“Idiota, imbécil y débil mental”: los términos discriminatorios del gobierno de Milei para referirse a discapacitados

Con duros y obsoletos términos, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) del gobierno de Javier Milei, en Argentina, publicó el anexo de un decreto que dibuja los lineamientos para el otorgamiento de asignaciones estatales a las personas con discapacidad que no pueden trabajar.

Según explicaron desde el medio argentino La Nación, lo que busca esta agencia es marcar los límites de la norma para evitar el fraude: es decir, que no existan personas que fingen una discapacidad para poder recibir dinero del Estado.

Pero en el Anexo I de la “Normativa para la evaluación médica de invalidez para las pensiones no contributivas por invalidez laboral”, las autoridades se refieren con términos discriminatorios a las personas con discapacidades, además de poner más “trabas” para recibir el beneficio.

Esto es lo que dice el documento.

En la resolución que publicó la ANDis, se establece que las personas que quieren recibir dinero estatal por invalidez laboral, deben ser “evaluados” bajo criterios médicos establecidos en el Anexo I del Decreto 843/2024.

“El objetivo es determinar la pertinencia del otorgamiento del beneficio por constatar incapacidad total y permanente”, se lee en el documento.

Primero, solicitan contar con un certificado médico oficial, resumen de historia clínica y estudios complementarios o interconsultas que aporten a acreditar la condición de la persona.

El anexo después habla de los lineamientos de enfermedades específicas, como las de la piel, huesos, respiratorias, cardiovasculares, etc.

No obstante, cuando comienzan a escribir sobre psiquiatría, el documento se refiere a este tipo de discapacidad como “retardos mentales”.

“Se trata de un déficit en el crecimiento mental y un trastorno cuantitativo caracterizado por escasez del desarrollo intelectual, afectivo y cognitivo-práxico”, explican sobre esta condición.

Después, hacen una clasificación de la capacidad, según el coeficiente intelectual (CI) utilizando términos discriminatorios y completamente obsoletos: “Idiota”, “imbécil”, “débil mental profundo”, “débil mental moderado” y “débil mental leve”.

Esto es lo que está escrito en el anexo, que se puede revisar ingresando aquí, y haciendo click en el botón del Anexo - 1 en la parte inferior de la página.

Esta es la clasificación que se hace en el anexo, según coeficiente intelectual:

• 0-30 (idiota): no atravesó la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero, no controla esfínteres, no atiende sus necesidades básicas, no puede subsistir solo.
• 30-50 (imbécil): no lee ni escribe, atiende sus necesidades elementales, pueden realizar tareas rudimentarias.
• 50-60 (débil mental profundo): solo firma, tiene vocabulario simple, no maneja el dinero, puede realizar tareas rudimentarias.
• 60-70 (débil mental moderado): lee, escribe, realiza operaciones simples, conoce el dinero, puede realizar trabajos de escasa exigencia intelectual.
• 70-90 (débil mental leve): cursó primaria y a veces secundaria, puede realizar tareas de mayor envergadura.
• Fronterizos: los que tienen CI cercano al normal.

“Le corresponde pensión a los que presentan debilidad mental profunda o mayor. Pero como ejemplo de la complejidad que amerita evaluación particular ya que no encuadran en los mismos”, informa el anexo.

Continúan: “Los débiles mentales fronterizos, leves y moderados tendrán derechos de pensión cuando no hayan desarrollado sus disponibilidades básicas ni realizado nunca tareas remunerativas, como así también los que tengan debilidad mental disarmónica, cuyos trastornos de personalidad obstaculicen su comportamiento social y aptitud laboral”.

Según informó La Nación, al menos siete organizaciones de personas con discapacidad, lideradas por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), presentaron un reclamo al Ejecutivo argentino para derogar la normativa.

Eduardo Quiroga, abogado del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de la ACIJ, manifestó que “las expresiones que usa la normativa refuerzan la discriminación que ha existido históricamente y aún existe para las personas con discapacidad”.

“Son términos obsoletos y peyorativos que implican una violación directa a la Convención, que en el artículo 8 establece el deber de los Estados de adoptar todas las medidas para fomentar el respeto y dignidad de las personas, luchar contra prejuicios y estereotipos”.

Continuó: “Usar estos términos es contrario a los deberes que establece este artículo en cuanto a la lucha contra la discriminación”.

Además, Gabriela Troiano, presidenta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), acusó que el uso de estos términos es un “acto de violencia institucional sin precedentes”.

“(...) Muestra un profundo desconocimiento de las personas con discapacidad y de la normativa vigente en la Argentina sobre cómo referirse a ellas. Hablar en términos tan peyorativos que denostan a la otra persona es una terminología muy violenta. Si ya está escrito en una norma, es grave”.