La orden ejecutiva forma parte de las iniciativas del presidente Trump para “liberar la energía estadounidense” y revertir el enfoque de la anterior administración Biden en torno a la lucha contra el cambio climático, explican desde el medio especializado en temas de sostenibilidad ESG Today.

La orden sigue a la introducción, a fines del año pasado, por parte de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, de la Ley del Fondo Climático para Desastres (Climate Change Superfund Act), que obligaría a las empresas de combustibles fósiles a cubrir parte de las inversiones en infraestructura necesarias para adaptarse al cambio climático en el estado de Nueva York, en proporción a su contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero. Se anticipa que esta ley requeriría que dichas empresas paguen aproximadamente 75 mil millones de dólares hasta 2050, es decir, unos 3 mil millones por año. A principios de este año, una coalición de 22 fiscales generales estatales de EE.UU. presentó una demanda impugnando la legislación, argumentando que los estados no deberían poder multar a empresas por emisiones de GEI que ocurren fuera de sus fronteras.

La orden ejecutiva de Trump destacó la legislación de Nueva York, refiriéndose a ella como una “ley de extorsión por ‘cambio climático’”, junto con una ley similar en Vermont y un sistema de comercio de emisiones en California, que establece un límite decreciente de emisiones para las empresas y exige la compra de permisos para aquellas emisiones que excedan el tope.

La orden instruye al Fiscal General de Estados Unidos a identificar todas las leyes y regulaciones estatales y locales que “obstaculicen la identificación, desarrollo, ubicación, producción o uso de recursos energéticos nacionales y que sean, o puedan ser, inconstitucionales”, dando prioridad a aquellas leyes que “pretendan abordar el ‘cambio climático’ o que involucren iniciativas de ‘medio ambiente, sociedad y gobernanza’ (ESG), ‘justicia ambiental’, o emisiones de carbono o gases de efecto invernadero”, y a tomar acciones para detener la aplicación de dichas leyes.

En la orden, Trump declaró:

“Estas leyes y políticas estatales son fundamentalmente irreconciliables con el objetivo de mi Administración de liberar la energía estadounidense. No deberían mantenerse en pie.”