En una acción judicial que podría marcar un precedente en materia de acceso a información ambiental, un grupo de organizaciones ecologistas presentó una demanda contra agencias federales de Estados Unidos por la eliminación de páginas web gubernamentales que contenían datos esenciales sobre cambio climático, contaminación y justicia ambiental, según cuenta una publicación en el diario The Guardian. La querella fue presentada este lunes en un tribunal del distrito de Washington D.C. por organizaciones como Union of Concerned Scientists, Sierra Club, Environmental Integrity Project, Public Citizen y California Communities Against Toxics.

Las páginas eliminadas en las primeras semanas del segundo mandato de Donald Trump incluían herramientas clave como EJScreen, una plataforma de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) que visualizaba las desigualdades en la exposición a la contaminación, así como un índice de riesgo climático futuro de FEMA, diseñado para ayudar a gobiernos locales y empresas a prepararse ante eventos meteorológicos extremos. También fueron removidos mapas del Departamento de Energía y del Departamento de Transporte que contenían datos sobre vulnerabilidad energética, transporte inseguro y riesgo climático en comunidades de bajos ingresos.

“La eliminación de estos datos es equivalente a un robo”, afirmó Gretchen Goldman, presidenta de Union of Concerned Scientists, quien argumentó que se trata de información financiada por los contribuyentes y vital para que comunidades vulnerables puedan proteger su salud y seguridad ante la crisis climática. “El público merece acceso a estos conjuntos de datos federales”, agregó.

El litigio subraya la importancia de estas plataformas para identificar territorios prioritarios en la asignación de fondos climáticos y de energía limpia, especialmente tras el impulso que había dado la administración Biden a iniciativas de equidad ambiental.

Desde Sierra Club, su director ejecutivo Ben Jealous fue categórico: “Estos datos salvan vidas. Su eliminación pone en riesgo la capacidad de las personas para respirar aire limpio, beber agua segura y vivir en condiciones saludables”.

Aunque algunos de los datos han sido republicados por organizaciones civiles y medios de comunicación como The Guardian, la falta de respaldo oficial impide su actualización y continuidad. Esto ocurre en un contexto en que la administración Trump ha profundizado los despidos de funcionarios dedicados a políticas climáticas y ha desmantelado múltiples regulaciones ambientales.

La EPA, una de las agencias nombradas en la demanda, declinó entregar comentarios sobre el proceso judicial en curso.