En enero del año pasado, el activista ambiental mexicano Isidro Baldenegro López fue asesinado de seis balazos. Tenía 51 años y la mayor parte de su vida la había dedicado a proteger la zona montañosa de Sierra Madre de la deforestación y a luchar contra las empresas madereras que operaban en la zona. Este trabajo le permitió recibir el premio Goldman, en 2005, conocido también como el Nobel medioambiental.
Según un informe de la ONG Global Witness, publicado en febrero, Baldenegro es uno de los 197 activistas ambientales que fueron asesinados en el mundo durante 2017. Este tipo de crímenes se han cuadruplicado desde 2002, año en que esta organización comenzó a recopilar este tipo de estadísticas.
De acuerdo al balance de la ONG, América Latina es la región con mayor cantidad de asesinatos, los que se concentran principalmente en Brasil (46), Colombia (32) y México (15).
Según el diario The Guardian, que publicó el reporte en alianza con Global Witness, hoy se discute en Costa Rica la generación de un pacto para proteger a estos defensores de la naturaleza, en el contexto de una reunión de la Cepal en la que se busca un acuerdo regional para el acceso a la información, participación y justicia ambientales, que concluye el 4 de marzo.
"Como país propusimos incluir esta temática (de los defensores) dada la dramática realidad que tiene la región", dice a La Tercera Constance Nalegach, jefa de gabinete del ministro del Medio Ambiente y representante de Chile en la cita.
Hasta ahora, el ministerio no ha recibido denuncias sobre asesinatos o amenazas en Chile, sin embargo, Nalegach plantea que esta es un área que no se debe esperar a que ocurran casos dramáticos.
Aunque no está tomada la decisión de un pacto, la representante indica que la idea es que los defensores puedan actuar sin amenazas y que los países se comprometan a "tomar medidas efectivas para prevenir, investigar y sancionar cualquier ataque", señala.
Gabriela Burdiles, abogada de la ONG Fiscalía del Medio Ambiente (Fima), señala que la discusión que hoy se da en Costa Rica es relevante, porque por primera vez se incluye en un instrumento internacional "la protección de personas o grupos que defienden sus derechos humanos y el medioambiente".
La abogada agrega que en el país las organizaciones y personas se pueden organizar libremente, pero aún existen problemas, como el acceso a recursos públicos para su funcionamiento y fondos para alegar daño ambiental ante tribunales.
Aunque reconoce que la situación en el país dista de la que se vive en el resto de la región, plantea que existen casos preocupantes, como las amenazas a dos integrantes del movimiento por el agua Modatima, Rodrigo Mundaca y Verónica Vilches, y la muerte de la activista ambiental Macarena Valdés, de Panguipulli, en 2016.
