El Seguro de Cesantía está destinado en ayudar a aquellas personas que perdieron sus trabajos y, por ende, se encuentran desempleados, ya sea por causas voluntarias o involuntarias.

No obstante, este beneficio experimentará algunos cambios que tienen como objetivo mejorar las prestaciones de este, mediante una ley que busca fortalecer la estabilidad laboral y protección de los trabajadores.

¿Cuáles son los cambios que tendrá el Seguro de Cesantía?

Este proyecto de ley causará los siguientes cambios en el Seguro de Cesantía, de acuerdo al Gobierno:

1.- Las tasas de reemplazo mejorarán

Estas son la proporción del salario que un trabajador recibe al quedar desempleado a través del Seguro de Cesantía, por lo que, al mejorar las tasas de reemplazo, el porcentaje a recibir aumentará.

2.- Ampliación del Fondo de Cesantía Solidario

No solo se aumentarán las tasas de reemplazo, sino que también lo harán los límites mínimos y máximos de las prestaciones provenientes del Fondo de Cesantía Solidario.

3.- Flexibilidad en los requisitos de acceso

La ley 19.728 se volverá más flexible en cuando a los requisitos solicitados para acceder a las prestaciones del Seguro de Cesantía.

4.- Beneficios en situaciones excepcionales

A la ley se suma una nueva medida en la que se establecen requisitos y beneficios específicos para trabajadores que pierdan su empleo en las siguientes situaciones:

  • Áreas declaradas en estado de excepción constitucional de catástrofe a causa de una calamidad pública.
  • Zonas afectadas por catástrofe según la Ley 16.282.
  • En caso de una alerta sanitaria que implique la paralización de actividades.

5.- Aporte fiscal

El Gobierno realizará aportes financieros para garantizar la sostenibilidad del Fondo de Cesantía Solidario (FCS), aunque este dinero será utilizado en caso que el FCS disminuya del monto establecido por ley.

6.- Intermediación laboral

Se modificará el concepto de “apresto laboral” con el fin de incluir la intermediación laboral, que tiene como objetivo mejorar las posibilidades de empleo de los beneficiarios, así como también le otorga al Sence la administración y fiscalización de los programas financiados por el FCS.