considerar los variados cambios que también vienen respecto de la reorganización de la industria de las AFP, también hay otros temas a considerar. Uno de ellos es la Pensión Garantizada Universal.

Lo más destacable es que se aumenta el valor de la PGU desde los $224.004 en que estará el próximo 1 de febrero, hasta $250 mil mensuales. Este incremento será hecho de manera gradual y se incorporará a todos los beneficiarios en un plazo de 24 meses, contados a partir de seis meses de la entrada en vigor de la ley, dando prioridad a los pensionados y pensionadas de mayor edad.

Una vez que la PGU se incremente a $250.000 al primer grupo de pensionados, se reajustará su valor de acuerdo con la variación del IPC con las modalidades establecidas para el beneficio. Durante los primeros 5 años será el único incremento del valor nominal del beneficio.

Con posterioridad al período definido en el punto anterior, dice la minuta de Hacienda, el Consejo Consultivo Previsional evaluará, cada tres años, la suficiencia del beneficio en base a antecedentes socioeconómicos y del mercado del trabajo y podrá proponer ajustes por encima del IPC. En caso de que ello ocurra, el Consejo Fiscal Autónomo evaluará la sostenibilidad fiscal de dicho incremento. Las opiniones fundadas de ambos organismos serán públicas y se entregarán a los ministros de Hacienda y Trabajo para su consideración y eventual propuesta legislativa.

El mayor gasto fiscal permanente que implica el fortalecimiento de la PGU se financiará con los recursos provenientes de la implementación de la Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias.

Además, se crea un seguro de lagunas previsionales mediante el Seguro de Cesantía; se establece un mecanismo simplificado de cotización para trabajadores por cuenta propia e independientes; y se centraliza el sistema de cobranza de cotizaciones previsionales en la Tesorería General de la República o una entidad privada seleccionada mediante licitación.

También se rebaja el umbral para contratar una renta vitalicia a 2 UF, y se elimina la opción de tener ofertas externas realizadas fuera del Sistema de Consultas de Ofertas y Montos de Pensión (Scomp).