¿Es el narcotráfico quien sostiene al régimen de Maduro en Venezuela?

Nicolás Maduro asumió un tercer periodo en el poder, a meses de un proceso electoral que ha sido ampliamente cuestionado tanto a nivel local como internacional y que ha desencadenado protestas masivas de parte de la ciudadanía.

La investidura presidencial del líder chavista se dio el pasado viernes 10 de enero y contempla su permanencia en el gobierno por unos seis años más, es decir, hasta 2031.

Maduro y sus partidarios celebraron la instancia en medio de un escenario de crecientes tensiones, que se han incrementado progresivamente desde el pasado 28 de julio.

Esa fue la fecha en la que se realizaron las elecciones presidenciales en Venezuela.

Desde el Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo que es controlado por el oficialismo, aseguraron que Maduro se impuso con un 52%.

Sin embargo, no presentaron las actas que validaran ese supuesto resultado.

Tras el anuncio del CNE, la oposición liderada por María Corina Machado comenzó a reunir las actas para acreditar que su candidato, Edmundo González Urrutia, fue quien realmente triunfó en los comicios.

Según dicha revisión, González obtuvo casi el 70% de los votos, con más de un 80% de las actas de escrutinio.

La veracidad de esas actas ha sido corroborada por el Centro Carter, uno de los pocos veedores internacionales independientes que pudo seguir las elecciones de julio.

Hasta el momento, el régimen no ha presentado pruebas que acrediten la supuesta victoria de Maduro.

No obstante, el líder chavista ya asumió su tercer mandato oficial.

La situación ha sido rechazada por gobiernos de todo el mundo, mientras que algunos han reconocido a González como ganador del proceso electoral.

El mismo día de la investidura, Estados Unidos subió a US$25 millones la recompensa por “información conducente al arresto y/o condena” de Maduro.

Los cargos que le adjudica el país norteamericano consideran “conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importación de cocaína y conspiración para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo a un delito de drogas”.

Por el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, también se ofrece una recompensa del mismo monto.

La cifra por el titular de Defensa, Vladimir Padrino López, es de US$15 millones. Las autoridades estadounidenses lo acusan de “conspiración para distribuir cocaína a bordo de una aeronave matriculada en Estados Unidos”.

El día de la investidura, el académico del Departamento de Humanidades de la Universidad Andrés Bello (Sede Viña del Mar), Fabián Andrés Pérez, escribió una columna titulada Venezuela. La jura y la conjura.

En ese texto, planteó que “el acento que quiere marcar” Estados Unidos es “el secreto a voces de los últimos años”: que “es el narcotráfico quien sostiene al régimen de Maduro”.

Aunque Pérez reconoce que en este momento es difícil conocer los detalles precisos sobre cómo funciona el régimen en Venezuela, comenta a La Tercera que distintos reportes hablan de “ciertos círculos de tráfico de cocaína que tienen importantes ingresos económicos y que sostendrían una estructura criminal organizada, que estaría ligada directamente con parte del ejército y del chavismo”.

Parte de esas presuntas operaciones fueron denunciadas en 2020, por la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia del país norteamericano.

El 26 de marzo de 2020, las autoridades de Estados Unidos presentaron acusaciones contra Maduro y otros 14 funcionarios venezolanos que trabajaban o habían trabajado previamente para el gobierno.

Según se detalla en el comunicado emitido en esa fecha, se les vinculó con delitos como “narcoterrorismo, corrupción, tráfico de drogas y otros cargos criminales”.

También se relacionó a dos líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El entonces fiscal general de Estados Unidos, William P. Barr, declaró que “durante más de 20 años, Maduro y varios colegas de alto rango supuestamente conspiraron con las FARC, causando que toneladas de cocaína ingresaran y devastaran comunidades estadounidenses”.

La autoridad del país norteamericano afirmó que había una “extensa corrupción dentro del gobierno venezolano”, hasta el punto en que lo describió como “un sistema construido y controlado para enriquecer a quienes están en los niveles más altos” del régimen.

“Estados Unidos no permitirá que estos funcionarios venezolanos corruptos utilicen el sistema bancario estadounidense para mover sus ganancias ilícitas desde América del Sur ni para promover sus planes criminales”, agregó Barr en ese momento.

Por su parte, el entonces fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey S. Berman, dijo que “el alcance y la magnitud del presunto tráfico de drogas fue posible solo porque Maduro y otros corrompieron las instituciones de Venezuela y brindaron protección política y militar a los delitos de narcoterrorismo desenfrenados descritos en nuestros cargos”.

“Como se alega, Maduro y los otros acusados tenían la intención expresa de inundar los Estados Unidos con cocaína para socavar la salud y el bienestar de nuestra nación”.

Berman también enfatizó que “los acusados traicionaron al pueblo venezolano y corrompieron las instituciones venezolanas para llenarse los bolsillos con dinero del narcotráfico”.

La entonces fiscal federal del Distrito Sur de Florida, Ariana Fajardo Orshan, recalcó que los “funcionarios corruptos del gobierno venezolano han saqueado sistemáticamente a Venezuela por miles de millones de dólares”.

“Han utilizado bancos y bienes raíces del sur de Florida para ocultar y perpetuar su actividad ilegal”, precisó.

De la misma manera, el entonces administrador interino de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Uttam Dhillon, subrayó que “estas acusaciones exponen la devastadora corrupción sistémica en los niveles más altos del régimen”.

“Estos funcionarios traicionaron repetida y conscientemente al pueblo de Venezuela, conspirando, para beneficio personal, con narcotraficantes y organizaciones terroristas extranjeras designadas como las FARC”.

Los documentos judiciales estadounidenses describen que, desde al menos 1999, Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón, Hugo Armando Carvajal Barrios y Clíver Antonio Alcalá Cordones “actuaron como líderes y administradores del Cartel de Los Soles”.

Detallan que dicho nombre “se refiere a las insignias del sol que se colocan en los uniformes de los oficiales militares venezolanos de alto rango”.

Según las acusaciones, los miembros de dicho grupo —incluido Maduro— “abusaron del pueblo venezolano y corrompieron las instituciones legítimas de Venezuela, incluidas partes del ejército, el aparato de inteligencia, la legislatura y el poder judicial,”.

“El Cartel de Los Soles buscaba no solo enriquecer a sus miembros y aumentar su poder, sino también ‘inundar’ a Estados Unidos con cocaína e infligir los efectos nocivos y adictivos de la droga a los usuarios”, se recalca en el texto.

Asimismo, se lee en el escrito de 2020 que Luciano Marín Arango y Seuxis Paucis Hernández Solarte eran líderes de la FARC que, a partir de 1999 aproximadamente, “acordaron con los líderes del Cartel de Los Soles trasladar algunas de las operaciones de las FARC a Venezuela, bajo la protección del Cartel”.

Desde ese entonces, según la acusación estadounidense, “las FARC y el Cartel de Los Soles enviaron cocaína procesada desde Venezuela a los Estados Unidos a través de puntos de transbordo en el Caribe y América Central, como Honduras”.

“Los envíos marítimos se enviaban hacia el norte desde la costa venezolana utilizando lanchas rápidas, barcos pesqueros y buques portacontenedores”.

Los aéreos, por otro lado, “a menudo se enviaban desde pistas de aterrizaje clandestinas, generalmente hechas de tierra o pasto, concentradas en el estado de Apure”.

Según los datos del Departamento de Estado del país norteamericano, alrededor de 75 vuelos no autorizados sospechosos de actividades de narcotráfico entraron al espacio aéreo hondureño solo en 2010.

Para ello, se afirma, utilizaron “lo que se conoce como la ruta de la cocaína del ‘puente aéreo’ entre Venezuela y Honduras”.

“En su papel de líder del Cartel de Los Soles, Maduro Moros negoció envíos de varias toneladas de cocaína producida por las FARC; ordenó que el Cartel de Los Soles proporcionara armas de grado militar a las FARC; coordinó asuntos exteriores con Honduras y otros países para facilitar el tráfico de drogas a gran escala; y solicitó asistencia de la dirigencia de las FARC para entrenar a un grupo de milicianos no autorizados que funcionaba, en esencia, como una unidad de las fuerzas armadas para el Cartel de Los Soles”.

El comunicado compartido en marzo de 2020 también acusa que Padrino López “conspiró con otros para distribuir cocaína a bordo de una aeronave registrada en Estados Unidos”.

El académico de la UNAB sugirió que el hecho de que Estados Unidos haya aumentado la recompensa por Maduro y su cúpula más cercana —el mismo día de la investidura— es una forma de presionar internacionalmente y “colocar en alerta a todos quienes lo apoyan o legitiman” su permanencia en el poder.

Comenta que es probable que Estados Unidos esté “apostando a que haya sectores del chavismo que se quiebren”.

“Recordemos que Venezuela tiene un ejército que no es tan grande como el de Estados Unidos y posee unos 2.000 generales. Es una cantidad increíble. El de Estados Unidos, que es el más grande del mundo, tiene alrededor de 900″, afirma Pérez a La Tercera.

“Maduro ha tenido que ir apostando a mantener lealtades con parte del ejército, pero también al tener más generales, tiene más posibilidad de fragmentación. Y esos generales están a cargo de tropas, de subalternos”.

En este sentido, el académico sugiere que podría ocurrir que parte de esos uniformados comiencen “ni siquiera a cuestionar la lealtad a Maduro”, sino que ceder ante ciertas presiones.

Pérez hace la analogía de que es probable que varios efectivos estén “bailando la música de fondo que pone Maduro”, debido a aristas como el temor a sufrir represalias.

“Hay un factor sensitivo importante que no se toma en cuenta y tiene que ver con el miedo, el temor a la represión política que existe. Ahí está el centro de detención político más grande de América Latina, la cárcel de El Helicoide”.

“Entonces, creo que Estados Unidos está jugando a que uno de estos se deslice, que se sienta amedrentado tal vez por las sanciones internacionales, que quiera negociar quizás por separado algún tipo de impunidad o de baja de sanción cuando venga la caída, si es que viene”.

Junto con ello, el académico dice que hay que considerar que “se vienen tiempos de cambio” a nivel mundial.

En gran parte, porque el presidente electo estadounidense, Donald Trump, asumirá su segundo mandato el próximo 20 de enero.

“Hay incertidumbre sobre cuáles van a ser efectivamente las políticas internacionales que va a asumir y si va a cumplir con todo lo que ha dicho.”

“Trump ha tenido una política, al menos verbal, muy agresiva en temas geopolíticos y estratégicos, tanto en cuanto a América Latina como a Europa y en general, aunque China es como su rival a vencer y hacia allá apunta su discurso”.

Tras su cuestionada investidura presidencial, Maduro advirtió que está preparado para “tomar las armas” junto a Nicaragua y Cuba ante una eventual intervención extranjera.

“Esas no son cosas gratuitas”, afirma Pérez sobre tales declaraciones. “Hay un simbolismo detrás”.

Bajo esta línea, sentencia: “Está complicado. Yo creo que Estados Unidos y también la oposición venezolana están apostando a que haya una división interna en el chavismo”.