A fines de marzo, estudiantes del Biobío y La Araucanía no pudieron asistir a sus escuelas. Incendios forestales, impulsados por vientos extremos, avanzaron sin control, amenazando incluso zonas urbanas y obligando a suspender las clases para al menos 6.000 estudiantes. En otro lado del continente, México cerró escuelas en 18 estados en 2023 debido a las olas de calor, afectando a 13 millones de estudiantes.

Lo que antes considerábamos eventos excepcionales hoy ya no lo son. La escasez hídrica, las inundaciones, las temperaturas extremas y los incendios descontrolados son manifestaciones visibles de una crisis climática en curso. Y aunque parece ser un problema medioambiental, el cambio climático es un desafío social que tensiona nuestros sistemas educativos.

Sobre esto reflexionamos en Fundación Chile, junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la fundación Education Above All, en el encuentro “Educación y resiliencia”. En esa instancia, Valery Salas, estudiante de Perú, y Francisco Vera, estudiante de 15 años de Colombia, nos recordaron que 9 de cada 10 niñas y niños de Latinoamérica viven en zonas vulnerables, expuestos a riesgos y desastres naturales. Asimismo, de acuerdo con la publicación Peligro y promesa: enfrentar el cambio climático en América Latina y el Caribe, el 50 % de ellos vive en zonas de exposición a altas temperaturas.

En Chile, muchas veces se invisibiliza el impacto en el aprendizaje que sufren las y los estudiantes afectados por desastres naturales. Esa pérdida, si la inasistencia se prolonga, es difícil de recuperar y profundiza la brecha educativa.

Hoy tenemos la obligación de anticiparnos a los impactos de la crisis climática en nuestro sistema educativo. La experiencia comparada nos indica que podemos enfrentar el desafío con infraestructura sostenible, normativas y planificaciones adaptativas, junto con la incorporación del tema al currículum y, por supuesto, la capacitación de nuestros docentes, directivos, educadoras y asistentes.

Chile ha dado algunos pasos. En 2022 se aprobó la Ley Marco de Cambio Climático, que mandata a todos los servicios públicos a prepararse para el nuevo escenario. El Ministerio de Educación creó el Marco de Educación Integral para la Sustentabilidad y Adaptación al Cambio Climático (MEISC), una herramienta que busca integrar la educación ambiental, la sustentabilidad y la adaptación climática en todos los niveles de enseñanza.

Entre varias otras iniciativas, se encuentran la Política de Seguridad Escolar y Parvularia, el Plan Integral de Seguridad Escolar y la Política Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres 2020-2030, que, aunque es de carácter general, incluye lineamientos específicos para el sector educativo. Llevar a la práctica estas orientaciones demanda compromisos y recursos.

Debemos enseñar resiliencia, no como una palabra vacía, sino como una competencia real: la capacidad de reinventarse frente a la adversidad, de aprender en la incertidumbre, de volver a empezar. La resiliencia que impulsa el aprendizaje permanente y la reinvención a lo largo de toda la vida.

La educación es el camino para formar talentos resilientes desde la infancia, base para el desarrollo sostenible y justo del país. Hoy tenemos la oportunidad de adelantarnos y trabajar como sociedad en la adaptación de nuestro sistema educativo frente a los impactos del cambio climático, evitando que el derecho a aprender sea otra víctima de los desastres naturales.

Por Valentina Quiroga, gerenta Desarrollo Humano, Fundación Chile