Según un artículo de The Wall Street Journal, publicado por Yusuf Khan, las disputas legales sobre el cambio climático están tomando rumbos opuestos a ambos lados del Atlántico. En Europa, cada vez son más las demandas contra empresas que no actúan para mitigar el calentamiento global, mientras que en Estados Unidos, es más probable ser demandado por tomar medidas climáticas, principalmente desde el gobierno del Presidente Donald Trump.

Un ejemplo destacado es el caso del banco ING, la mayor entidad financiera de los Países Bajos, que ha sido demandada por el grupo ambientalista Milieudefensie. La organización sostiene que ING ha contribuido de manera significativa a las emisiones globales, financiando industrias intensivas en carbono, como la de combustibles fósiles. En su defensa, aún reconociendo la importancia en la defensa climática, ING definió las exigencias del organismo como “irrealistas e irrazonables”.

Khan, sin embargo, destaca que este tipo de juicios en Europa no es algo nuevo. En 2021, Milieudefensie ya había logrado un fallo histórico contra Shell, obligando a la petrolera a reducir sus emisiones. Si bien la sentencia fue parcialmente limitada en una apelación posterior, marcó un precedente jurídico importante. Ahora, el caso contra ING podría abrir la puerta a nuevas acciones legales contra bancos, gestores de activos y empresas vinculadas con combustibles fósiles.

Por otro lado, en Estados Unidos, el panorama judicial es totalmente diferente. The Wall Street Journal informa que entidades financieras y organizaciones ambientalistas han sido llevadas a juicio por promover agendas ambientalistas, generando desincentivo hacia las inversiones verdes en la incorporación de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

Uno de los ejemplos destacados fue el caso de Greenpeace, condenada recientemente a pagar cientos de millones de dólares por supuestamente difamar y sabotear a una empresa de oleoductos.

Además, el artículo destaca que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha retrocedido en su intención de aplicar normas más estrictas sobre protección ambiental, frente a una ola de juicios que cuestionan la legalidad de estas regulaciones y su compatibilidad con la Primera Enmienda.

En este contexto, The Wall Street Journal señala que muchas empresas que operan en ambos continentes se enfrentan a un dilema. En Europa, podrían ser demandadas por hacer poco por el clima; en EE.UU., por hacer demasiado. Esta paradoja legal ha llevado a muchas corporaciones a optar por un bajo perfil para evitar litigios costosos y polarizantes.

El artículo cita a Ken Rivlin, abogado de A&O Shearman, quien resume la tensión que viven las multinacionales: “No hay una solución fácil. Lo que hacen, cómo lo comunican y dónde lo hacen puede desencadenar demandas, dependiendo del contexto político del país”.

No obstante, algunas organizaciones en Estados Unidos, al igual que en Europa, están resistiendo esta tendencia. Por ejemplo, el Consejo Americano de Negocios Sostenibles (ASBC) presentó una demanda contra funcionarios de Texas por una ley que prohíbe a las entidades estatales contratar o invertir en empresas con posturas “antifósiles”. Para el ASBC, esta legislación viola derechos constitucionales y restringe la libertad de inversión en energías limpias.

Greenpeace, por su parte, ha advertido que el fallo en su contra puede sentar un precedente peligroso que busque acallar las voces críticas del activismo climático. La organización internacional sostiene que se trata de un ataque sistemático a la libertad de expresión y ha anunciado que apelará.

Por último, el diario económico estadounidense señala que el impacto legal del cambio climático sigue desarrollándose. La Comisión Europea ya ha tenido que moderar algunas de sus políticas ambientales frente a las quejas de empresas sobre cargas excesivas. Y a nivel judicial, fallos como el del Tribunal Europeo de Derechos Humanos —que dio la razón a un grupo de mujeres suizas vulnerables a olas de calor— refuerzan la idea de que los gobiernos tienen un deber legal de proteger a sus ciudadanos del cambio climático.

Como concluye Rivlin, los litigios seguirán siendo una herramienta clave para moldear las políticas ambientales, incluso si quienes demandan no siempre ganan. “E incluso si no ganan el caso, están atrayendo la atención de la prensa. Creo que un enfoque similar determinará la forma en que los abogados abordan las cosas. Simplemente, dependiendo de si se trata de un estado republicano o demócrata, el enfoque será diferente”, sostuvo.

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