La deuda que amenaza el legado medioambiental de Bachelet

"Lo que hemos hecho en medioambiente me tiene súper orgullosa. En todo el mundo nos reconocen como el país que más ha hecho en parques nacionales y protección de océanos", dijo la entonces Presidenta Miche-lle Bachelet a Mario Kreutzberger en una entrevista en el programa Las Caras de La Moneda.

A cinco días de dejar el cargo, la Jefa de Estado abordó así uno de los temas clave de su administración: la protección de áreas silvestres y marinas. Con más de 4,5 millones de ha terrestres resguardadas y otros 1.318 km² de áreas marítimas protegidas, Bachelet se transformó en la Mandataria que más avanzó en el resguardo del patrimonio natural.

Sin embargo, no todo son buenas noticias. Desde las organizaciones ambientalistas, y desde el propio gobierno saliente, reconocen que si bien los decretos firmados por Bachelet son un importante avance, carecen de un financiamiento adecuado que los acompañe. Más aún: en el presupuesto 2018 el aporte estatal al resguardo de áreas silvestre protegidas cae en 7,9%. Si en 2017 se destinaron $ 8.605 millones a esta materia, este año el monto bajó a $ 7.920 millones, pese al aumento de la extensión territorial.

Una cifra que para la labor que realiza la Corporación Nacional Forestal (Conaf), responsable de la conservación de estas zonas, apenas permite contratar nuevos guardabosques, indumentarias o hacer senderos para controlar el acceso. La mayor parte de la operación se autofinancia con la venta de entradas a los parques.

En el caso de las áreas marinas el asunto es más urgente, su cuidado está en manos de la Subsecretaría de Pesca, que no tiene nuevas herramientas para protegerlas. Los informes del gobierno estiman una brecha de financiamiento de un 97%.

Un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y The Nature Conservacy, de 2010, analizó la disponibilidad de fondos estatales para el cuidado de las áreas protegidas. ¿Resultado? Chile ocupó el lugar 17 de 20 países de la región, tras constatar que el país invierte US$ 0,6 (casi $ 360) por cada hectárea protegida. En contraste, países como El Salvador y Costa Rica destinan US$ 39,3 y US$ 16,4, respectivamente.

Para crear la red de parques fue clave la entrega de 407.625 hectáreas por parte de Tompkins Conservation, fundación creada por el fallecido empresario Douglas Tompkins y su esposa, Kristine McDivitt, quien se comprometió a apoyar la mantención de los parques hasta 2020. La red quedó conformada -entre Los Lagos, Aysén y Magallanes- por los parques Pumalín, Melimoyu, Hornopirén, Corcovado, Isla Magdalena, Cerro Castillo, Patagonia y Alacalufes.

Flavia Liberona, directora de la Fundación Terram, asegura que en este momento "el aporte del Estado no alcanza para cubrir el sueldo de los trabajadores" a cargo de custodiar las áreas protegidas. "Necesitamos más aporte estatal que garantice ciertos pisos. No significa que el Estado tenga que financiar todas las áreas protegidas, pero sí que garantice el sueldo, un número de trabajadores y la renovación del equipamiento. Tendríamos que buscar financiamiento por otros lados, como la asociación con privados", dice Liberona.

La forma en que el Estado financiará la mantención de los terrenos donados por la Fundación Tompkins es un tema que siguen de cerca, debido al alto costo que tendría la conservación de esas áreas, ya que para mantener el estándar del fallecido ecologista se requieren unos $ 12 mil millones en los próximos 10 años.

Envuelta en una bandera multicolor y utilizando una corona de flores amarillas, Bachelet anunciaba desde Rapa Nui, en noviembre de 2017, la creación de nuevas áreas marinas protegidas en la isla. La medida contemplaba resguardar más de 700 km² de mar, que se sumaban a otros 20 mil kilómetros ya protegidos en Juan Fernández, Desventuradas y Canales y Fiordos. Así, el gobierno saliente creó 14 áreas marinas.

Pero Alejandra Figueroa, quien lideró la División de Recursos Naturales del Ministerio del Medio Ambiente, admite que en la protección del territorio marino "no hay un financiamiento", aun cuando en los cuatro años de gobierno esta superficie bajo protección oficial pasó de un 4,3% a un 42,4%.

Pese a esto, Figueroa asegura que "la gestión de las áreas protegidas y su creación son una oportunidad. En general, en los países las oportunidades de conservar son las que siempre tienen que estar adelante respecto de si hay o no financiamiento". A la fecha no todos los parques y reservas marinas son de fácil acceso al público, por lo que hay tiempo para conseguir recursos. En el gobierno anterior confiaban en renovar la institucionalidad ambiental, con la aprobación de un proyecto de ley que se tramita desde 2014 para crear el "Servicio de Biodiversidad y Áreas protegidas", que busca cubrir los vacíos de gestión y financiamiento.

Sobre este tema la nueva ministra del Medio Ambiente, Marcela Cubillos, señaló a La Tercera que "esto más que un problema nos plantea un tremendo desafío país de hacernos cargo de nuestra biodiversidad y en ello vamos a poner el foco. Una vez declarada el área comienza una segunda fase, que consiste en la elaboración de planes de manejo y finalmente lo que debe trabajarse es la estructura de financiamiento".

Ya en junio de 2016 llegó a manos del gobierno y del Ministerio de Medio Ambiente un informe financiero y operacional del proyecto sobre Creación de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que alertaba que en "el caso de las áreas marinas protegidas (parques marinos, reservas marinas y áreas marinas costeras), el financiamiento actual (estimado en unos $ 180 millones al año) debe aumentar casi 34 veces para alcanzar un nivel de financiamiento óptimo (estimado en unos $ 6.056 millones al año), lo que representa una brecha de financiamiento de un 97%", detalla el informe.

Según otro estudio sobre áreas protegidas, marinas y terrestres, publicado en enero en la Revista Chilena de Historia Natural, de las 165 zonas con algún grado de protección en el país, catastradas hasta 2017, solo 16 contaban con un plan efectivo de gestión.

La investigación, en que trabajó Carlos Gaymer, académico del Departamento de Biología Marina de la U. Católica del Norte, detectó que 84 de las 145 áreas terrestres y cinco de las 20 marinas contaban con algún plan de manejo, pero al pasarlos por el filtro de su efectividad, que incluyen antigüedad y parámetros de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), solo 16 de las zonas terrestres protegidas pasan la prueba y ninguna a nivel marino. Y el 64% de los planes tenía más de 10 años de antigüedad.